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La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, confirmó que el caso de la sanción que dejó fuera del servicio público a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, continua en tribunales ahora en el ámbito federal
El proceso deriva de la resolución que los inhabilitó por 20 años y los obligó a resarcir un daño patrimonial cercano a 700 millones de pesos por la contratación irregular del sistema de videovigilancia a la empresa COMTELSAT.
La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, confirmó que el caso ya no está bajo la jurisdicción local. “La resolución que emitimos fue impugnada y ahora corresponde al Tribunal Colegiado resolver, en definitiva.
La sentencia de la Sala Regional Unitaria Centro alcanzó al exsecretario de la SSP, Jaime Téllez Marie, y a 3 de sus colaboradores más cercanos. Todos fueron señalados por responsabilidad administrativa y obligados a cubrir casi 700 millones de pesos por el fallido sistema de videovigilancia. Aguilar Jiménez precisó que la función del TRIJAEV se limita a establecer responsabilidades administrativas, aunque reconoció que existen denuncias adicionales presentadas ante la fiscalía general del Estado (FGE). “Lo que resolvemos es la parte administrativa; lo demás sigue su curso en otras instancias”, aclaró. La magistrada explicó que por razones legales no puede divulgar nombres de los involucrados, aunque reiteró que se trata de exservidores públicos de la SSP. “Los nombres no se los puedo dar, pero sí puedo confirmar que pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.
En el ámbito administrativo estatal, el expediente ya fue cerrado y turnado al Órgano Interno de Control para que determine si existieron otros servidores públicos responsables que omitieron sus funciones o actuaron con irregularidades. El caso sigue abierto en tribunales federales y será el Tribunal Colegiado el que determine si se mantiene o se modifica la sentencia original.
Mientras tanto, el millonario daño patrimonial que dejó la fallida instalación de cámaras de videovigilancia continúa siendo recordado como uno de los proyectos más polémicos y costosos en materia de seguridad pública en Veracruz.
