EDUCACION SUPERIOR, OBLIGATORIA Y GRATUITA, UN RETO O UN ROLLO

No habrá quien con racionalidad y sensatez pueda objetar los propósitos del ambicioso proyecto para la educación superior del país que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las discrepancias sobre ideología, politícas públicas y modo de ejercicio de la autoridad, pueden suspenderse para reconocer la importancia de impulsar la cobertura y el acceso universal a la población con pre-requistos de escolaridad, a los estudios de nivel universitario, un nivel vedado sobre todo a grupos de menores ingresos.

La Ley General de Educación Superior aprobada hace un par de dìas en la cámara de Diputados, culmina el proceso legislativo en el Congreso de la Unión- su promulgación por parte del Ejecutivo es mero trámite- con lo que quedaría reglamentada la reforma constitucional de 2019 al articulo 3, en la que se estableció la educación superior como una obligación para el Estado.

Dejando de lado el indiscutible rol estratégico de la educación superior en el desarrollo del país y sus regiones, la principal tarea será resolver el modo en que el Estado Mexicano como rector de la educación enfrentará el enorme reto de concretar su oferta de garantizar este derecho a las personas y cumplir con la obligación que ha asumido constitucionalmente. Además, a esta obligación le ha sumado- en la ley aprobada, la gratuidad, aunque fijada como una progresiva disminución del costo a cargo del alumnado.

Como otras leyes administrativas, la de Educación Superior contiene, definiciones, criterios y objetivos, la distribución de competencias, por supuesto con la Secretaria de Educación Pública a la cabeza, un esquema de coordinación nacional y en los estados, al que se integran las instituciones de educación superior del pais, reglas de planeación, lineamientos para modelos educativos, de evaluación y mejoría, regula la participación de las universidades privadas, así como un capítulo al financiamiento que representa uno de los puntos críticos del proyecto contenido en la ley.

Cabe mencionar que la Ley reconoce la autonomìa de las universidades, condiciona los actos legislativos sobre su organización a una previa consulta, y de igual forma reconoce los derechos laborales del personal universitario.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
Se destaca la directriz de incrementar la oferta educativa en todo el país al igual que la gratuidad. La Secretaría de Educación propondrá un programa de ampliación de la oferta de educación superior a nivel nacional, regional y estatal, con metas de corto, mediano y largo plazo, a más tardar en 2022. Igualmente, para este mismo ciclo se implementará la gratuidad de la educación superior de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023.

FINANCIAMIENTO, EL PUNTO MAS CRÍTICO
Para el financiamiento la Ley reitera la concurrencia de las aportaciones del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas .

Además del financiamiento que hasta ahora se tiene para las universidades públicas, el cual deberá sostenerse, prevén aportaciones adicionales al presupuesto de cada año. En el caso de la federación, se creará un fondo especial, a partir del 2022, el cual renovará anualmente su asignación a fin de disponer de los recursos para garantizar el cumplimiento de la obligación de la educación superior y para el desarrollo de la infraestructura.

Define la Ley una Universidad en expansión que intentará incorporar a los aspirantes hasta hoy excluidos, no admitidos o rechazados, con educación de calidad, vinculada a los sectores sociales y al mercado laboral. Este ambicioso plan estará condicionado a la capacidad institucional de ofrecer respuestas académicas y de infraestructura, pero principalmente al financiamiento.

Habrá que ver como se dan las asignaciónes a partir del próximo año, en el que la decisión será de una nueva legislatura. ¿ De donde se tomarán los recursos extras para financiar el crecimiento de la oferta educativa ? es la gran pregunta.

Mientras no se implemente este proyecto contenido en la ley aprobada y sobre todo se le asignen suficientes recursos presupuestales que competirán con los comprometidos y favoritos del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador la ampliación de la oferta de educación superior de calidad quedaría solo en buenos deseos.

EN VERACRUZ
La Universidad Veracruzana se verá inmersa en ésta transformación . Proyectarla e implementarla será tarea del próximo Rector o Rectora, ya que en el mes de septiembre habrá renovación de la autoridad universitaria.

Por otro lado, el Congreso del Estado deberá homologar la legislación estatal a la Ley General de Educación Superior, dentro de los 180 días siguientes al inicio de su vigencia. Igualmente el Gobierno del Estado tendrá que ir viendo de donde sacará mas dinero para financiar el crecimiento de la oferta educativa universitaria y su infraestructura.

De no haber mas recursos económicos, el reto terminaría en rollo. Ya se sabe que Prometer no empobrece.