+ Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, ubicada en la Plaza de la Tecnología, ha cobrado más de 182 millones de pesos al gobierno.
Nacionales
REDACCIÓN - 2012-05-06
Con una misma dueña, siete empresas proveedoras de equipos y servicios de cómputo han ganado en los últimos nueve años contratos por más de mil 300 millones de pesos en el sector salud.
Han participado en los mismos concursos y vendido desde discos duros y cintas de impresión hasta electrolitos orales y pañales.
Documentos oficiales y testimonios indican que las compañías Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, Soluciones Tecnológicas Especializadas, Soluciones Administradas en Infraestructuras, Redes y Soporte en Microcomputación, Ofi Store, Oficial Store e Ingeniería en Cómputo y Aplicaciones han violado diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones del sector público en colusión con autoridades.
Las empresas, propiedad de Claudia María Rincón Pérez, consiguieron contratos millonarios del ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud con la misma estrategia: al contar con diferentes razones sociales, al menos dos de ellas se inscriben en los mismos concursos y, en aparente acuerdo con las autoridades, ganan al ser las únicas que pueden cumplir con los requisitos especiales incluidos en las licitaciones.
De acuerdo con información difundida en la página de Compranet, de 2003 a la fecha estas empresas ganaron al menos 97 adjudicaciones por más de mil 360 millones de pesos.
A partir del año pasado, luego de que el IMSS llevara a cabo una "limpia" en sus áreas de compras y cómputo por presuntos actos de corrupción, las firmas incursionaron con el mismo modus operandi en la Comisión Federal de Electricidad.
La CFE puso a concurso la adquisición de más de 18 mil computadoras. De seis empresas que buscaron el contrato, cuatro eran de este grupo. Y, finalmente, a dos de ellas les fue adjudicado.
Uno de los funcionarios de la CFE involucrados en la asignación de este contrato es Jesús Ortiz Beltrán, quien en 2011 fuera destituido del IMSS tras detectarse las irregularidades en el área de adjudicaciones.