#AsuntosPúblicos: CRÍMENES DE LA NARVARTE, A UN MES

Aunque la vida de un periodista o activista, si nos asumimos igualitarios, tienen un valor equivalente al de cualquier persona, el valor jurídico tutelado por el estado democrático y constitucional de derecho es idéntico, en el mercado de las noticias, la protesta y los pronunciamientos políticos no parecen ser paritarios. Con todo, la efímera temporalidad de las noticias finalmente los iguala; unos y otros, tengan más libros y visibilidad, invariablemente son desplazados por los acontecimientos siguientes.

De los numerosos homicidios con dolo que se cometen en el país, baste un ejemplo: por los días en que ocurrieron los lamentables asesinatos de las cinco personas en el departamento de la calle Luz Savigñon en la Colonia Narvarte en la Ciudad de México, en una pulquería del estado de México hubo también un crimen múltiple, cuatro personas fueron acribilladas, pero a diferencia de aquel, éste apenas fue nota de interiores, para enseguida caer al olvido.

Los crímenes de la Narvarte, en cambio, tenían más carnita noticiosa y política; los signos de ejecución, la presencia de un foto reportero, Rubén Espinoza, y de una activista, Nadia Vera, ambos con antecedentes en Veracruz, donde supuestamente habrían sido amenazados por el Gobierno del Estado, detonaron un linchamiento inmediato a esta autoridad, responsabilizada por algunas organizaciones y por adversarios políticos en juicios sumarios, sin evidencia alguna.

Esta versión ha sido refutada por los hechos de la investigación, pero sus partidarios ya sea por un interés propio como las organizaciones que viven de la gestoría de derechos, el golpeteo de los grupos políticos, la buena fe e ingenuidad, persisten en sostener la teoría de la conspiración.

Un reciente ejemplo es el desplegado aparecido ayer en un medio impreso de la Ciudad de México; otro del corte de los abajo firmantes –ahora denominado #NoNosCallarán, patrocinado por Pen America, que presume de miles de adherentes a nivel global. Dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, si bien piden justicia y que se esclarezca el asesinato del fotógrafo Rubén Espinoza (y agregan, de las cuatro jóvenes que murieron con él, aunque la trabajadora doméstica no lo era), lo cual es legítimo, prejuzgada de que se trató de un crimen de estado y descalificarían de antemano la impartición de justicia, que obviamente no lo es.

Incurre en la evidente falacia de sostener que si un periodista muere por homicidio doloso necesariamente debe estar vinculado con su actividad laboral. Desde luego que esta línea debe investigarse, pero si son otras las que resultan probadas, no hay por qué cerrarse a la realidad.

Dos de tres, en proceso

La investigación ministerial a cargo de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha avanzado claramente en otra dirección; todo apunta a un caso delictivo motivado por cuestiones de droga y prostitución, en el que dos de las mujeres asesinadas –la colombiana Mile Virginia Marti y Yesenia Quiroz- habrían conocido y recibido en el departamento a los asesinos; la hipótesis se fundamenta en las evidencias de la escena del crimen, los testimonios, declaraciones y en el conjunto de pruebas periciales, incluido el video de los tres homicidas saliendo del departamento cargados de maletas, grabados por las cámaras de la ciudad. La ubicación de Rubén, como de Nadia, en la escena del crimen, se da de modo circunstancial, mientras que Rubén pasó la noche con Nadia y se siguió de largo, incluso se detalla que se retiró por la mañana con otro compañero de juerga, pero decidió regresar a seguirla con Nadia.

Dos de los presuntos homicidas –que aparecen en el video- ya han sido capturados; el primero, aprendido en la primera semana, Daniel Pacheco, con antecedentes penales de robo y violación, confeso de haber ido por sexo –dijo era una casa de citas el departamento-, pero no de los homicidas, quien identificó asuntos acompañantes; fue acusado de un homicidio, cuatro feminicidios y robo agravado en pandilla, el juez penal del Distrito Federal le dictó auto de formal prisión y por lo tanto está bajo la condición de procesado. Este domingo la procuraduría del Distrito Federal consiguió la segunda captura; el ex policía del Distrito Federal con antecedentes penales por tortura, Abraham Torres, señalado por Daniel Pacheco como el contacto que lo invito al departamento y quién tenía una relación ”sentimental” con la colombiana; lo que permitió que ingresaran al sitio del crimen. Se le adjudica a Abraham Torres la propiedad de la pistola utilizada para dar muerte a las cinco personas; su participación está acreditada con el arma, huellas digitales, su imagen en el video y el señalamiento de su cómplice.

Le corre el término para que la Procuraduría del DF lo consigne ante un juez y que éste determine su situación jurídica: por los trascendidos del expediente, sin duda que la Procuraduría lo imputará de los homicidios.

Aunque por protocolo la Procuraduría capitalina declara que no descartan ninguna línea de investigación, incluida la de posibles ataques a libertad de expresión o derechos humanos, y que por ello recibió declaraciones como testigos de funcionarios del estado de Veracruz, hasta el gobernador Javier Duarte, el caso apunta a la delincuencia común.

Se va cerrando el caso Narvarte. No tardando los abajo firmantes, demás últras, oportunistas y fantásticos tendrán que encontrar uno nuevo.