CRÓNICA LEGIS: Joaquín Guzmán Avilés no sólo desaparece dinero, también al Inmujer

Parece haber muchos diputados en junta. Pregunto por este o aquel, y me dicen “si está, pero en una junta”. Hasta que se me ocurre asomarme a la biblioteca, donde las comisiones unidas de Equidad, Género y Familia, Justicia y Puntos Constitucionales, y Procuración de Justicia, realizan las ya famosas mesas de trabajo para la incorporación y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
De los que puedo reconocer están los diputados Flavino Ríos, Paulina Muguira, Olivia Castañeda, Elena Zamorano, Anabel Ponce Calderón, María del Carmen Escudero Fabre y Martha Lilia Chávez. Después llegaría Fernando Yenes y el director del DIF Antonio Nemi.

Cuando llegué tenía la palabra la ex diputada y jurídica Licenciada Mireya Toto.
Al no ser hombre de leyes no entendí puntualmente de que hablaba, sin embargo, comprendí que señaló una por una las lagunas, incongruencias y demás inconsistencias en la ley analizada. Que no es otra más que la propuesta del Gobernador para tipificar el (y por ende crear la palabra) feminicidio.

La siguiente en intervenir en esta mesa fue la directora de Inmujer Chicontepec, Imelda Torres Sandoval. Quien reveló que el instituto apenas comienza con la actual administración. Empezó su ponencia mostrando una foto de dos mujeres indígenas cargando leña. Con esto, explicó, quiso decir que “antes de correr, se debe caminar”.

Expuso que la ley puede ser muy novedosa, y responder a protocolos internacionales, pero “en Veracruz estamos en pañales”. Acotó que hay un gran rezago en cuanto a la procuración equitativa de justifica.

Señaló que los Inmujer se crean como organismos centralizados que de “como todo organismo centralizado depende de la voluntad del alcalde”. Dio como ejemplo el caso de Inmujer Tantoyuca, que fue cerrado por el actual alcalde (Guzmán Avilés). “Ahora, en esas oficinas están las de Juventud y Deporte”, dijo. Agrego que la documentación y el equipo de loa institución desparecida corrió con la misma fortuna.

Señaló elementos a tomarse en cuenta para esta iniciativa que son: las Inmujer deben coadyuvar de oficio con la investigación del Ministerio Publica, las órdenes de protección se deben enfocar a la etapa de procuración de justicia, y la actualización y armonización de las leyes. Contó, cómo ejemplo, que en ocasiones suele tener problemas con el DIF municipal pues sienten que están invadiendo competencias, o al revés, le llevan casos de mujeres que se pelean entre sí.

Como ejemplo del segundo punto contó el caso de Alba, una mujer que recién operada, le pidió a su marido que la llevara al médico por una molestia. Eso, cuenta, fue razón para que la golpearan porque “daba mucha lata”. Finalmente Alba denunció a su pareja quien fue detenido. Sin embargo el agresor salió bajo fianza y demandó a la mujer por robo y abigeato. “Ahora me la van a meter a la cárcel con una sentencia mayor que la de su agresor, y todo porque no se le pudo dar una orden de protección”, dijo.

En ese punto los dejo. Voy a dar una vuelta. Me encuentro al profesor Jorge Lara de la Fraga, a Mirta Febe Peña Pérez, y otros miembros de la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado (COPIPE).

“Nosotros fuimos los que tomamos las instalaciones del instituto”, presume Jorge Lara.

Acababan de tener una reunión con el perredista Rogelio Franco, y ahora buscaban al diputado Dip. Isaac González, como no estaba partieron dejándome un manifiesto con sus demandas.

Las cuales en resumen son el mejoramiento y transparencia en el uso de los recursos, la revisión y manejo del instituto, y la reivindicación del trabajador jubilado por el Estado. En palabras textuales dicen. “reclamamos Sr. Gobernador su directa intervención a fin de subsanar las inconsistencias legales y administrativas que han sido habituales en la trayectoria del instituto de pensiones del Estado”.

Regresé entonces a la mesa de debate. Ya estaban ahí Yenes Márquez, y tenía la palabra Antonio Nemi Dib.

Señaló que los feminicidios no son espontáneos, sino la culminación de un proceso de reiterada violencia. Detalló que el 40 por ciento de los casos están vinculados al consumo de sustancias adictivas por parte del agresor. Acotó que a pesar de que Veracruz se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a estos casos, de cada 100 mujeres 42 han vivido eventos violentos relacionados al “genero”. Señaló que este concatenamiento de hechos violentos puede iniciar con el gesto más inocuo, y suele culminar con la muerte de la mujer agredida.

Señaló que en Xalapa se han tratado 22 casos “ciertos y graves”. Y enumeró los elementos que han encontrado en ellos: un entorno machista, diferencia de fuerza, relación abusiva de poder, y deficiencias en la impartición de justicia.
Culminó señalando que la “violencia de género” no sólo se expresa en homicidios, que no es la única ni la más frecuente, por lo que esta iniciativa es una oportunidad real y concreta de consolidar y tener las herramientas para disminuir la violencia que víctima a las mujeres.