#AsuntosPúblicos: VIOLA PODER JUDICIAL LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO

La justicia en Veracruz no comienza por su casa, cuando desde el máximo órgano de legalidad y control de la constitucionalidad –el Tribunal Superior de Justicia- se viola flagrantemente la ley suprema del estado, la Constitución Política.

Es muy simple de apreciar la violación en la forma en que el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mayoriteando por su presidente, el magistrado Alberto Sosa, el pasado viernes, contra lo que dispone la Constitución del Estado, designó al magistrado Pedro Luis Reyes Marín, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como integrantes del Consejo de la Judicatura, el poderoso órgano interno que administra el presupuesto, designa y disciplina al Poder Judicial (con excepción del Tribunal Superior).

El nombramiento hecho no tiene fundamento, es improcedente e legal, ya que el designado Reyes Marín antes había desempeñado este mismo cargo y hay disposición expresa de que es irrepetible.

La demostración es muy sencilla: partimos del artículo 62 de la Constitución del Estado relativo al Consejo de la Judicatura, mismo que le confiere sus atribuciones genéricas, su integración por seis miembros (3 magistrados del Poder Judicial y el presidente del Tribunal Superior que lo preside, un representante del Gobernador y otro del Congreso), los requisitos para ser consejero y como premisa, el supuesto de temporalidad y no repetición del periodo: ”Los consejeros, a excepción del presidente, duran en su cargo cinco años, no podrán ser designados para otro periodo”.

Igualmente es un hecho público, comparable con diversos medios, que el magistrado Pedro Luis Reyes Marín ocupó el cargo de consejero del Consejo de la Judicatura del Estado a partir del 16 de enero de 2001, durante cinco años. Por ejemplo, hay acta de la sesión del Congreso del Estado de la fecha citada en la que Pedro Reyes Marín rindió protesta al cargo, junto con los demás integrantes de ese consejo. Además de los numerosos documentos que firmó en ese periodo.

La deducción de violación constitucional, diría el otro Holmes –no el juez sino el detective-, es elemental.

Las sosas sinrazones

Se entiende que venció el periódico de un consejero de la Judicatura y había que sustituirlo; cumplió su ciclo de cinco años Fernando Charlestón Salinas, quien procedía del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por lo que el pleno –los 9 magistrados que lo integran, 8 presidente de sala y el presidente del Tribunal Superior- debían nombrar, en votación secreta, a un magistrado representante del mismo Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Pero Reyes Marín, que es inelegible, no era la única opción.

No pueden alegar imposibilidad material de nombrar a otro magistrado; ahí está Andrés Salomón Rodríguez, con todos los requisitos para ocupar el cargo, pero escondido por el presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa, por razones no declaradas ni legales. ¿Impugnará Salomón la legalidad de la designación de Reyes Marín?, no se sabe, lo cierto es que como tiene un interés jurídico claro, no tendría problema en ganar un juicio de amparo.

Retirado del consejo uno de sus operadores y aliados de los últimos años, Javier Hernández, por vencimiento de período, no se descarta que Sosa requiera mantener su influencia, ya tiene ahí a Raúl Pimentel entre sus incondicionales, y por ello, su convivencia de incrustar a su ”compadre”, Reyes Marín; viene el último año de su presidencia, el año de Hidalgo, y además esperan obtener incrementos presupuestales, elevar el monto a 1,600 millones de pesos –para meterle la mano a la infraestructura de las salas para juicios orales en materia penal, que debe implantarse al 100% el próximo año.

¿ por encima de la ley?

Ni los legos o ignorantes tienen la excusa del desconocimiento de la ley para justificar su incumplimiento o violación, menos la tienen los especialistas magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Si partimos del principio de que las autoridades del estado están sometidas a la ley, que vivimos en un estado constitucional democrático de derecho, no es cosa menor que la autoridad que debe aplicar de manera correcta la ley, no lo haga, a sabiendas que incumple con su deber jurídico.

No están, ni deben considerarse, por encima de la ley. Sería muy grave y peligroso que así se asumieran. No son ni pueden ser los dueños, en sentido patrimonialista, del Poder Judicial incluido el Consejo de la Judicatura.

La contraparte de la arrogancia es la impunidad. ¿Habrá algún contrapeso de los otros poderes del estado, los que podían exigir responsabilidad y respeto a la Constitución?

Lo dudamos, pero ahí está expuesto a la opinión pública el tema de la violación constitucional hecho abiertamente por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.