#AsuntosPúblicos: POLÍTICA EDUCATIVA

No hay casualidad sino sincronización de la agenda local con la nacional en el tema educativo. La conferencia de prensa de ayer del gobernador Javier Duarte se enfocó a las decisiones tomadas para mejorar el gasto y la inversión en el sector educativo estatal; posteriormente el gobernador acudió a la reunión de la Conago, celebrada en Jojutla, Morelos, donde –ante el presidente Enrique Peña Nieto- los gobernadores del país suscribieron un acuerdo con Aurelio Nuñoz, secretario de Educación, para impulsar los certificados de infraestructura educativa, un proyecto que anunció el Presidente de la República en su último informe de gobierno. Además aprobaron en la Conago la regionalización del país en materia educativa, Veracruz quedó en la zona sur sureste.

En su calidad y profusa presencia mediática queda claro que desde la designación de Aurelio Nuño Mayer como Secretario de Educación Pública –a fines de agosto- una carta nueva de Enrique Peña ante el desgaste tanto de su secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, como del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la reforma educativa y la imagen personal del titular de esa dependencia ha tomado un nuevo impulso.

Sea por proyecto político como por la exigencia de mejorar la calidad de la educación en el país, y que las agencias internacionales lo avalen, el caso es que pasada la etapa inicial de reforma normativa y centralización del pago de la nómina, aparte de la rutinización de las evaluaciones para el ingreso y la promoción en el servicio, ahora se están ocupando, el gobierno federal y los estados, en tratar de mejorar el gasto y aplicar sustancialmente la infraestructura educativa.

Política de gasto

La mayor parte del paquete de medidas que el gobernador Duarte anunció ayer comparten el objetivo de mejorar y hacer más eficiente el gasto educativo. Entendible que había que efectuar trabajo de investigación administrativa y control de personal antes de terminar las plazas irregulares, también es cierto que tal situación ha estado asociada a negociaciones y concesiones de redes y grupos enraizados en el sector educativo. Ya se verá si es corte de tajo con el sistema antiguo de componendas. Por ahora se ha dispuesto la remoción inmediata de la flota aérea, los que han cobrado sin trabajar la plaza, cuantificados por el gobernador en 2,173 aviadores –que representan, dijo, un agravio anual de 815.3 millones de pesos. No se sabe si en este grupo de aviadores están incluidos los familiares de Denis Uscanga, subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, toda la parentela que tiene comisionada en distintas dependencias que ella controla.

Por otra parte, el gobernador reportó la detención de 1,585 plazas innecesarias, a cuyos titulares ofrecerán un programa de jubilación anticipada. Tanto las plazas de aviadores como los que no hacen falta (si se jubilen) serán canceladas. Es decir habría un ahorro eventual de 3,758 plazas.

Otro grupo de decisiones igualmente tienen que ver con la austeridad la mejoría en la aplicación del gasto. Revisar la incompatibilidad de honorarios en los que ocupan dobles plazas, presión para que elijan los que hagan doblete en cargos de elección popular o trabajen en otras áreas del gobierno, ajuste en pago de compensaciones a mandos medios y superiores y medias de restricción en gastos de operación.

Política de inversión

Ayer también anuncio el Gobernador que se recibirán el próximo mes recursos extraordinarios por más de 2 mil 454 millones de pesos para construcción, mejoramiento y ampliación de instalaciones educativas, los que sumados a los mil 107 millones para el mismo rubro que procede del programa escuela de excelencia dan un monto de 3 mil 560 millones de pesos para infraestructura educativa, una cantidad sin precedentes que se invertirán en los próximos meses.

No queda claro a cuenta de que se recibirán esos recursos extraordinarios, aunque su referencia asociada la firma del convenio con el Gobierno Federal para los certificados de infraestructura escolar sugiere que ésta sería la fuente.

Bursatilización del FAM

Habrá que conocer los términos del convenio, que por lo que se sabe, se trata de una bursatilización centralizada de una porción de los ingresos futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que corresponden a los estados que participen.

En conjunto, el gobierno Federal pretende obtener un financiamiento por la emisión y colocación en mercado de valores de los certificados o bonos de infraestructura educativa hasta por un monto de 50 mil millones de pesos, los cuales estarían garantizados con el 25% de los recursos de los estados del Fondo de Aportaciones Múltiples, uno de los fondos que procede de los impuestos federales de la coordinación fiscal. Serían pagaderos a un plazo de 20 años.

Por tratarse de una operación que compromete los recursos que reciben los estados de la federación –obligaciones financieras equiparables a deuda pública, son pasivos a largo plazo- requieren de la aprobación del Congreso del Estado, donde inevitablemente tendrá que llegar el convenio para participar en los certificados de infraestructura educativa.

Visto que es un hecho este financiamiento, lo menos que se puede pedir es que los recursos extraordinarios que se recibirán anticipadamente, a cambio de reducciones en el futuro, por la carga del pasivo, se apliquen a la infraestructura educativa donde hace falta; que haya prioridades definidas, se ejerza con transparencia en la asignación de las obras, eficacia en su ejecución y que no haya desvíos. Estos recursos son una oportunidad de abatir rezagos históricos a la vez que contribuir a la reactivación de la economía del estado el próximo año, que tiene pronóstico de lento y bajo crecimiento.

Como la iniciativa de bursatilización del Fondo de Aportaciones Múltiples procede del Presidente de la República (diseñada en la Secretaría de Hacienda), no creemos que ninguno de los senadores del PRI se atrevan a cuestionarla, lo que seguro habrían hecho de ser un proyecto local del Gobernador Javier Duarte.