+Columna de Eduardo Coronel Chiu, publicada en Diario AZ Xalapa y Veracruz.
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2015-12-04
Hoy entra en vigor la ley general que regula el derecho de réplica contenido en el artículo sexto de la Constitución de la República y con ello se incorpora al espacio público un nuevo marco legal para dirimir las controversias que se susciten entre medios de comunicación y personas físicas y morales, aludidas en ellos.
Diferida largamente la reglamentación de ese derecho constitucional y no sin polémica en las instancias legislativas por la forma y alcances con que se hizo, finalmente ya es ley vigente y las partes involucradas habrán de atenerse a su aplicación. Es una regla más del juego en el posible choque de derechos de las personas físicas u organizaciones dedicadas a la comunicación de noticias y opiniones al público y quienes pueden ser tema de la divulgación informativa. Es un acontecimiento a la libertad de expresión puesto que concede a toda persona el derecho a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas que les aludan pero bajo ciertas condiciones: que sean hechos inexactos o falsos cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.
Quien puede
La otra cara de ese derecho es que podría usarse para acusar a comunicadores y medios. No se duda en que la comunicación pública debe ejercerse con profesionalismo y ética, ni que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, como es sabido, tienen límites constitucionales (ataque a la moral vida privada o derechos de terceros, provoqué algún delito o perturbe el orden público); sin embargo, el derecho de réplica, como sea reglamentado ahora, en la práctica puede facilitar la hostilización a medios.
No por los simples mortales o ciudadanos de a pie, sino por los actores públicos, ya sean funcionario del estado, autoridades o partidos políticos, precandidatos y los candidatos (estos explícitamente reconocidos). No obstante que los personajes de la esfera pública se consideran más susceptibles al escrutinio de la crítica periodística, por el interés ante la opinión pública, la ley del derecho de réplica, sujeta a esta actividad comunicativa al posible debate de la ”información inexacta o falsa”, que agravie de modo “político, económico, en su honor, imagen reputación o vida privada”.
Por otro lado, personas carentes de recursos para sostener un juicio quedan a la buena voluntad del medio de comunicación para lograr una rectificación.
Arreglo voluntario o juicio
La ley reglamentaria define dos procedimientos para la réplica; uno ante el medio de comunicación y otro judicial. El primero es engorroso, pues impone una formalidad procesal y plazos al medio para decidir si procede o no la réplica; el otro requiere de la contratación de abogados, puesto que se trata de un juicio informa que se desarrolla ante el poder judicial de la Federación, concretamente ante un juez de distrito.
La judicialización del derecho de réplica mete a las partes acondiciones desiguales, el acceso a la justicia en este país depende de los recursos que se posean para comparecer a juicios. Personas sin medios para sostener un juicio quedan a la buena voluntad del medio de comunicación para lograr una rectificación. Por otro lado, personas u organizaciones con poder pueden presionar judicialmente a los medios.
La réplica es parte del reclamo por reparación de daños en la vida civil. El juez federal, además de ordenar la publicación puede imponer multas a medios por una serie de supuestos, desde comisiones en el procedimiento o negativa de publicar la réplica hasta incumplimiento de sentencia; muchas son entre 500 y 5 mil días de salarios, y la hay hasta de 10 mil salarios. Además de la carga de las costas del juicio para quien pierda.
Habrá que seguir el uso que se dará a esta nueva legislación.
Que la liquidez viene
En seguimiento al anuncio del día anterior de que el Consejo de Administración de Banobras había aprobado el plan de reestructura de la deuda bancaria del estado, ayer el gobernador Javier Duarte precisó que ya merito llega el dinero.
Adelantó que son 15 mil millones de pesos los de esta operación con Banobras y que se recibirán antes de que termine el año. No entró en detalles de las condiciones, aunque dijo ya había pasado lo más difícil, que era la aprobación de los créditos. Mientras tanto, las demandas de pago siguen en aumento, soltando el dinero a cuenta gotas y conforme a criterios que sólo los de adentro saben.