#AsuntosPúblicos: ADAPTACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL

Después de la poda de sus porciones inconstitucionales efectuadas por la Corte al Código Electoral del Estado, ayer el congreso local aprobó el dictamen para dar cumplimiento a la sentencia dictada este mes por el máximo tribunal en el juicio abierto con la impugnación presentada por varios partidos políticos.

En lo general, el método para adaptar la legislación al fallo de la Corte se hizo mediante la de derogación de los artículos con fracciones inválidas –algunos casos por redundancia o duplicidad de regulación o por estimar la Corte que la facultad de esta materia era de competencia federal y otros porque la atribución local excesiva. Es el caso de la barrida que le dieron a todo el artículo relativo a partidos políticos, fiscalización, coaliciones, padrón electoral, entre otros, que debe regirse por la legislación federal, y no por la local.

Igualmente se derogó el procedimiento para la designación del Secretario Ejecutivo del órgano electoral local en el que se involucraba al Congreso del estado en su nombramiento –la facultad le corresponde al OPLE- y también suprime la figura de los ”enlaces administrativos”, asunto al que seguro le darán la vuelta, quizá los renombrarán para ponerlos en acción.

Sin solidaridad

El dictamen aprobado ayer rehace la regulación de recursos del nuevo Tribunal Electoral del Estado, asunto expresamente requerido en la sentencia de la Corte, ya que estimaron que no se garantizaba su funcionamiento en los artículos anulados del Código; no le dieron presupuesto ni recursos materiales y humanos.

Y es que la autonomía buscada por la reforma electoral al separar al órgano de jurisdicción –el Tribunal Electoral- del Poder Judicial del Estado se ha encontrado con el regateo de recursos, la mezquindad institucional.

Desde los artículos transitorios del Código se proyectaron los intereses dominantes del Poder Judicial del Estado, ejemplo de ello, la preservación para esto de la propiedad de los muebles e inmuebles asignados al Tribunal Electoral envías de desaparecer, con lo que en los hechos se deja al nuevo tribunal sin instalaciones propias ni equipo ni personal.

Esta irregularidad, observada por la Corte y por lo que resolvió obligara el congreso regular nuevamente la asignación de recursos al nuevo Tribunal Electoral, con la ”adaptación” ayer aprobada quedó formalmente cumplida, pero materialmente a la deriva, al menos temporalmente.

Para salvar las diferencias marcadas, conceder al nuevo Tribunal Electoral una partida para terminar el año –de 4 millones 160 mil pesos - y para el año siguiente una previsión presupuestal.

Sin embargo, queda establecido una vez que el Congreso apruebe el presupuesto para el pleno funcionamiento del Tribunal Electoral, los bienes muebles e inmuebles, así como el personal administrativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (el que desaparecerá) se reincorporarán a dicho poder, en este último caso en los mismos términos que fueron contratados, respetando los derechos y prerrogativas laborales adquiridos, conforme a la legislación aplicable.

Cuando el Senado de la República nombre a los tres nuevos magistrados electorales (por cierto, un proceso ya desfasado, atorado por las negociaciones empaquete), estos no tendrán derecho sobre ningún bien mueble o inmueble, tampoco personal.

Pero a los que les irá peor es al personal del Tribunal Electoral en vías de extinción, no a los magistrados, pues éstos no pierden esa condición, sino al demás personal. La legislación aplicable que no les beneficia es la Ley Sosa, a la mayoría de la plantilla los tiene desde hace tiempo en contratos que renuevan cada mes, si bien les va, así que les caerá la sosa… caústica.

Alianza verde ¿en riesgo?

Sorprendió la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y concretamente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Nadie –o casi nadie- se esperaba que ejercieran acción penal con pedimento de aprehensión en contra de Arturo Escobar, ex dirigente del PVEM aliado electoral del PRI y recompensado con una subsecretaría de Gobernación.

Como todavía no se cree en que las instituciones de procuración de justicia en este país no sigan líneas política, y menos en las complicidades desde el chanchullo electoral, como la propaganda de tarjetas con efectivo en la pasada elección, habrá que enterarse que hay de fondo en la decisión de remover al cuadro verde -poco le duró el gusto de sentir que co-gobernaba.

Además del golpe al aliado se propina en la proximidad de las elecciones para gobernador en 13 estados en los que daba por hecho que el PRI otra vez haría coalición con el PVEM.

En términos de un cálculo de poder, parece un mal momento político para ostentar la autonomía de la justicia y el combate a la impunidad, parecería un tiro del PRI en su propio pie. ¿Hay historias alternas?, ¿debe algo más Escobar?, ¿hay ajuste de cuentas en el PVEM?

Ya se verá si afecta o no la formación de la coalición. ¿Se mandan solos la procuradora Arely Gómez y el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo? ¿O cómo vino la jugada?

La acción deja muchas preguntas; y poca credibilidad de que se trata de un acto puro de procuración de justicia en el utópico imperio de la ley