#AsuntosPúblicos: ANTICORRUPCIÓN EN VERACRUZ

No es nada fácil que los ciudadanos comunes crean en la honestidad de los servidores públicos, cuando se observa entre estos enriquecimiento súbito y desproporcionado, sin que reciban una sanción por el evidente abuso del cargo, por eso se reciben con muchas reservas los anuncios gubernamentales de medidas o reformas de supuesto combate a la corrupción.

Pasa en el Gobierno Federal – conflictos de interés- en lo mismo que en el Gobierno del Estado, donde los ejemplos son de sobra conocidos en la opinión pública.

Por eso las reformas anticorrupción se tiene como un recurso de la desacreditara clase política para tratar de legitimarse ante las condenas a la corrupción que ha caracterizado desde siempre al sistema político-administrativo, no pocas veces referido como cleptocracia.

Por otro lado también son formas de limpiarse en el escenario internacional donde se pide a las naciones un estándar mínimo de decoro institucional y las existencia de reglas de transparencia y control del poder y castigo a la corrupción, fenómeno no ”cultural” no de estructura, que además impone costos adicionales al funcionamiento económico y social.

Como se sabe, el Pacto por México, el esquema reformista impulsado por la presidencia de Enrique Peña Nieto y el PRI, junto con los dos mayores partidos de oposición, PAN-PRD, produjo, entre otras, una reforma constitucional anticorrupción vigente a partir de mayo de este año.

Emulado del tono de esta reforma, pero con diferencias, algunas coincidencias y varias comisiones, posiblemente a la espera de las leyes secundarias federales previstas, ayer el Gobernador Javier Duarte anunció un grupo de iniciativas para crear un sistema anticorrupción.

Las iniciativas

De las tres que enviará al Congreso local para reformar la Constitución Política del Estado –el Comité Coordinador Anticorrupción; la participación del Congreso para ratificar el nombramiento del contralor del estado y del fiscal de combate a la corrupción, de nueva creación; y la eliminación del fuero en un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el gobernador del estado así como presidentes municipales-, son estas dos últimas las que tendrían un mayor impacto y consecuencias en el futuro funcionamiento político institucional del aparato gubernamental.

En principio, se esperaría un mayor peso político-electoral en las decisiones. Como la composición e integración de los Poderes Legislativos y Ejecutivo no es estable en las democracias electorales, la injerencia del Congreso en el nombramiento del contralor como del fiscal anticorrupción, con exigencia de mayoría calificada, se abrirá a negociaciones de fuerzas para conseguir los nombramientos. En escenarios de gobiernos unitarios no tiene mayor problema, pero si en los gobiernos divididos. Cabe mencionar que ninguno de los equivalentes a estos funcionarios en el modelo federal se ratifica en el Congreso de La Unión. El secretario de la función pública lo defina el Presidente de la República y al Fiscal Anticorrupción el Fiscal General (aún procurador de la República).

Por otro lado, la supresión del fuero propuesta en la iniciativa local no se consideró en la reforma Federal y tampoco tiene precedentes en la legislación mexicana, menos para el cargo de titular del Poder Ejecutivo o gobernador, la figura del fuero, protección o inmunidad de funcionarios públicos, evita se ejerza una acción penal directa en su contra sin previa verificación por órgano político; eliminarlo para el gobernador es un error de diseño político institucional. La hipótesis se remite de nuevo a los cambiantes escenarios político-electorales y a la futura designación del Fiscal General con la participación del Congreso local y su supuesta autonomía. Además de la acción de los fiscales regionales. No se debe exponer al titular de un poder a la decisión de una diversidad de funcionarios menores. Por ejemplo, en teoría un gobernador en funciones podría ser aprendido por pedimento de un fiscal con crédito por un juez de primera instancia, como cualquier persona, con un riesgo de ingobernabilidad institucional. En el caso de un gobernador, el fuero no es impunidad, si no una protección a la gobernabilidad. El resto de servidores públicos del ejecutivo órganos autónomos pueden quedarse sin fuero. Obviamente esta reforma no afecta el fuero del gobernador concedido en la Constitución de la República sobre delitos federales.

Asimismo, no es convincente el criterio para retirar o dejar el fuero, puesto que los delitos por los que pueden ser acusados no proceden necesariamente del manejo de fondos públicos, si no véase los desafueros recientes a alcaldes, el de Medellín o Coatepec fueron por homicidios. Los magistrados del Poder Judicial y los consejeros de la Judicatura, por su parte, también administran recursos públicos, sin embargo, se les concede la preservación del fuero. Este tema, se ve, se improvisó sin reflexión suficiente.

Finalmente, el Comité Coordinador Anticorrupción, se supone que un equivalente al nacional sería un organismo burocrático de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno. Puro rollo.

Investigación de lavado en boca

La detención de unos bienes inmobiliarios al ex secretario de finanzas, pero también ex auditor del Orfis, Mauricio Audirac, concretamente un departamento de lujo, el penthouse frente al mar en una de las zonas más cercanas de Boca del Río, el pequeño Miami, está abriendo una investigación federal sobre lavado de dinero que involucra a personajes de la política y a los negocios de la conurbación porteña.

Y es que ese edificio donde está el penthouse de Audirac –dicen se lo obsequiaron por limpiar cuentas del municipio cuando fue auditor del Orfis- salió a relucir infiltraciones y denuncias hechas por algunos de los empleados despedidos en masa de una empresa local. El giro aparente o pantalla es ”asesoría empresarial”, pero su propietario se ha metido también en restaurantes, aunque su fuerte, según la línea de investigación, es el lavado de dinero a ” exitosos” políticos de la región.

Entre sus clientes de inversiones de blanqueo se cuenta un ex presidente municipal de Boca del Río, otro de un ayuntamiento vecino, y el negocio no distingue colores partidistas, lava tanto a rojos como los azules.

La conexión sale del país, lleva al otro Miami, a Florida, USA, donde le ubican al ex alcalde boqueño más propiedades inmobiliarias lavaditas por medio de su socio, el de la “asesoría empresarial”. Continuará…