Problemas laborales de Fidel Kuri podrían afectar a los Tiburones Rojos

Además de sus irresolutos conflictos con la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, el “dueño” de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, encara severos problemas laborales que se niega a resolver, siempre escudándose en el fuero como diputado federal que incluso pudieran decantar en la inmovilización legal de este equipo de Primera División.

En los hechos, este legislador priista ha acudido a cuanto artilugio legal ha podido para evadir el pago de al menos 10 millones de pesos, más otras costas, que adeuda a 12 ex empleados del equipo jarocho, además de negarse a su reinstalación, pese a que las autoridades jurisdiccionales y laborales respectivas han ratificado una y otra vez la razón a los quejosos.

Como se sabe, Kuri Grajales –impuesto y protegido en el PRI estatal como secretario de Organización, por el controvertido gobernador Javier Duarte- en diciembre pasado recibió de la legislatura local en “comodato y usufructo” el uso del estadio “Luis Pirata de la Fuente”, así como el nombre, marca comercial y logotipo del club deportivo “Tiburones Rojos de Veracruz”, propiedad del gobierno del Estado.

Acusado en enero anterior de haber golpeado y zarandeado con total impunidad a Edgardo Codesal, presidente de los árbitros de la Femexfut, en medio de una superficial controversia arbitral, Fidel Kuri –con lujo de prepotencia, le acusan- no ha tenido el menor interés en llegar a un acuerdo para cubrir la indemnización correspondiente que la ley y los tribunales le obliga para los extrabajadores.

Uno de estos casos, por ejemplo, es el que enfrenta Julio César Arroyo, ya que desde el 6 de Octubre de 2011 la Junta Especial Número 10 de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió el laudo respecto del expediente laboral 111/X/2011 a favor del ex trabajador, en el cual condena “a la reinstalación en la fuente de trabajo, como el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios caídos y otras prestaciones al Club Deportivo Tiburones Rojos”.

Desde que le fue notificado el referido laudo a la tercera interesada (Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, cuyo dueño es Kuri), así como la reciente resolución de la “sustitución patronal”, el también empresario ha hecho caso omiso a la resolución ordenada por el tribunal colegiado en materia laboral, sin que a la fecha exista el menor interés en llegar a un acuerdo para cubrir la indemnización correspondiente del ex trabajador”, señalan los abogados del quejoso.

Cabe señalar que desde el 2003, Julio César Arroyo prestó sus servicios al equipo como Auxiliar Deportivo y el 16 de abril del 2011 fue despedido de manera injustificada. Desde entonces inició un juicio laboral y el caso se turnó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; con fecha 6 de octubre del 2011 se emitió el resolutivo a favor del demandante.

“A través de la representación jurídica del ex trabajador se ha hecho saber a la tercera interesada (Promotora Deportiva), que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo, pero no ha habido ninguna respuesta por la parte del ‘patrón sustituto’. Al contrario, Fidel Kuri y sus abogados han tratado de evitar a toda costa cualquier tipo de acercamiento o negociación”, resaltan los quejosos.

Más aún, Kuri Grajales sigue negando su responsabilidad patronal con los exempleados y ha intentado desligarse del compromiso e interpuso un recurso de revisión, pero el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, le aclaró que dichos agravios a las que hace referencia la promotora ya habían sido estudiados por el Juzgado Quinto.

A pesar de que el extrabajador obtuvo de nuevo una sentencia favorable, el pasado 15 de febrero el representante legal de la Promotora presentó un recurso de inconformidad y ahora serán los mismos magistrados quienes deberán resolverlo en los próximos días. Al respecto, Arroyo estimó que “una vez más” la justicia federal le concederá la razón, al considerar que los “supuestos” agravios promovidos seguirán siendo insuficientes.

Congelamiento de jugadores

El demandante advirtió que durante el trámite emprendido llamado “Planilla de Liquidación” del laudo laboral condenatorio, promoverá como medida cautelar sean señalados “los derechos federativos y económicos de la plantilla actual de jugadores” del equipo veracruzano, para de esta forma “congelar” y que no se puedan vender, ceder o prestar algún jugador a otro club afiliado ante la Femexfut.

Asimismo, tiene contemplado solicitar el apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ver cuál es el procedimiento para poder “inmovilizar” la marca y nombre distintivo del Club “Tiburones Rojos de Veracruz” ante tal organismo.

Esto significa que el gobierno del Estado, al ser propietario de la marca, no podrá modificarla, transmitirla o cederla, tratándose de una “medida precautoria”, mientras no se resuelvan los juicios laborales pues no se pueda disponer de un bien, en este caso intangible, llamado marca.

Lo anterior derivado del conocimiento de que entre gobierno del Estado y la Promotora Deportiva no han llevado a cabo los trámites legales necesarios del registro del “comodato y usufructo” ante el IMPI.