Aunque poco sorprende la revelación de hechos de corrupción en el sector público mexicano, sabida la proverbial cleptocracia, no deja de ser noticia cuando algún episodio se conoce antes en el extranjero, especialmente en Norteamérica por publicaciones periodísticas que las denuncian o que divulgan la existencia allá de investigaciones criminales.
Como hace un par de años, el Houston Chronicle reveló que un importante funcionario mexicano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –su director de operaciones, Néstor Moreno Díaz, ahora bajo proceso–, recibió un yate, un Ferrari y varios millones de dólares por otorgar contratos a una compañía de Texas y otra de California, según fiscales del caso en USA, esta vez, el escándalo de sobornos a funcionarios mexicanos repartidos por la cadena de tiendas Walmart, lo detonó el pasado sábado el diario New York Times.
De acuerdo con la publicación que tiene como fuente principal a un ex ejecutivo de Walmart, esta empresa distribuyó sobornos hasta por 24 millones de dólares dentro de un plan de expansión de negocios dirigido a controlar en el país el mercado de ventas al menudeo, lo que con creces ha conseguido.
Las operaciones de soborno documentadas corresponden a los años de 2003 a 2005, aunque no se duda de que hayan seguido hasta ahora, dada la creciente expansión de las tiendas de esa cadena que se convirtió en la más poderosa en el país, barriendo a la competencia.
Para fortuna temporal de los funcionarios involucrados, no obstante haber listas de nombres, fechas y montos, sus identidades por ahora no fueron reveladas, sin embargo, la fuente, un ex abogado de Walmart encargado de obtener los permisos de construcción, confesó la existencia del mecanismo de soborno para facilitar cambios de zonas en los mapas, desvanecer objeciones ambientalistas y quemar tiempos en la obtención de permisos. Según la publicación recibieron sobornos «alcaldes. concejales, oscuros planificadores urbanos o burócratas de bajo nivel que expedían permisos de construcción», pero identificó a los ejecutivos de Walmart que lo operaron, quienes incluso fueron promovidos pese a la investigación comprobatoria de las prácticas corruptas.
Ayer, al primer día hábil después de conocida la noticia en USA, cayeron en el mercado de valores las acciones de Walmart, en Norteamérica en Wall Street en 4.6% –ante la investigación inminente del departamento de Justicia por violación a la ley contra las prácticas de corrupción en negocios– y por el jalón, en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron un 12%. Este escándalo le costó a Walmart en un solo día una baja de 7 mil millones de dólares en su valor de mercado. Las autoridades mexicanas de entrada eludieron el tema, la procuradora Marisela Morales se reservó su opinión, pero después la Secretaría de Economía le quitó el golpe al Gobierno Federal, aventando la piedra a los estados y municipios.
Escurriendo el bulto
El comunicado de esa secretaría aclaró que el Gobierno Federal «no ha observado ningún indicio de participación de funcionarios federales en las presuntas prácticas de soborno realizadas por Walmart de México entre 2003 y 2005». Además refirió que la investigación tendría que ver con «funcionarios de gobiernos estatales o municipales. Estas prácticas, de ser verdaderas, habrían tenido por objeto adquirir terrenos, así como obtener licencias y permisos con la finalidad de acelerar la construcción y apertura de nuevos establecimientos, atribuciones que corresponden al ámbito local, ya sea estatal o municipal».
No se mencionó –y quizá la investigación de sobornos no lo contenga–, pero fue sonado que a finales del gobierno de Vicente Fox éste autorizó a Walmart el funcionamiento de un Banco que además de poder recibir depósitos genera tarjetas de crédito. Dicho banco era llamado Walmarta (en alusión a la ex primera dama, Marta Sahagún), para quien en las cajas de los súpers de esa cadena le trabajaban el redondeo para sus fundaciones.
¿QUIÉNES EN VERACRUZ?
El estado de Veracruz no ha sido ajeno a la expansión de Walmart. Hay tiendas de esa cadena en al menos 6 ciudades importantes de la entidad. En Xalapa hay tres; y otras más en el puerto de Veracruz y Boca del Río, en Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos.
¿De a cómo fue el entre en estas plazas y quiénes lo recibieron?
Por las características del caso, no se descarta que nos enteremos por los periódicos de Norteamérica. Seguro que las especulaciones llevarán a la identificación de los funcionarios estatales y municipales que por el tiempo en que abrieron las tiendas debieron participar como «facilitadores» del negocio.
En México, ya se sabe, hay que «entrarle» a Belén cantando. Si no, el asunto no marcha.
TAPÓN AL CHORIQUESO
Rudeza innecesaria o «para qué andas de bocón», el caso es que ayer la Procuraduría General de Justicia del Estado citó a declarar a Marco Antonio Torres, quien es secretario general del Comité Estatal del PAN, para que ofrezca datos sobre las presuntas amenazas y cuotas de la delincuencia organizada a los presidentes municipales de Veracruz.
Ayer, la subprocuradora de investigaciones ministeriales, María del Consuelo Lagunas, en conferencia de prensa, dijo haber abierto una investigación con motivo de las declaraciones del Choriqueso de que algunos alcaldes veracruzanos se han visto obligados a entrar en situaciones ilícitas bajo amenaza de los grupos delictivos, y agregó que «si es alcalde de un pueblo chico no le alcanza para traer escolta y muchas veces optan por dar los 20 mil pesos mensuales de cuota por protección para que no los asesinen».
El citatorio lo tomó el Choriqueso como llamada a misa. A ver si se lo oficializan.
La que metió su cuchara sin tener vela en el entierro fue la directora del Instituto de Desarrollo Municipal del estado. Marilda Rodríguez declaró que al menos diez presidentes municipales han sido amenazados. Seguro la van a llamar, pero no de la Procuraduría, sino de la Secretaría de Gobierno, de donde depende.
