#AsuntosPúblicos: REESTRUCTURA DE DEUDA PÚBLICA, VA

Hoy el Congreso local en sesión extraordinaria discutirá y -no se duda- aprobará, por mayoría calificada de los grupos legislativos comandados por el PRI (PVEM, PAMAL, AVE) el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado que autoriza al gobernador Javier Duarte la reestructura de la deuda pública bancaria, conforme al proyecto por él presentado la semana anterior.

No faltarán opositores al proyecto de reestructura, como las que ya se han anticipado, seguramente la bancada del PAN, PRD-MC minoritarias, botaran encontrar, pero será suficiente para bloquear la aprobación. Del mismo modo en otros espacios públicos habrá otros actores en desacuerdo; pues el tema de la deuda pública es de por sí polémico, atractivo para el debate partidista, siempre se puede tratar de obtener algún rendimiento desde la crítica al gobierno, y más aún en la coyuntura del último año de la actual administración y víspera de procesos electorales para gobernador y diputados locales.

Pero con todo y algún ruido mediático que pudiera hacerse, la reestructura de la deuda pública es irreversible, políticamente resuelta; en la esfera del aval del Gobierno Federal –la Secretaría de Hacienda y Banobras participaron en el diseño y con la certeza de aprobación dada la súper mayoría legislativa con que cuenta el gobernador.

Aparte de eso, el proyecto, según la descripción de sus operaciones, se ve conveniente y oportuno, necesario si se busca afrontar la falta de liquidez e inversiones, la acumulación de pasivos que aqueja a la administración estatal a fin de cerrar el último año de un modo menos crítico.

Liquidación de deuda, sustitución de garantías, liberación de participaciones

Lo central de la reestructura, como está planteada, consiste en liquidar anticipadamente la mayor parte de la deuda bancaria por un monto de 21 mil 700 millones de pesos, que actualmente está garantizada con participaciones federales en impuestos, por nuevos créditos bajo mejores condiciones, pero sobre todo, sustituyendo las garantías, ahora con dos fondos federales de aportaciones (FAFEF y FAIS) y el impuesto estatal sobre nóminas. En su esquema, ahora están comprometidas en garantía casi el 80% de las participaciones que corresponde al estado, equivalente a 11 mil 847. 9 millones de pesos anuales; con la reestructura se liberarían la mitad (40%); dispondría el estado de 6 mil 100 millones anualmente.

En suma, las cuatro operaciones previstas en la solicitud de autorización de la reestructuración son: 1) un refinanciamiento por 5 mil millones de pesos para pagos de deuda pública vigente, garantizado con el FAFEF hasta el 25%; 2) financiamiento de 1,700 millones destinado a inversión pública productiva en beneficio de población en condición de pobreza, garantizado con el FAIS hasta el 25%; 3) financiamiento por 15 mil millones garantizado con los Ingresos del Impuesto a la Nómina, para amortizar anticipadamente deuda. Y un uso del financiamiento para inversión pública productiva en un monto equivalente a la amortización de la operación, con fuente de pago en el fondo general de participaciones. Los plazos para el pago de los nuevos créditos son hasta de 20 años.

Sin aumentar el monto de la deuda

En sus discursos públicos y en la exposición de motivos el gobernador asegura que con la reestructura no se incrementará el monto actual de la deuda pública que se sustituye. Por tanto, sólo sería una mejora en las condiciones de tiempo, tasa, amortizaciones y servicio; aprovechar la situación de garantías para liberar participaciones y obtener liquidez. Habría que conocer las cifras, cálculo y proyecciones para convencerse de que efectivamente la reestructura contiene todas las ventajas con que le adornan.

Las operaciones son legales, se ajustan a lo dispuesto en la Constitución de la República en materia de disciplina financiera, donde se incluyó el refinanciamiento o reestructura de deuda como justificación de obligaciones o empréstitos para los estados, acotando que deben realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, punto al que habrá que darle aquí seguimiento.

Palanca para el cierre

Por otro lado, no debe perderse de vista que la deuda actual es una realidad, ya existente, estrictamente no se trata de nueva deuda que signifique que incrementó, si no renegociación o sustitución de la existente. Además, en su momento, y una vez realizadas las operaciones financieras o crediticias, el gobernador debe rendir cuentas al Congreso por el ejercicio de la autorización y también estás operaciones deberán inscribirse en el registro de deuda de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ahí podrán consultarse.

Lo que no se puede permitir es que persista la atonía financiera y la semi-parálisis de la administración pública.