Se ampara la madre de Bermúdez contra la incautación de rancho; FGE omite procesos

María Guadalupe Zurita García, madre del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, consiguió una suspensión en definitiva, que obliga a la Fiscalía General del Estado (FGE) a informarle si la están investigando y proporcionarle una copia del expediente.

Esto, luego de que hace tres semanas se realizara el aseguramiento del rancho La Cartuja, en el municipio de Naolinco, que se informó pertenecía al ex jefe policíaco en el gobierno duartista.

Tras lograr el aseguramiento del inmueble, el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares informó que tal rancho estaría a nombre de familiares de Arturo Bermúdez, por lo cual se estaría investigando la lícita adquisición del lugar.

Ante esto, María Guadalupe Zurita García promovió el amparo 289/2018 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito para conocer por parte de la Fiscalía si la están investigando por su implicación en la propiedad del rancho la Cartuja, y sea citada por la autoridad.

Junto con ella, se indica que hay otros familiares quienes promovieron el amparo, aunque no se específica quiénes son. La promoción del amparo se deriva de una nueva carpeta de investigación iniciada por la FGE el 22 de marzo de este año, con motivo del aseguramiento de la propiedad ubicada en Naolinco, con valor superior a los 40 millones de pesos y que presumiblemente pertenece a Bermúdez Zurita y su familia.

En el escrito de demanda, los familiares recriminan "la negativa y/o omisión de la autoridad responsable de citar los quejosos en su calidad de investigados y/o imputados en la carpeta de investigación abierta en su contra", esto con motivo del aseguramiento de la propiedad y diversos bienes.

La Fiscalía General confirmó al juez federal que sí integra una carpeta de investigación que fue iniciada el 22 de marzo, un día antes de la incautación del rancho muy cercano a Xalapa, "en la que pudieran tener el carácter de investigados".

Sin embargo, la FGE argumentó que con el fin de no quebrantar la reserva de los datos en la etapa de investigación inicial, no podría llamar a declarar a los quejosos, lo que fue refutado por la autoridad federal.