+ Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz.
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2015-10-06
El avance de las actuaciones de la Fiscalía General del Estado en la integración de la denuncia por enriquecimiento ilícito presentada a mediados de septiembre por un grupo de diputados locales del PRI, en contra del presidente municipal de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, y las reacciones teatrales de éste, ocupa en estos días espacios de reseña de la arena pública.
El tema de la denuncia es político, sin duda, puesto que los actores en pugna lo son –denunciantes y denunciado- al igual que la coyuntura de fin de sexenio y su sesión de Gobernador; ¿cuáles de las acciones de agentes y organizaciones políticas en este momento estaría desvinculada de la lucha por el poder?
Pero esta capa de rivalidad política no debe impedir ver los otros aspectos concurrentes en la denuncia y requerimiento de juicio y sanción para el opulento alcalde de Boca del Río
Buscar el proceso penal para Miguel Ángel Yunes Márquez, al mismo tiempo, no es menos un asunto judicial, tiene que ver con el combate a la impunidad delictiva de servidores públicos y a la anticorrupción.
Para la población que vive en la conurbación Veracruz-Boca del Río no son desconocidos los hechos del señalamiento a Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente municipal de Boca del Río, por segunda ocasión; todo mundo conoce el botón de muestra, la multi difundida imagen de su mansión en el fraccionamiento El Estero, en el municipio de Alvarado, incluida su lujosa decoración de interiores, tasada en cuando menos un precio cercano a los 30 millones de pesos. Mas otros bienes detectados, le suman 36 millones de pesos. Mientras que en el lapso que realizó las compras de terreno y la edificación sus ingresos como diputado local y presidente municipal –de 2004 al 2010-, sus ingresos comprobables apenas sumaron 2 millones 880 mil pesos. ¿Cómo le hizo?
Chilla pero no hay violaciones
Aunque represente su papel de víctima y de” perseguido político” no se observa violación alguna en sus derechos para Miguel Ángel Yunes Márquez. El fiscal Luis Ángel Bravo únicamente le envío, el pasado viernes, una “invitación”, ni siquiera un citatorio para informarle que hay una denuncia en su contra y que puede, si así lo considera, acudir hoy martes a las oficinas de la fiscalía a rendir su declaración y aporte de pruebas de cómo se hizo de tamaña riqueza. Un segundo acto de la fiscalía fue enviar un grupo de agentes a una inspección física de la residencia, constatar su existencia, no entrar ni mucho menos realizar un cateo, como lo pretendió hacer creer ”El perseguido político”, Yunes Márquez. Lo que sí se observó fue un grupo de enviados por el alcalde a arrojar objetos a los policías.
Como es sabido, dada su condición de presidente municipal, Yunes Márquez goza de fuero constitucional y por tanto no puede ser detenido ni procesado en este momento, pero el fuero no significa que sea intocable e impune, puede ser removido, y ese es precisamente su terror. Ya se sabe, el fiscal puede iniciar un procedimiento especial de solicitud de declaratoria de procedencia (o desafuero) ante el Congreso, órgano que debe valorar –respetando la garantía de audiencia del diputado- si hay elementos de probable responsabilidad delictiva, para declarar o no la procedencia. Es el camino que han seguido en los últimos tiempo el ex alcalde de Medellín, Omar Cruz, y el Juanelo de Coatepec, ambos desaforados por estar vinculados a sendos homicidios; Yunes Márquez abriría los de corrupción.
Defensa política
Inevitablemente el asunto iba a politizarse, se daba por descontado. Se recuerda que también su padre, el diputado Federal del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, enfrenta una denuncia por situaciones similares, su cuantiosa fortuna no cuadra con sus ingresos como servidor público, también tiene fuero, pero la competencia de investigación es federal, el enriquecimiento corresponde a su gestión como director del ISSSTE de 2004 a 2009; por ello, aunque la PGR integra su investigación, lleva otra dinámica y procedimiento político. El eslabón más débil es el chiquiperro, que está sujeto a la jurisdicción estatal.
A nivel local no se ve gran defensa a Yunes Márquez de su correligionario del PAN; muestra de la división y competencia interna. Dicen algunos de sus seguidores que harán ruido en la capital; a ver qué tanto pueden hacer su padre, Yunes Linares, en la Cámara de Diputados y su hermano Fernando en el Senado, si sus compañeros de bancada les permiten politizar un asunto familiar; filtran también que fijará postura el presidente del PAN, Ricardo Anaya, quién está atrapado en el caso, entre sus compromisos con la familia Yunes Linares –hay evidencia de que le han puesto la maleta de documentos- y su discurso de dientes para afuera, de anticorrupción.
La versión de que recurrirán al juicio de amparo, en esta etapa, es puro cuento, no se conoce todavía al que haya obtenido uno por desafuero. Es improcedente.
La pregunta es: ¿debe permanecer impune Miguel Ángel Yunes Márquez sólo porque pertenece a un partido político, el PAN, que disputa el poder del estado, y es hijo de uno de sus encumbrados líderes? Que hay otros corruptos que merecerían sanción, no se niega, pero esa hipótesis, como el contexto de competencia política, no invalida las evidencias del enriquecimiento ilícito en la función pública de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Derechos humanos
El tema de los derechos humanos sigue en la agenda tanto en el estado como en el Gobierno Federal. Apenas se ha ido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora se tiene la visita del alto Comisionado del ramo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese marco, ayer el Gobernador Javier Duarte presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos, por el cual se acoplan las acciones del Poder Ejecutivo al pleno respeto de los principios reconocidos en las convenciones y tratados internacionales. A la presentación acudió el director de política pública de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda Iguiniz, quien reconoció la pronta respuesta de Veracruz, al ser el primer estado que diseña una programación completa con ese componente, con lo que además se da respuesta a recomendaciones de instancias internacionales.
Al término del evento, el gobernador acudió a la ciudad de México, adonde se entrevistó con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para presentarle precisamente el programa estatal de derechos humanos.
No se sabe de qué otros temas hablaron; trascendió que vendrá Osorio Chong a Veracruz el próximo miércoles, con todo el gabinete de seguridad a Tempoal para poner en operación el campo militar de la Huasteca.