Las víctimas visibles e invisibles del sexenio

De acuerdo con las estimaciones realizadas por Leticia Ramírez de Alba, quien elaboró el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves divulgado hace unos meses por la organización México Evalúa, los datos duros indican hoy una realidad igualmente dura: 88 mil 361 homicidios dolosos en el país durante el gobierno de Felipe Calderón y su fracasada guerra contra el narcotráfico; casos en los cuales, aclara la investigadora, no se incluye a las “víctimas invisibles”…

Aunos meses de que deje Los Pinos, las cifras cada vez más crecientes de víctimas de la guerra emprendida por Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico desde el arranque de su gestión, así como las estimaciones sobre el impacto de este problema en amplios sectores de la población, fundamentalmente en el entorno familiar de los afectados, muestran el fracaso de su política de seguridad nacional.

Con base en las denuncias registradas en las agencias del Ministerio Público federal y enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entre diciembre de 2006 y marzo del presente año, 120 mil 692 personas fueron víctimas de tres delitos: secuestro, extorsión y homicidio doloso. Este último es el más oprobioso, pues se registraron 88 mil 361 casos en el periodo referido.

Si se considera que en promedio cada hogar está conformado por tres o cuatro habitantes, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada víctima han sido afectadas aproximadamente 366 mil 478 personas cercanas a ella.

“Si nos atenemos a las cifras oficiales, podemos hablar de un fracaso en la política de seguridad pública de la actual administración”, comenta a Proceso Leticia Ramírez de Alba, responsable del Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) de delitos graves publicado por México Evalúa en agosto de 2011.
Dirigido por Edna Jaime, quien entre 2002 y 2007 estuvo al frente del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el organismo civil se dedica a “elevar la eficacia y calidad de la gestión gubernamental a través de la observación constante de las políticas y el uso de recursos”, según expone en su portal electrónico.
Ramírez de Alba, coordinadora del programa de seguridad pública de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, explica a Proceso que la publicación del IVVI es útil para conocer la dimensión de la violencia en el ámbito nacional y los efectos que produce en los afectados indirectos o invisibles –familiares de las víctimas y amigos cercanos–, para los que, dice, “aún no se ha diseñado una política pública”.
Experta en seguridad pública y transparencia, relata que durante un tiempo fue asesora de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como funcionaria en Gobernación y en el Instituto Federal Electoral (IFE).
Para la investigación y elaboración del índice, México Evalúa consultó al SNSP y al Inegi, en cuyos bancos de datos se incluye información sobre el desempeño de las políticas de seguridad de los sexenios de Calderón, Vicente Fox y los tres últimos años de la administración de Ernesto Zedillo.
Según Ramírez de Alba, en los reportes oficiales sobre homicidios dolosos no se especifica “si el fallecido murió o no debido a su involucramiento con el crimen organizado”. Aclara que aun cuando la Presidencia puso a su disposición una base de datos sobre ejecuciones y muertes presuntamente ligadas al crimen organizado y ataques a las autoridades, la información se desechó.
Y explica sus razones metodológicas: en primer lugar, porque sólo se constreñía a la administración calderonista; en segundo, porque no contaba con elementos para determinar si los fallecidos eran miembros de algún cártel. Incluso admite que las estimaciones no consideran la cifra negra de delitos no denunciados: “Por cada ocho delitos denunciados hay 92 que no se registran. Es importante señalarlo: en esta lista no se considera el homicidio”.
Y agrega: “Con los descubrimientos de fosas clandestinas, con los especialistas para deshacerse de cuerpos y con los migrantes a los que nadie reclama podemos hablar de que también hay una cifra negra en ese rubro; pero no creo que sea mayor a los otros delitos”.
Insiste en la importancia de la medición de la violencia, que no es una simple ocurrencia de México Evalúa. De ahí, recalca, que se haya elaborado el IVVI, pues hay una profunda convicción de que cuando muere alguien, quienes lo rodean son afectados de alguna manera: económica, psicológica o emocionalmente.
“El concepto de víctimas indirectas existe en países de primer mundo. Con sus propias metodologías, los Estados realizan este tipo de estimaciones para considerarlas en el diseño de sus políticas públicas de seguridad, sobre todo cuando se fijan los presupuestos y se plantean cómo ayudar al círculo cercano de las víctimas”, resume la investigadora.
Ahora, dice, la gran pregunta que surge tras la aprobación de la Ley de Víctimas por parte del Senado es “si se consideró la magnitud del gasto que eso implica en un escenario de violencia como el que estamos viviendo”.

Las cifras del IVVI

De acuerdo con los datos del SNSP considerados para la elaboración del IVVI, entre diciembre de 2006 y marzo de 2012 las agencias del Ministerio Público federal registraron 88 mil 361 homicidios dolosos. Ello significa, según la metodología utilizada por México Evalúa, que “más de 257 mil personas se convirtieron en víctimas invisibles de este delito”.
Si se suman ambas cifras, según la entrevistada, estaríamos hablando de casi 346 mil víctimas visibles e invisibles de homicidio en lo que va de la administración calderonista.
En su índice, el organismo civil alude a cifras del Inegi, según las cuales de 2006 a 2010 se registraron 78 mil 202 homicidios. Además, precisa, de entre las víctimas nueve de cada 10 eran hombres. De ese universo, tres de cada 10 eran casados y en edad productiva.
A partir de esa información, sostiene la investigadora, se puede inferir que en ese periodo “24 mil mujeres se convirtieron en viudas y más de 45 mil niños y jóvenes se quedaron sin padre”.
En lo relativo al delito de secuestro, desde que Calderón inició su gestión y hasta el primer trimestre de 2012 sólo se reportaron 5 mil 478 secuestros, de ahí que cerca de 16 mil personas cercanas a los plagiados también resultaron afectadas. En otras palabras, sintetiza el documento, suman alrededor de 21 mil 500 las víctimas visibles e invisibles.
En cuanto a la extorsión, de diciembre de 2006 a marzo de 2012 las agencias del Ministerio Público federal recibieron 26 mil 853 quejas, con lo que, sumado a las víctimas invisibles, la cifra se eleva a 78 mil personas en ese lapso.
Según el índice, los principales impactos de la violencia en las víctimas visibles e invisibles son “desplazamientos, daño psicológico, desintegración familiar, disminución del ingreso familiar y, por ende, de las oportunidades de desarrollo, vulnerabilidad económica y financiera, deterioro de capacidades (salud, educación, protección social), entre otros”.
La información oficial consultada por la coordinadora del diseño y elaboración del índice publicado por México Evalúa revela que en los últimos 15 años los delitos de alto impacto se elevaron, lo que demuestra que los mexicanos corren mayores riesgos de ser víctimas de la delincuencia, sobre todo en la administración calderonista.
Ramírez de Alba relata que durante los tres últimos años del gobierno priista de Ernesto Zedillo el promedio mensual de homicidios dolosos fue de mil 241. Y aun cuando durante la gestión de Fox disminuyó a mil 35, repuntó a mil 381 casos.
En lo concerniente a secuestros, los reportes oficiales indican que entre 1997 y 2000 las agencias del Ministerio Público federal registraron 62 denuncias por ese delito cada mes; de 2000 a 2006 el promedio bajó a 36 (42% menos), pero con Calderón la cifra se disparó a 83 (131%).
En cuanto a las extorsiones, con Zedillo se registraron 136 denuncias al mes; con Fox llegaron a 185 (36%), pero con Calderón los niveles se dispararon a 420 (127%).
Lo que demuestran los datos duros, insiste Ramírez de Alba, es que Calderón y su gabinete no consideraron los costos de la “guerra contra el narcotráfico”; peor aún, no corrigieron sus errores pese a que al poco tiempo del arranque de su estrategia policiaco-militar eran evidentes.
“Toda política pública arranca por saber dónde se está parado y adónde se quiere llegar. Por los resultados, podemos concluir que ni se hizo la evaluación al inicio del sexenio ni están claros los objetivos de la estrategia para acabar con el crimen organizado; por lo menos no son públicos”, apunta.
“Si antes la violencia se focalizaba en ciertas regiones, ahora está diseminada prácticamente por todo el país sin que se tomen las medidas adecuadas para corregir la estrategia. No sé si antes estaban mal las cifras oficiales, pero Tamaulipas y Nuevo León no eran estados violentos, como los que vemos ahora”, comenta.
–¿Qué tan cierto es el argumento de Calderón de que la violencia desatada se debe a que su administración no negocia con la delincuencia, como presuntamente lo hicieron sus antecesores, en particular los priistas?
–A lo mejor Calderón tiene información que nosotros no tenemos. A mí no me consta que (los priistas) hayan hecho algún tipo de arreglo… Los datos que tenemos es que durante los noventa hubo una crisis de seguridad que fue controlada; pero a partir de 2006, con Calderón, esa crisis se rebasó, sobre todo en delitos como el homicidio, uno de los mejores indicadores para medir la violencia.
–¿La salida de 50 mil soldados a la calle a combatir el crimen organizado es el origen de la violencia?
–La impresión que tengo es que en Los Pinos consideraron que el primer operativo en el que se utilizó al Ejército, en Michoacán, desde su punto de vista había sido exitoso, por lo que se replicó en el país. Sin embargo, no se consideró que en cada región, en cada estado, en cada municipio, los grupos delincuenciales tienen características muy particulares, por lo que la forma de atacarlos debe ser distinta en cada caso.
“Hoy vemos que se multiplicaron los grupos delincuenciales y el tipo de crímenes que realizan. Quienes piden el retiro del Ejército han sido motivados por el incremento de las violaciones a derechos humanos, no tanto porque la presencia de las tropas genere más violencia.”

Los yerros

Leticia Ramírez de Alba resalta que los resultados de la política de seguridad del gobierno de Calderón no son compatibles con el incremento exponencial de la violencia, y retoma una investigación publicada por México Evalúa en junio de 2011 titulada El gasto en seguridad. Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la gestión y uso de recursos.
Su autor, José Tapia, sostiene que en 2010 el monto de la inversión en seguridad fue de 197 mil millones de pesos, de acuerdo con la sumatoria de los recursos previstos para ese rubro en los presupuestos de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública; de la Procuraduría General de la República, del Secretariado Ejecutivo del SNSP, así como fondos, transferencias como el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y fondos metropolitanos.
“Esta cantidad representa 97% del presupuesto federal dirigido a educación pública a través del Ramo 11, que en ese mismo año fue de 211 mil 186 millones de pesos. La dimensión del gasto en seguridad es aún más evidente cuando se compara con los rubros presupuestales de desarrollo social (Ramo 20) y el gasto en salud (Ramo 12), a los que les fueron asignados 80 mil 476 millones de pesos y 89 mil 593 millones, respectivamente”, indica el documento.
El balance de la aplicación del gasto en materia de seguridad durante los primeros nueve años de los gobiernos panistas es desfavorable, porque, según Tapia, “el coeficiente de correlación entre el presupuesto ejercido para la seguridad pública y los niveles de incidencia delictiva fue de 0.6, lo que implica que el incremento del presupuesto ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron en lugar de mostrar un efecto opuesto”.
Ramírez de Alba, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y con una maestría en economía en El Colegio de México, insiste en que en el rubro de seguridad “algo no está funcionando” actualmente: “Estamos viendo jóvenes que a los 16 años son sicarios consumados. Hace seis años tenían 10 años, y estoy segura que no nacieron asesinos. ¿Qué dejó de hacer el Estado para que esto ocurriera?”.
Y remata: “Urge una revisión de las políticas públicas en materia de seguridad pública. No es posible que en este sexenio se hayan destinado recursos como nunca a ese rubro y los resultados sean catastróficos”.