#AsuntosPúblicos: DECLARA DUARTE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DF

No hay que confundirse con la comparecencia del Gobernador Javier Duarte ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, diligencia verificada ayer en Xalapa en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, pero conducida por funcionarios del gobierno perredista de Miguel Mancera, en relación con los crímenes de la Narvarte, donde mataron al foto reportero Rubén Espinoza y al activista Nadia Vera, además de otras tres mujeres.

De acuerdo con la información existente inverificable, participo el gobernador Duarte en calidad de testigo, no como sospechoso o indiciado, suponer esta última hipótesis es erróneo, afírmala falso. Si se revisa el marco legal se encuentra que el gobernador acudió de manera voluntaria y cooperativa en la investigación; y más aún, podría haberse rehusado y no habría pasado nada; como gobernador del estado goza de la protección constitucional, el fuero, previsto para los funcionarios de la federación y estados, por el cual no se puede proceder penalmente en su contra, sin previo desafuero o declaración de procedencia; y del mismo modo, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo exceptúa de ser citado por un juez o por el ministerio público.

Es comprobable, por ello, que el Gobernador Javier Duarte de motu propio –y por su cálculo político -renunció a su privilegio procesal y convino con el jefe de gobierno del DF comparecer como testigo, en recepción especial, y responder en la sede de la Fiscalía del Estado al cuestionario de la procuraduría del DF, y también al que agregó la recalcitrante organización civil de la defensa de la libertad de prensa, artículo 19, de flamígero dedo acusador de autoridades, que actúa como coadyuvante en representación de familiares de las víctimas.

Papel el toro es inocente

Según el informe de la PGJDF el gobernador respondió en su totalidad ambos cuestionarios; cerrando así subcapítulo ministerial. El contenido de la declaración seguramente se corresponde con los argumentos que presentó desde el lunes en conferencia de prensa, reiteraría aplicada en diversas entrevistas que concedió para establecer su deslinde del crimen múltiple de la colonia Narvarte el pasado 31 de julio.

Al referir el resultado de la diligencia, Duarte sostuvo además: ”así como no creo en el fuero, tampoco creo en los linchamientos públicos que lejos de crear valores, alejan de la verdad y encubren los verdaderos culpables”.

Los antecedentes en Veracruz de Rubén Espinoza y Nadia Vera, su activismo en protestas sociales, así como las supuestas amenazas recibidas que los llevaron a irse a la Ciudad de México, no es causa suficiente para responsabilizar al Gobierno del Estado de su homicidio. Menos cuando la Procuraduría del DF, con base en la investigación policiaca, tiene el caso armando como homicidio, feminicidios y robo en pandilla, ya capturaron a uno de los asesinos –identificado en un video y con su huellas digitales en la escena del crimen -los consignaron ante el juez, y andan tras la pista de los otros dos homicidas.

Pero Mancera recibe el costo político del crimen, aunque en cierto plano, la fanaticada y el golpeteo político se haya proyectado inicialmente sobre el gobernador Duarte; el delito se cometió en territorio de aquel y por tanto es de su competencia resolverlo, aprehender a los homicidas, someterlos a juicio y procurar su castigo; se entiende que Mancera, político de izquierda, perredista, trata de apaciguar las presiones de los organismos civiles que exigen no se excluya la línea de investigación relacionada con las actividades de periodismo de activismo de las dos víctimas mencionadas.

Lo cierto es que el caso está esclarecido; no tiene móvil político ni relación con la libertad de expresión o de manifestación; pero si no se integra al expediente esa línea, aunque en las conclusiones se descarté por qué las evidencias impongan otros motivos, con los activistas no se la acaba Mancera; y más que dice ser de izquierda y tiene ambiciones políticas. De cualquier forma, el cuete tronó allá. Es de Mancera.

No es como la pintan

Salió por la puerta de atrás pero bien cargad@.

Flavio Ríos, tan pronto llegó a la Secretaría de Gobierno los cesó, pues ya sabía de las corruptelas de Manuel de León Manza en la Dirección de Administración, donde se sentía inamovible.

Se le acabo el proteccionismo que recibió de Gerardo Buganza (y en breve lapso de Erick Lagos). La manga ancha en operaciones administrativas, manejo de plazas, pago de nómina y compensaciones, compras y contrataciones de servicios, fuentes de lucro, moches y comisiones, a la que correspondía a su superior jerárquico con la tarjeta.

Se sabe acumuló una gran fortuna, especialmente en bienes inmuebles, residencias y terrenos, Obviamente de valor desproporcionado a sus ingresos legales como servidor público. Se recuerda, en su segunda etapa en Veracruz, llegó en bancarrota, ya sé había consumido, dicen, por su vida de despilfarro y disipación, la primera fortuna que hizo como director del IPE en tiempos de Patricio Chirinos (1992-1997). Lo rescató Salvador Mikel, su ex compañero de gabinete, cuando el entonces gobernador Fidel Herrera designó a este Procurador de Justicia en julio de 2008. Ahí se le conocía como La Tragona –por la expresión que usaba para adjudicarse en su beneficio los recursos presupuestarios o de la institución, ”esa me la trago”. Y de ahí en adelante. En dos años del gobierno de Fidel y casi 5 de Duarte, Manuel de León se hinchó y no sólo corporalmente. Tras su despido, no se sabe que se haya ido con su bronco; se ha hecho ojo de hormigón, dicen esta escondido, esperando que su hermana asuma el cargo de diputada federal por Pánuco; para que lo proteja.

No es por cierto el único caso de los directores administrativos u oficiales mayores enriquecidos en el Gobierno del Estado; hay otros que hacen fiestas fastuosas y han adquirido un estilo de vida de opulencia. La segunda línea de gobierno también rinde frutos.