#AsuntosPúblicos: PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA OSCURIDAD

No parece haber sido el mejor momento para que el Gobernador Javier Duarte enviara el pasado viernes al Congreso local la iniciativa de decreto para garantizar con participaciones federales de impuestos un contrato de servicios de "autoabastecimiento de energía eléctrica” a 20 años de duración, lo que constituye nuevas obligaciones o deuda pública.

El tema, era previsible, levantaría polémica, como ya se ha comenzado a ver. Tiene los ingredientes necesarios; el clima político que prevalece en el proceso sucesorio –dentro del PRI y en los otros partidos- que al borde del cambio de gobierno criticarán todo compromiso de recursos públicos futuros; el nivel alcanzado ya por la deuda pública estatal (44 mil 470 millones de pesos, incluyendo los bonos cupón cero), un elevado pago de servicio anual de deuda cercano a los 5 mil millones de pesos, con un indicador de deuda participaciones superiores al 100%, (era a marzo pasado de 116.8%).

Además, este movimiento no va dirigido a aliviar la escasez de efectivo ni a reducir los pasivos; no tiene nada que ver con la anunciada y esperada reestructuración o reingeniería financiera para facilitar el tránsito en el cierre de la administración.

Y por último, pero no menos importante, se desconoce lo más elemental del proyecto, sus características, programa de obras, sus costos y beneficios, los términos del contrato y hasta la identidad del “prestador del servicio”. Se creía era del consorcio brasileño Odebrecht, cuyo propietario –Marcelo-, como es sabido, está preso en Brasil acusado de operar una red de sobornos y lavado de dinero, pero ayer aclaró el Gobierno del Estado que con esa empresa sólo ha participado en el proyecto Etileno XXI; y de la presa en el río Actopan, del que derivaría la generación de electricidad, se canceló. Así que, si no es Odebrecht, ¿quién es el contratista o consorcio?

Información incompleta

La actual legislatura del estado, a la que le compete dictaminar y en su caso autorizar al Ejecutivo afectar las participaciones como garantía al contrato de prestación de servicios de ”autoabastecimiento de energía eléctrica”, no tiene tampoco gran información sobre el asunto.

Los antecedentes se conocieron con los diputados de la anterior legislatura y, por lo que se sabe, tampoco aquellos sabían mucho de qué se trataba. La referencia del decreto previo (823 del 18 de marzo de 2013) permite saber que entonces se autorizó al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, celebrar un contrato de prestación de servicios integrales de largo plazo para fines de auto abastecimiento de energía eléctrica bajo tecnología renovable con un inversionista prestador, a 20 años, así como a realizar afectaciones presupuestales multianuales y a la creación de un mecanismo financiero de garantía de pago. Por su parte, el Ejecutivo dispuso su aplicación en el acuerdo publicado el 6 de mayo de 2013.

Aunque el citado decreto del Congreso se remití a los contratos anexos ”que integran el expediente”, estos no se hicieron públicos; se desconoce su contenido.

Nunca quedó claro ni quien era el ”prestador de servicios” –se suponía era Odebrecht, así se había manejado en difusiones oficiales-, tampoco bajo que criterios se había hecho su elección y por qué se excluía de una competencia abierta en licitación pública.

Ahora tampoco se sabe en qué etapa está ese proyecto. Se entiende que quedó atorado porque los bancos que financiarían al ”prestador de servicios” quieren asegurar el retorno de su capital, son éstos los que están pidiendo que se garantice el pago con las participaciones.

A ver cómo evoluciona en los siguientes días este tema, si ahora se sabrá más de la operación y si llegara la autorización del Congreso. En la ruta del dinero (follow the Money) la pista va sobre Mancilla, de Desarrollo Económico.

El diputado nopal

La Procuraduría General de la República (PGR) sigue integrando las pruebas del enriquecimiento ilícito y peculado de Miguel Ángel Yunes Linares, del desmesurado y evidente aumento patrimonial, tan sólo del período 2006-2010, en el que se despachó como director general del ISSSTE.

Se han conocido diversos oficios del Ministerio Público federal a cargo de la investigación, el requerimiento de la Secretaría de la Función Pública de información de la evolución patrimonial, así como a la Dirección del Registro de Vehículos, y ahora al director en el estado del Registro Público de la Propiedad, para que éstas dependencias públicas reporten los bienes, vehículos e inmuebles, respectivamente, que existen inscritos a nombre no sólo del señalado, sino de su esposa, hijo y empresas a través de las cuales han realizado adquisiciones, respecto de las que Miguel Ángel Yunes Linares se conduce como dueño. Se multiplican las confirmaciones de cuentas bancarias y bienes inmuebles en el extranjero y en el país. Le siguen saliendo propiedades.

En la Cámara de Diputados, le llaman el Diputado nopal. Y no porque dé tunas o espine, sino porque, como a la babosa planta, cada día le encuentran más propiedades.