+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2015-07-09
Con la toma de protesta de José Rubén Mendoza Hernández como consejero del Instituto Veracruzano Acceso a la Información (IVAI) ayer en el Congreso local, se consumó la doble burla –a la ley y a los veracruzanos- por la violación de procedimiento, tanto en la propuesta del gobernador como en el nombramiento del Congreso del Estado, en una serie de actos turbios para ocultar y soslayar ese personaje y era ilegible debido a su participación como Secretario de Acción Electoral del Comité directivo Estatal del PRI, y por tanto un dirigente partidista, en contravención al artículo 41, tracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
De nada sirvió que se exhibirá la ilegalidad e incongruencia del nombramiento, hecho que cualquiera puede corroborar; es una salida torpe y falsa pretender una lectura literal del término dirigente partidista, alegando que Mendoza ”no era presidente en el PRI”, cuando conforme a los mismos estatutos de ese partido, al secretario de elecciones, al igual que a todos los integrantes del primer nivel del organigrama se les define como dirigentes partidistas (ver artículo 23, fracción IV, 64 fracción XI, I 121 fracción IV, estatutos del PRI).
El tibio indicio de rectificación, expresado por uno de los diputados del PRI, de la Comisión de Transparencia, no pasó a más, luego de algunas protestas de diputados de oposición en la opinión pública; ya no le movieron, evidencia de que el interés del grupo en el poder era superior a cualquier intento de pulcritud política y legal.
La carta de protesta iniciada en una página web no pudo generar una corriente importante de respaldo; muestra de la distancia ciudadana a los asuntos de la transparencia y la rendición de cuentas, infra conciencia que facilitan los abusos del poder. Además de que el mecanismo de la carta de protesta en red no tiene una garantía de eficacia de acción; por ejemplo, no sirvieron para detener los nombramientos de Areli González como Procuradora General de la República (PGR) y de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, pero sí para retirar el Hay Festival de Xalapa o suspender el trámite del doctorado Honoris Causa en la UV para Jacobo Zabludovsky, signos de que los efectos dependen más de la sensibilidad e interés de los destinatarios de los comunicados que del número de abajo firmantes en línea.
Vista la ineficacia en la protesta en redes, ha surgido otro grupo que busca anular el nombramiento por la vía judicial, se ha sabido de representantes de organizaciones que presentará una demanda de juicio de amparo, basada en tesis de jurisprudencia que conceden la procedencia de esta acción por actos emitidos por los congresos locales en actos no fundados ni motivados del nombramiento de servidores públicos. Ya se verá si lo presentan y si el Poder Judicial Federal puede redimir a los burlados.
MOVIMIENTO DE PROTECCIÓN TRANSEXENAL
En el menosprecio a la legalidad y a la cultura de la transparencia se traslucen motivos políticos, una combinación de reparto del botín –spoil system- con la creación de una barrera para contener y ocultar, aún después de la entrega del poder.
El modo burdo y autoritario de imponer algún dirigente del PRI como consejero del IVAI se suma a la previa designación de Yoli García, ex magistrada del Trife, ambos recomendados de Gabriel Deantes, actual secretario del Trabajo, ex oficial mayor de la SEV y subsecretario de Finanzas, pero más que nada, operador político-electoral del gobierno, que también controla el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), enriquecido evidentemente bajo sospecha de hacerlo de forma ilícita.
Por otro lado, el tercero de los consejeros, Fernando Aguilera de Hombre, es contralor por el fiscal, Luis Ángel Bravo. Pobre IVAI.
En la estrategia defensiva para cuando hayan dejado el poder, se ubica también la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General del Estado, autónoma, y la permanencia de Luis Ángel Bravo por nueve años, si es que el próximo gobierno lo tolera y no le aplica la receta Herrán Salvatti.
El mismo motivo se observa en el desesperado intento de mantener un control en el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) por medio del evidente truco de nombrar en el actual Congreso de híper mayoría del PRI al Secretario Ejecutivo de ese organismo, introducido en el Código Electoral; una intromisión a contra corriente con la reforma político-electoral que buscó suprimir la injerencia de los gobernadores y legislaturas en los nombramientos de los integrantes de los órganos electorales locales. Quieren nombrar al Secretario Ejecutivo por seis años y, además, reelegible. Esa parte del código es de las que serán impugnadas mediante acción de inconstitucionalidad por varios partidos políticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el pronóstico es que se caerá, aunque ahora lo estén celebrando.