#AsuntosPúblicos: PROCURADORES DE JUSTICIA

Como tema tendencia del momento o trending topinc, los crímenes de la Narvarte se metieron en la Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia del País celebrada ayer en la Ciudad de México.

Tanto el presidente Enrique Peña Nieto, que inauguró la reunión, como el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, anfitrión del evento, abordaron el asunto.

Y siguieron soltando la cuerda, presionados por un pequeño grupo de la opinión pública nacional y algunos globales –poco, pero visible en ciertos medios intelectuales e informativos-, que intentan cuadrar el condenable homicidio múltiple con agresiones de estado a periodistas y defensores de derechos humanos, no obstante que todas las evidencias de la investigación apuntan a delincuencia organizada o narcomenudeo.

En su primer abordaje público del tema (ante un caso tan relevante y sonando de un multihomicidio) el presidente Peña no se salió del carril; afirmó que los encargados de la Procuraduría de Justicia deben lograr la detención de los responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, y refirió las instrucciones a la Segob para fortalecer el mecanismo de protección a estas personas, el acuerdo que dio a conocer el día anterior el subsecretario de gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Por su parte, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, que es el responsable de la solución del caso, la detención de los responsables y su consignación para aplicación de la ley penal, siguió dando largas y abriendo todas puertas para no contrariar a las organizaciones que pretenden sesgar el móvil del homicidio con las causas liberarías del bien colectivo y la represión de estado.

Como aquel que no se atreve a decir la verdad y opta por las mentiras piadosas, el desvío o aplazamiento de inevitable confrontación con los hechos, ambos políticos, sumamente correctos, eluden sostener en forma categórica que los homicidios de los que resultaron víctimas el foto reportero Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera, y otras tres mujeres, nada tuvo que ver con la libertad de expresión y los derechos humanos.

El trámite en Veracruz

A ver que va hacer Mancera ahora que ya se agotaron las diligencias de tomar declaraciones como testigos a funcionarios del Gobierno del Estado en la investigación de los crímenes de la Narvarte.

Ayer compareció a la Fiscalía del Estado, que en cooperación funge como órgano receptor del testimonio, dado que la autoridad del DF, carecen de jurisdicción para actuar directamente en el territorio de Veracruz, el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y también el General Sergio López Esquer, este último requerido de manera insólita y extravagante, ya que dejó el cargo de titular de seguridad desde julio de 2011, no se entiende que tendría que ver con el caso. El día anterior rindieron su testimonio integrantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), la presidenta Benita González Morales y la Secretaría Ejecutiva, Namiko Matzumoto, quienes acreditaron que ofrecieron el mecanismo de protección a Rubén Espinosa, pero éste lo rehusó debido a que prefería acogerse a la asistencia de la organización Artículo 19.

Se cierra el ciclo Veracruz, iniciando con la declaración del Gobernador Javier Duarte el pasado 10 de agosto, en la que se deslindó de manera personal y a su gobierno de los condenable crímenes que le compete aclarara al gobierno del Distrito Federal.

Ya no podrá Mancera seguir desviando la atención hacia Veracruz.

Denunciaste Orfis

Termina el proceso de fiscalización a las cuentas públicas del ejercicio 2013 y finalmente el órgano estatal que dirige Lorenzo Antonio Portilla denunció ante la Fiscalía del Estado a los servidores públicos que habrían causado daño patrimonial al erario público.

Agotadas todas las instancias de comprobación de impugnación y cumplida la tarea de fiscalización a cargo del Orfis, el monto total del daño asciende a poco más de 390 millones de pesos, el cual se causó a 14 entes públicos; otra vez las mayores irregularidades se cometieron en el fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, con 251.6 millones de pesos. El resto se distribuye en 13 ayuntamientos, donde siguen los clientes, de nuevo Xico con más de 40 millones, Lerdo de Tejada con 25 millones y Alvarado, todavía de la causa de Sarita –que sigue presa por domicilio- con 7 millones de pesos.

Con este paquete se termina la fiscalización de los ayuntamientos del pasado período constitucional, lo que sigue ya será por cuenta de las actuales administraciones, a ver cómo les va a éstas.