#AsuntosPúblicos: MENSAJES CRUZADOS UV-GOBIERNO DEL ESTADO

La rectora de la UV, la universidad pública del estado, Sara Ladrón de Guevara, ha emprendido unos meses para acá una campaña pública de cobranza al gobierno del Estado por los faltantes de subsidios presupuestales acumulados en varios ejercicios, reiteración que se intensificó esta semana con motivo de su Segundo Informe de Labores. Pero ya le pararon los tacos.

Es seguro que la UV no ha dejado de solicitar sus pagos a los funcionarios de la Sefiplan responsables de su liberación, pero en otra estrategia pasaron a la gestión externa, a la presión pública; en este terreno, Doña Sara no dudó en recurrir a un grupo plural de entonces diputados federales electos de Veracruz; de esa reunión trascendieron cifras que varios de ellos, adversarios del Gobierno del Estado, de inmediato utilizaron para golpeteo político.

Del mismo modo, en su mensaje de informe de actividades, la rectora aprovechó para sacar el tema de las finanzas y ante el Consejo Universitario expuso “con datos duros” las presuntas cuentas por cobrar.

Informó que ella en agosto de 2013 recibió una institución con problemas financieros; a esa fecha las cuentas por cobrar a falta de pago de los subsidios aprobados eran cerca de 900 millones de pesos; cifra que al mes pasado, dijo, se había incrementado a más del doble.

Para ella los subsidios son los recursos que la sociedad destina para asegurar la educación universitaria, sin los que se extinguía la universidad; y al requerir de nuevo el pago, refirió el “compromiso del gobierno” de mantener el subsidio estatal –el cual presenta el más del 50% de los ingresos de la UV-; otro tanto viene del gobierno federal. La demora citó era por calendarización de recursos.

Ya le cambiaron radicalmente la jugada.

El subsidio como dádiva

Su contraparte, el Gobierno del Estado, le reviró contundente, que no le deben nada. Inició el nuevo discurso presupuestal sobre la UV el mismo gobernador Javier Duarte. El argumento central es la presentación del subsidio presupuestal como equiparable a una ayuda u apoyo económico, sujeto a convenio y fundamental mente dependiente de la posibilidad del recurso.

Ayer la rectora volvió a la carga con que el presupuesto de la UV no depende de simpatías o represalias, sino de la responsabilidad de apoyar a la educación superior, agregando que no teme a la reducción presupuestal por haber reclamado el adeudo, ahora le salió al paso el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín; le machacó la tesis de que el subsidio se otorga en la medida en que se tienen fondos, y como son actos de beneficencia, su omisión no puede considerarse una deuda. Si se incluye en el Presupuesto de Egresos es para darle legalidad a la asignación del dinero.

Tanto el gobernador como ahora el secretario de fianzas se cuidan de no eludir una responsabilidad de subsidiar la educación pública superior; el gobernador hasta refiere el acumulado que le ha entregado a la UV, igual que se reitera que no se suspenderá su entrega. Pero hay un cambio sustancial del discurso. No se reconoce que haya una deuda por el subsidio no pagado en años anteriores; y aunque se presupueste, se concede lo que se puede de acuerdo a disponibilidades. Borrón y cuenta nueva.

Controvertido

Las exposiciones expuestas por los involucrados, UV y Gobierno del Estado, difieren radicalmente en la interpretación del concepto de subsidio; esta diferencia, que significa una disputa por cerca de 2 millones de pesos, responde a intereses y premisas opuestas en la interpretación de la naturaleza jurídica y alcances como obligaciones exigibles de los llamados “subsidios” contenidos en el Presupuesto de Egresos.

Aparte de que el gobernador recurrió hasta un diccionario común de la lengua para exhibir la unilateralidad que prevalece para el cumplimiento, la legislación del estado también contiene una disposición de débil obligatoriedad para el subsidio (No del subsidio fiscal, que es distinto).

En la legislación aplicable (Constitución, decreto y la ley de autonomía, así como en los presupuestales) está clara la importancia de la educación pública superior, la UV como institución autónoma de educación superior, la obligación del estado de aportar recursos al patrimonio de la UV a través de subsidios, sin embargo, sujetos a condicionamientos muy generales.

Poe ejemplo, la Constitución Política del Estado en su artículo 10 refiere las aportaciones federales y estatales como base de la integración patrimonial de la UV, la Ley de autonomía de la UV en su artículo 3 considera base se sus ingresos “los subsidios que aporten en forma concurrente el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado”, pero “de conformidad con las normas y convenios que rigen el financiamiento de la educación superior y las disposiciones presupuestales”.

No se cree que las cosas lleguen a un juicio entre la UV y el Gobierno del Estado del que saldría una interpretación legal de los alcances del subsidio como obligación.

La UV es la parte débil de la relación financiera. Cuando alcanzaba el dinero de las finanzas no hubo necesidad de “interpretar” el concepto de subsidio. Por 2 mil millones de pesos sí se echan el trompo a la uña.