 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
La abogada Perla del Carmen Morales Solano, especialista en Derecho Penal, advierte que los penales en el Estado de Veracruz, operan por encima de su capacidad, carecen de espacios suficientes para la rehabilitación y mantienen una deuda pendiente con las mujeres privadas de la libertad.
Entrevistada sobre está problemática dijo que la reinserción social en Veracruz sigue siendo, en muchos casos, más una aspiración que una realidad. Así lo sostuvo la abogada Perla del Carmen Solano Morales, cuestionó las condiciones en que operan los centros penitenciarios de la entidad y advirtió que la sobrepoblación carcelaria continúa siendo uno de los principales obstáculos para cumplir con el objetivo de reinsertar a las personas privadas de la libertad en la sociedad.
La jurista explicó que la reinserción social implica que una persona pueda regresar a la vida comunitaria como un ciudadano funcional, con capacidades para trabajar, desarrollarse y respetar la ley. Sin embargo, aseguró que las políticas públicas dirigidas a este propósito no han logrado responder a las necesidades reales del sistema penitenciario estatal.
Carceles operan en 112.8% de su capacidad.
De acuerdo con datos citados por la litigante, obtenidos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI, las cárceles veracruzanas operan al 112.8 por ciento de su capacidad, situación que genera hacinamiento y limita la implementación efectiva de programas de capacitación, educación y formación laboral.
“Cuando existe sobrepoblación, también aparecen problemas de seguridad, dificultades de gobernanza y violaciones a los derechos humanos”, señaló. La especialista recordó que incidentes recientes ocurridos en centros penitenciarios evidencian las complicaciones que enfrentan custodios y autoridades para mantener el control en instalaciones que albergan a más personas de las previstas originalmente.
Necesario un penal femenil
Uno de los puntos que destacó fue la situación que viven de las mujeres privadas de la libertad. Desde una perspectiva de género, criticó que Veracruz aún no cuente con un centro penitenciario exclusivo para mujeres, pues los llamados sistemas mixtos no atienden adecuadamente las necesidades específicas de las internas.
Explicó que entre la población penitenciaria femenina existen mujeres embarazadas o madres que deben permanecer junto a sus hijos durante los primeros meses de vida, circunstancias que requieren instalaciones y políticas especializadas para garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de niñas y niños.
Al referirse al anuncio de la gobernadora Rocío Nhale García sobre la construccion un nuevo centro de reinserción social en la entidad, reconoció la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria, consideró que dicha obra representa una obligación pendiente del Estado y no un logro que deba celebrarse anticipadamente.
“Esperaré a ver resultados concretos”, afirmó, al tiempo que adelantó que dará seguimiento al desarrollo de este proyecto.
La abogada sostuvo que la verdadera reinserción social debe construirse a partir de los ejes establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre ellos la atención a la salud física y mental, la educación y la capacitación para el trabajo.
Existe en penales programas para reos
En ese sentido, indicó que actualmente sí existen talleres dentro de algunos centros penitenciarios, como carpintería, tejido, artesanías, pintura y tallado de madera. Sin embargo, advirtió que estos programas resultan insuficientes para la cantidad de internos que requieren acceder a ellos.
También consideró necesario diversificar la oferta de actividades, especialmente para las mujeres, con programas que les permitan desarrollar habilidades productivas y mejorar sus oportunidades al recuperar la libertad.
Respecto a la educación, recordó que la legislación permite que las personas privadas de la libertad continúen sus estudios. Sin embargo, señaló que el esfuerzo institucional todavía es limitado y depende de una mayor participación de universidades, centros educativos y organismos públicos.
Reconoció el trabajo realizado por el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), cuyos programas permiten que personas recluidas concluyan estudios de primaria, secundaria o bachillerato, aunque admitió que las oportunidades para cursar carreras técnicas o universitarias siguen siendo escasas.
No hay gobernanza en penales
Cuestionada sobre si existe gobernanza en los penales veracruzanos, fue categórica: “No”.
Argumentó que resulta difícil hablar de una adecuada administración penitenciaria cuando los centros se encuentran rebasados en capacidad, con espacios insuficientes y condiciones que favorecen conflictos, riñas y hechos violentos.
Como ejemplo, explicó que supervisar una celda diseñada para seis personas pero ocupada por una docena de internos representa un desafío permanente para el personal de custodia y aumenta el riesgo de confrontaciones.
La abogada penalista, Perla del Carmen llamó a transformar los centros penitenciarios en verdaderos espacios de reintegración y no únicamente en lugares de confinamiento.
“Hoy son edificios que contienen personas, pero no necesariamente espacios que les brindan un trato digno y oportunidades reales de cambio”, expresó.
Reflexionó que la sociedad debe asumir que la reinserción social no sólo consiste en castigar a quienes infringieron la ley, sino también en ofrecer herramientas para que puedan reconstruir su vida y reincorporarse de manera positiva a la comunidad. “Si nosotros no nos damos a la tarea de enseñar que se puede ser una buena persona, nadie más lo hará”, concluyó.
