El intervencionismo indebido señalado al Presidente de la República, Felipe Calderón, a favor de su partido, el PAN, mediante diversas estrategias, unas más sucias que otras, en violación de la imparcialidad que debe observar por razón de su investidura como jefe de gobierno y de estado, continúa siendo uno de los mayores riesgos del actual proceso electoral.
El declinante gobierno de Calderón enfrenta, no sin razón, duras críticas de sus principales adversarios políticos, el PRI y el PRD, no sólo debido a los precarios e insatisfactorios resultados, especialmente por la elevación sin precedentes en el país de la violencia por la delincuencia organizada y la inseguridad, el incremento de la pobreza y el débil crecimiento económico, el deterioro del empleo y los salarios, sino también por la intención de debilitarlos con el uso ilegal de los recursos del Estado Mexicano.
La injerencia presidencial en distintos flancos se encuentra en el centro de los debates y las acusaciones del proceso electoral en curso, y son una constante, tanto las vías más comunes, como la aplicación clientelar de los programas sociales del Gobierno Federal –la Sedesol y Oportunidades–, como las utilizadas selectivamente en otros procesos electorales; entre éstas la exhibición de las deudas públicas de los estados gobernados por rivales partidistas, al igual que la politización de la seguridad pública –los gobiernos del PRI entregaron la plaza a los cárteles– controlando a los estados con la presencia de las fuerzas federales, Ejército, Marina y Policía Federal. Sin faltar el uso faccioso de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual, pese a sus conocidos antecedentes de fracasos –por ejemplo el Michoacanazo en 2009– parece imponerse ahora como una de las armas favoritas junto con el uso de los medios de comunicación, en su modalidad de las filtraciones, para amplificar sus temas e intentar bajar la intención del voto, sobre todo al PRI, percibido como el partido a vencer, el nuevo enemigo de México, en su lema implícito del golpeteo de la guerra sucia.
Calumnia que algo queda
Es claro que uno de los objetivos mediáticos de la presidencia en las actuales elecciones ha sido meter en la agenda pública la influencia del crimen organizado y particularmente su vinculación con el PRI. La reiteración es reveladora del estilo. El desbordado problema de violencia del narcotráfico y su combate militar –más de 50 mil muertos en cinco años de Calderón–, percibido por muchos como evidencia de la errónea estrategia presidencial y su fracaso, lo ha pretendido derivar en un mensaje de desconfianza hacia el PRI, favorito en las encuestas, de que si éste partido ganara, como vaticinan las encuestas, pactaría con el narco, como supuestamente lo habría hecho en el pasado. El tema lo metió Calderón hace unos meses en el New York Times, en una entrevista que le valió airadas reacciones de los priistas y lo sigue repitiendo; en los medios nacionales atribuyó la derrota de su hermana Luisa María en las elecciones para gobernador en Michoacán a la intimidación de un cártel a votantes a favor del PRI, partido que ganó esas elecciones. A principios de febrero los replicó en el periódico norteamericano Washington Post (WP) –reproducida en diarios nacionales– con el escandaloso titular de «Narcos podrían imponer títeres en 2012», «cuando el país lucha por escapar de la sombra de décadas de corrupción y de un gobierno de partido único», es decir, el estereotipo negativo de los gobiernos priistas del pasado, mientras «fuerzas oscuras andan a la caza del poder».
La más reciente ofensiva implementada debajo del agua en los medios de comunicación han sido tres ex gobernadores del PRI de Tamaulipas –Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– y el manejo en medios nacionales del aseguramiento de los 25 millones de pesos en efectivo al Gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca, con el sospechosismo periodístico inducido de que eran para la campaña de Enrique Peña Nieto. No hay en estos últimos episodios ninguna acusación de la PGR ni evidencias que demuestren la comisión de algún delito. En el caso de Tamaulipas, la alerta migratoria para impedir la salida al extranjero de los ex gobernadores, de la que se retractaron pero reconocieron una investigación abierta, fue seguida de una filtración periodística a un medio nacional de una supuesta investigación en Norteamérica, en la que un supuesto «testigo protegido» declara en la agencia antidrogas, la DEA, que el ex gobernador Tomás Yarrington recibió durante su mandato (1998-2004) dinero del Cártel del Golfo. No hay juicio en USA contra Yarrington, pese al largo tiempo transcurrido desde que dejó el cargo, 8 años, tampoco solicitud de extradición; como no hay acción penal contra funcionarios del gobierno de Veracruz, pero no devuelven el dinero asegurado. Mientras lo retengan alimentan las especulaciones.
Los objetivos no son judiciales –hasta ahora– sino mediáticos. Blancos de guerra sucia.
La siguiente parada de Calderón, partidizar aún más la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, acaba de ser denunciada conjuntamente por el PRI y el PRD. Según acusaron ayer, era inminente la sustitución del actual fiscal, José Luis Vargas, por uno todavía más a modo para el Presidente Calderón y su estrategia partidista. Por la noche la PGR notificó el nombramiento de Imelda Calvillo.
Lo increíble, no es la verdad
La desesperación de los Yunes Linares e hijos tras la cadena de derrotas y la que viene es manifiesta. Primero perdieron con Ernesto Cordero frente a Josefina Vázquez Mota, luego el papá de los perritos perdió la candidatura a diputado plurinominal, y ante la caída que se avecina el próximo domingo para Fernando Yunes Márquez en la elección interna para el Senado, sacaron de nuevo las uñas, pero dejaron las huellas. Les falló la intentona de amarrar navajas entre los dos candidatos más adelantados, Julen Rementería y Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, con la circulación de los rumores de que el primero cedería la candidatura al segundo, seguida de la falsa versión de que ya había rompimiento entre ellos, pues Julen habría atribuido a Pipo la difusión, ya que éste estaba colocado en las preferencias debajo de Yunes Márquez. Ayer Julen desmintió que hubiera roto la alianza con Vázquez Cuevas.
Lo que resulta increíble es la encuesta difund
ida ayer por Fernando Yunes Márquez. No hay quien crea que siendo un recién llegado a la política de Veracruz y del panismo, debutó en el estado para las elecciones de 2010, resulta ser no sólo el más conocido, sino el favorito de la población en general y de los militantes del PAN. Según la encuesta mandada a hacer a la empresa BGC de Ulises Beltrán, el desconocido Yunes Márquez es el preferido con el 51%, rebasando a Julen Rementería por 31 puntos y al Pipo Vázquez por 49 puntos. La encuesta de risa contribuye al descrédito de las empresas dedicadas a la medición de la opinión pública en tiempos electorales. Además hace recordar que en las elecciones de 2006, Ulises Beltrán admitió en una conferencia haber alterado una encuesta de intención del voto dos semanas antes de las elecciones presidenciales, reportando con falsedad un supuesto empate técnico entre López Obrador y Felipe Calderón, en contubernio con el diario La Crónica, para «dar un golpe editorial que pudiera incidir en la contienda electoral». Más de lo mismo. Pero ni así.
