#AsuntosPúblicos: AL LÍMITE

+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz

Zona Centro

Eduardo Coronel Chiu - 2015-06-29

No demora en ser aprobado por el Congreso local el nuevo Código Electoral para el estado y más vale que ya salga, antes de que pasen los tiempos y su producto pudiera declararse inconstitucional.

A pesar de la anticipación con que se conoció debían adaptarse las normas locales a la reforma constitucional a nivel federal y a las nuevas leyes secundarias, completadas en mayo del año pasado; aquí se dejó correr el tiempo. Y aunque al principio equivocadamente se intentó poner los bueyes delante de la carreta, mandaron una iniciativa de código electoral, el mamomtretro Andrade, antes de que una reforma a la constitución; después se corrigió el procedimiento; y si bien retomaron la homologación constitucional, que culminó en febrero pasado, el foco del desplazó al ajuste del periodo para el gobernador siguiente, a dos años, y de paso, a eternizar a el procurador de justicia, elevándolo al Fiscal general ”autónomo” por nueve años.

Y ha sido hasta la semana pasada, al cuarto para las 12, cuando se retomó el tema del Código Electoral para el estado.

Cada referir que debido al centralismo legislativo que condiciona el proceso, las directrices institucionales y normativas están determinadas en su mayor parte, tanto por la reforma a la constitución como por lo dispuesto en las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, respectivamente.

Por ello, es relativamente estrecho el margen de discrecionalidad, los contornos son de copia y pega de la normatividad federal; pero con todo, en los debates de las comisiones legislativas, según trascendió este fin de semana, afloraban desacuerdos partidistas; habían comenzado los chillidos genéricos de supuestas violaciones aunque no se había entrado al detalle de su contenido.

EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Mientras concluyen los debates partidistas en el Congreso, que no se duda abran de superarse, ya sea por la razón o por el número de votos, el tiempo para probar el Código Electoral se les viene encima.

El principal riesgo es el candado para reformas electorales establecido en el artículo 105, inciso G, penúltimo párrafo de la Constitución de la República. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales.

Como se observa, el punto clave para el conteo de los 90 días en el momento de inicio del proceso electoral de Veracruz. Si se estuviera a la analogía con el calendario del Congreso General del Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso electoral comenzaría en la primera semana de septiembre y, de ser así, se les habría dormido el gallo y no le sonó la alarma. Sin embargo, la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), indica una fecha límite para que los consejos locales electorales (Oples), aquí el IEV, inicia sesiones de un proceso electoral. ”Los consejeros locales iniciarán sus sesiones a más tardar el 30 de septiembre del año anterior al de la elección ordinaria”. Conforme a este plazo, este martes, es decir, mañana, debería estar promulgado y publicado el nuevo código electoral.

La iniciativa de Cólico Electoral es contradictoria con el Legipe, que en los puntos que define es de superior jerarquía al local. En su artículo 169 propuesto se dispone que ”el proceso electoral ordinario iniciaría con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) celebra en los primeros diez días del mes de octubre del año previo de la elección“. El lapso mencionado comenzaría el día 1, es decir, al día siguiente del estipulado en la legislación federal. El día límite de promulgación –controvertido por contrariar al federal- será este miércoles.

En cualquiera de los supuestos –los dos últimos- ya las agarraron las carreras.

DESCOBIJAN A MAGISTRADOS ELECTORALES

Se ve que le metieron mano a la iniciativa de Código Electoral, cuando menos a ciertos artículos transitorios, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa, el presidente y su gurú grillo Eduardo Andrade, visitador que no visita juzgados sino únicamente hace visitas palaciegas.

Como es sabido, el órgano jurisdiccional en materia electoral para los estados, por efecto de la reforma a la Constitución federal, se desvincula del Poder Judicial de las entidades federativas, a la que está adscrito. Los magistrados lectorales serán nombrados por el Senado, debiendo permanecer en funciones los actuales hasta que se produzcan los nuevos nombramientos.

La transición revela componentes mezquinos comunes a la forma de actuar del magistrado Sosa. Aunque reconocen que los servidores públicos del actual Tribunal Electoral seguirán perteneciendo al Poder Judicial, una vez que el autónomo se integre no extiende este beneficio a los actuales magistrados, A quienes explícitamente se exceptúan de ser considerados miembros del Poder Judicial del Estado.

Dado que los tres magistrados electorales, Daniel Ruiz, Gregorio Valerio y José Álvarez Montero, procedente del Poder Judicial del Estado, donde con atención habían recibido nombramiento de magistrados, el primero en la etapa de los llamados inamovibles y los segundos en extensión, al ser nombrados magistrados electorales tenderían todos la condición de magistrados permanentes (e inamovibles) del poder judicial del Estado. Negárselo desde los transitorios del Código Electoral se ve como una artimaña de Sosa/Andrade para cerrarles el paso de regreso al Poder Judicial, obligarlos a litigar, pero no hacerles la vida sencilla en ni adoptar las medidas legales procedentes, sino enredar la pita, por mentalidad y temperamentos tortuosos.

Por otro, lado, igual le regatean al nuevo Tribunal Electoral los bienes muebles e inmuebles. Los que ahora tiene asignados el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado ”seguirán siendo propiedad del Poder Judicial del Estado y serán administrados por el Consejo de la Judicatura”. No resulta difícil de identificar de dónde procede la mezquindad.

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