#AsuntosPúblicos: TREGUA DE TRÁNSITO

La espada multadora de Bermúdez penderá sobre automovilistas y peatones bajo promesa de no dejarla caer aún hasta dentro de mes y medio; pero no se retractan del controvertido reglamento de tránsito, se extendido y no pocas veces extravagante catálogo de infracciones, ni de sus excesivas tarifas de multas.

Las protestas en varias ciudades del estado como reacción al reglamento de tránsito y seguridad vial (aprobado a mediados del pasado y su mini reforma encubierta como fe de erratas, hecha unos días después), intensificadas la semana pasada y expresadas aún ayer algo consiguieron, pero no es suficiente.

Aplazar la aplicación del reglamento es un indicador de cierta sensibilidad al descontento social, pero no se advierte por ahora que pretendan ratificar, sino más bien se trataría de esperar un mejor momento para hacerlo.

En sus declaraciones se muestran convencidos de que el reglamento de social y jurídicamente válidos y justificado, incluyendo los montos de las multas que estiman son ”proporcionales a la gravedad de la falta” y que se encuentran ”dentro del promedio nacional”, lo cual debería ser un tema de discusión y de verificación comparativa de reglamento de tránsito del país.

La prórroga de mes y medio otorgada por Bermúdez servirá, según él, para que la Secretaría de Seguridad Pública de a conocer el reglamento y, como si entrenara, llevará acabo promociones y amonestaciones verbales sin infracción a los automovilistas y transporte público.

REVISAR EL REGLAMENTO

Más que para divulgar o difundir el contenido del reglamento, el periodo de aplazamiento debería de ocuparse en convocar a representantes sociales y expertos para examinarlo críticamente; que se verifique exhaustivamente la procedencia del tipo de infracciones –desde luego que hay un grupo totalmente justificados, pero no todos, como las previstas a peatones- y sobre todo, que se propongan ajustes al exagerado monto de las multas.

Casi todas las multas previstas son o graves o muy graves; y hasta las leves son carísimas, van de 10 a 25 salarios, de 682 a 1,707 pesos; las graves de 26 a 40 salarios, las muy graves de 41 a 80 y las especiales de 81 a 500 salarios mínimos.

Las muy graves pueden ascender al 5 mil 500 pesos y las ”especiales” hasta 34 mil 100 peos. El encarecimiento puede verse en la comparación con la sanción del reglamento derogado, donde la mínima era de un salario mínimo (68) y la máxima 20 (1,360 pesos).

Por otro lado, no deja de ser riesgoso haber establecido como sanciones el arresto administrativo inconmutable hasta por 36 horas; aunque previsto para ciertos casos, por manejar en estado de ebriedad, pero también por desacato a la autoridad, estas infracciones deben de asociarse a un protocolo de actuación y a un perfil de servidores públicos que garantice los derechos de los detenidos, a fin de evitar abusos de la policía vial. ¿Alguien cree que la policía vial es confiable?

BERMÚDEZ Y LA VACATIO LEGIS

Es un mero tecnicismo, ni remotamente queremos que apliquen el reglamento de Tránsito y Seguridad Vial, no en la forma y los montos que está ahora, pero se hace notar que el Secretario de Seguridad Pública, el director General de Tránsito o el oficial de calle de la corporación vial carecen de facultades para no aplicar el reglamento. Están obligados a aplicarlo, ya que así lo dispone el mandato del reglamento, que inició su vigencia al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 16 de junio pasado. Ninguno de los artículos transitorios contiene alguna previsión para aplazar su vigencia; hay algunos plazos pero por motivos especiales (90 días para poseedores de vehículos en materia de verificación de contaminantes), o contar con póliza de responsabilidad civil; o para propietarios de escuelas de manejo (60 días) y un plazo igual para expedir un reglamento relativo a los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos. Nada que faculte al general Mojaesta Arma a disponer de una vacatio legis como acto de gracias y majestad.

El reglamento es vigente y nada les autoriza a dejar de aplicarlo unilateralmente; la omisión, estrictamente, es un incumplimiento del deber, pero tampoco se quiere que lo aplique –pero que al menos se percaten de que aplicar la ley y el reglamento no está a su arbitrio. Es una simple cuestión de legalidad y estado de derecho.

¿Publicarán otra Fe de Erratas en la Gaceta?

Otro aspecto que sorprende es de orden político. La falta de conciencia del costo político de imponer esos gravámenes a la población de Veracruz.