#AsuntosPúblicos: LA SEGUNDA REESTRUCTURA DE LA DEUDA

Comienzan a saberse detalles, pero aún insuficiente sobre el plan para reestructurar la deuda pública del estado que expuso el gobernador Javier Duarte este martes, sobre el cual ha solicitado la autorización del Congreso local.

A las líneas generales apuntadas por el gobernador –liquidación anticipada de deuda, sustitución de garantías en nuevos créditos (dos aportaciones federales y los ingresos del impuesto a la nómina) y liberación de recursos por 3 mil millones de pesos, sin que aumente el monto de la deuda-, ayer el subsecretario de egresos de la Sefiplan, Arturo Jaramillo, agregó algunos datos. Informó que la reestructuración enfocada únicamente a la deuda bancaria -la que fue materia de una primera restructuración autorizada en agosto de 2011-; excluye la bursatilización, y por tanto se centra en reestructurar alrededor de 22 mil millones de pesos de los 44 mil de la deuda pública directa del Gobierno del Estado registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AL CONGRESO

Hoy en la Comisión Permanente del Congreso se le dará entrada a la iniciativa del gobernador, la que deberá turnarse a la comisión de Hacienda del Estado, a fin de que formule el dictamen correspondiente que someterá a la aprobación del pleno.

La labor informativa en el Congreso, qué sabe, comienza este sábado; funcionarios de la Sefiplan se reunieron con los diputados de la Comisión de Hacienda del Estado para explicarles los pormenores de la compleja operación que el gobierno estatal diseñó en coordinación con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Banobras.

Por lo que se ve, la reestructura está amarrada con el Gobierno Federal, signo de apoyo político al gobernador, tendría facilidades para las contrataciones crediticias en Banobras.

La negociación política es otro boleto, pero no se anticipa problema no superable para conseguir los votos necesarios –mayoría calificada, dos terceras partes de los diputados presentes, según la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. El bloque legislativo comandado por el PRI, al que se suman PVEM, PANAL y AVE, las pueden.

No tardarás mucho en pasar. Una ruta legislativa, trazada en Palacio, considera que podría convocarse al Congreso para el próximo miércoles a un periodo extraordinario con el único asunto de autorizar al gobernador la estructura de la deuda pública. En caliente.

LEGALIDAD

La legalidad de la operación tampoco es problema. El plan satisface los requisitos constitucionales previstos; las operaciones de crédito o deuda quedaron permitidas para refinanciamiento o reestructuración (anteriormente ilimitadas a que se destinarán a inversión pública productiva), con la condicionante de que deben realizarse bajo las mejores condiciones del mercado y ser aprobadas por la legislatura local.

Por otro lado, la ley de Coordinación Fiscal permite al estado afectar las aportaciones de los fondos federales para garantizar obligaciones o servir como fuente de pago –siempre que cuenten con la autorización de la legislatura y se inscriban ante la Secretaría de Hacienda. Por ello, no hay impedimento para afectar el 25%, respectivamente, de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Tampoco lo hay para afectar los ingresos del impuesto a la nómina como garantía o fuente de pago de créditos, ya que ahora es legal hacerlo desde que se reformó recientemente el Código Financiero, en el mismo viaje que se aumentó un punto, de 2 a 3%, el impuesto a la nómina al sector privado.

EL ESQUEMA DE OPERACIONES

Menos sencillo es convencerse de la viabilidad del grupo de 4 operaciones expuestas sin alarde de claridad en la iniciativa que se envió al Congreso, donde ya circula una versión del texto del gobernador. En conjunto, es una combinación de pagos anticipados, situación de garantías, liberación de participaciones afectadas a cambio de 2 Fondos Federales y uno estatal, nuevos créditos y aplicación parcial a inversión pública productiva.

Hay un refinanciamiento por 5 mil millones de pesos para pago de deuda pública vigente, garantizado con el FAFEF; financiamiento de 1,700 millones destinado a inversión pública productiva en beneficio de población en condiciones de pobreza, garantizado con el FAIS; un financiamiento por 15 mil millones garantizado con los ingresos del Impuesto a la Nómina, para armonizar anticipadamente deuda. Y un uso de financiamiento para inversión pública productiva en un monto equivalente a las amortizaciones, con fuente de pago en el fondo general de participaciones.

En lo general es claro, la reestructura tiene por límite el monto actual de la deuda -no debe incrementar su monto, sino mejorar condiciones de tiempo, tasa y amortizaciones y servicio. Pero varias de las operaciones quedan confusas, carecen además del comportamiento de las cifras, omite la proyección financiera y la interrelación entre las cuatro. A ver si lo explican mejor en los días que vienen.