+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz.
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2015-11-11
Finalmente quedaron definidas las reglas legales de la competencia electoral en el estado, las que requerirán el proceso iniciado este lunes con la integración del Consejo General OPLE para elegir gobernadores y diputados locales el año próximo.
Después de tres largas jornadas, la primera el pasado jueves, la segunda y lunes y la última ayer, el pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación concluyó su examen de cuatro acciones de inconstitucionalidad (acumuladas) que presentaron los partidos políticos nacionales (PAN, PRD, MC y Morena) en contra de la aprobación del Código Electoral para el estado, hecha por el Congreso local en el mes de julio pasado.
La contienda jurídica ante el máximo tribunal del sistema judicial, en funciones de control de la constitucionalidad, no se desliga de la pugna política entre actores locales, intensificada con la competencia electoral para dirimir la hegemonía en el estado y el Congreso local, en curso.
Como en general el código en cuestión adapta en la legislación local las reglas previstas en la reformas constitucionales en la materia y la legislación secundaria, para la oposición la batalla se centró en primer lugar en terminar el proceso legislativo –lo truquearon con maniobras de boicot, desintegrando la mesa directiva y abandonando la sesión-, y el segundo en impugnar artículos, unos por redundancia en las normas marco federales y otras por presuntamente excederse el Congreso en la regulación, aparte del propio examen que hizo el ministro ponente, Arturo Zaldívar, quien de entrada propuso la invalidez total del código por violaciones “graves” al proceso legislativo, se trago el cuento partidista; pero fue rechazado por mayoría calificada de 8 ministros que avalaron la legalidad de la aprobación legislativa del código electoral.
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Hay más ruido que sustancian en las supresiones parciales en más de 30 artículos; no pocos se invalidaron por redundancia o duplicidad de regulación, o por estimar la corte que la facultad de esa materia era de competencia federal y algunos casos, excesiva.
Tres asunto se destacan en la resolución final. Pese al debate entre ministros, quedó igual la regulación de las candidaturas independientes, concretamente en el punto de exigir para su registro el 3% de simpatizantes del padrón electoral, no tanto por el porcentaje que la corte avaló en otras reformas estatales llamadas ”anti bronco”, sino porque la local tiene condicionamientos adicionales, la distribución territorial de simpatizantes; se tambaleo, 5 votaron en contra, pero no alcanzó los 8 votos requeridos, 3 ministros estaban ausentes en ese momento y por de la urgencia no quisieron aplazar la decisión. El candado no se abrió.
Otro punto de interés fue el Secretario Ejecutivo del OPLE, donde la Corte anuló el procedimiento contenido en el código; ese funcionario sería nombrado por un período de 6 años por el Congreso a propuesta del Consejo General del OPLE. Con el aumento de injerencia inconstitucional de otro poder en el OPLE, vulnerando su autonomía, la facultad de nombramiento retorna al Consejo General; paradójicamente, los consejeros perfilan ratificar en el cargo a Víctor Moctezuma (dicen que ya se acoplaron con él), así que de todas maneras, ”Moctezuma te llamas”.
Mientras que todas las invalidación explicadas por la Corte simplemente se omitirán en una nueva publicación del Código, en cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad, hay un caso de excepción, el tratamiento al Tribunal Electoral, en el que la resolución impone un nuevo proceso legislativo con plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la notificación.
Observa la corte una deficiente regulación de los recursos materiales y humanos que garanticen el oportuno funcionamiento del Tribunal Electoral, y al invalidar los transitorios relativos obliga a legislar para subsanarlos; pero mientras no lo hacen los bienes muebles e inmuebles, así como los servidores públicos y además personal del Poder Judicial del Estado –con excepción de sus magistrados- se entenderán transferidos al Tribunal Electoral (del nueva integración), respetando los derechos de los referidos trabajadores. Intentaron escamotearle recursos al nuevo Tribunal Electoral para que el Poder Judicial no cediera patrimonio, tampoco le asignaron el personal, que de igual forma está en el aire, pues la judicatura los lleva a contratos mensuales para echarlos pronto.
Con el fallo de la Corte, tendrán que atender en serio el asunto; tanto los recursos al nuevo Tribunal, como el respeto a los derechos laborales de los que han elaborador en el Tribunal Electoral en extinción.
El caso es que concluido el juicio de inconstitucionalidad, ya hay Código Electoral válido para Veracruz. Esas son las reglas.
Peña sin señales sucesorias
La visita del presidente Enrique Peña Nieto ayer al Coatepec, con motivo de la inauguración de un clúster de Ciencia y Tecnología -Biomimic - enfocado a los ecosistemas, no tuvo ningún mensaje sucesorio, como algunos en la inquietud especulaban. Están muy lejos en tiempo y estilo aquellos simbolismos del arcaico PRI, rito en el que el presidente se hacía acompañar a una gira en la intimidad por el ”elegido”, para ostentar la decisión y lanzarla cargada.
Para empezar, ninguno se presentó de los ya no tan pocos del acaballada en engorda, un barrote de más de dos sopas, de los aspirantes a la candidatura. Salvo el diputado Federal Adolfo Mota, evaluado por su designación como Presidente de la Comisión de Población, a la renuncia de Alberto Silva, y por el fallo de la Corte, que abrió la puerta a la otra mota, quien todavía no se apunta. Y tampoco se le vio pegadito al presidente como para suponer que le dieron algún mensaje.
A menos que se le quiera dar alguna interpretación a que trajo al secretario de Educación, Aurelio Nuño, y no vino el de Hacienda, Luis Videgaray, como se había anunciado. Aunque la presencia de aquel se justifica por el proyecto científico tecnológico que vino a supervisar Peña, el cual tiene una inversión de 500 millones de pesos, públicos y privados, en infraestructura, se en clava en Conacyt y por tanto en el sector Educativo; además de que tiene a Nuño como representante del ejecutivo en la región 7, a la que pertenece Veracruz. ¿Vendrá al informe del gobernador Duarte este domingo, como se anticipo?