El fallo unánime emitido en las primeras horas de ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarando válidas las elecciones de gobernador en Michoacán sepultó en definitiva las pocas esperanzas que le quedaban al presidente Felipe Calderón y a su hermana Luisa María de revertir la derrota sufrida por ambos y su partido, el PAN, a manos del priista Fausto Vallejo en noviembre pasado.
Acabaron las especulaciones de que la sala central del TEPJF podría seguir un criterio similar al de su Sala Regional, que invalidó recientemente la elección de ayuntamiento en Morelia y de que se atendería el reclamo público del presidente Calderón atribuyendo el triunfo del PRI en la Gubernatura a la intimidación de los votantes por parte la delincuencia organizada y al clima de violencia generalizada que había prevalecido en las elecciones.
Al filo del tiempo límite –hoy toma posesión Vallejo– el TEPJF resolvió las impugnaciones desbaratando los argumentos de la narcopolítica esgrimidos para anular la elección de gobernador. El cuento inventado por Calderón y la Cocoa fue declarado infundado e inoperante. El proyecto de sentencia que ya se había hecho público en la página web del magistrado ponente Flavio Galván Rivera desde el 3 de febrero, ayer fue confirmado. La última instancia jurisdiccional en materia electoral concluyó que, contra la versión del PAN y la Presidencia de la República ampliamente sostenida en los medios de comunicación, nacionales y americanos, no existieron elementos de prueba que confirmaran que se afectó la equidad de la elección de gobernador, ni se afectó la libertad de sufragio, tampoco se acreditó que con motivo del proceso comicial se haya registrado un clima de violencia generalizada que incidiera en la participación ciudadana, ni que los hechos denunciados tuvieran vinculación con el procedimiento electoral. Sin dejar de reconocer en la resolución el hecho del homicidio del alcalde panista de La Piedad y la publicación de un desplegado presuntamente intimidatorio, ambos ocurridos en el curso del proceso, no hubo manera lógica de conectarlo como querían los impugnadores de la elección. Menos cuando del análisis de la votación encontraron que su estadística era similar a la de otros procesos electorales, lo que echó abajo además la falsa afirmación de la violencia había inhibido el voto. Quedó claro que para el TEPJF primero está la tutela del derecho a votar, proteger la eficacia del voto ciudadano, en tanto no se configuren los extremos de nulidad, que no pudieron ser probados. Dan lección de autonomía; de que la justicia electoral no está al servicio de las ambiciones personales del Presidente de la República y de su hermana, quien por cierto, para no quedar desamparada, fue inscrita por el PAN como candidata plurinominal segura al Senado. No le queda nada que alegar a los hermanos Calderón y al PAN contra la verdad jurídica de que es falso que la delincuencia organizada haya hecho ganar al PRI el Gobierno del Estado en Michoacán. Reciben en su revés, su propio Michoacanazo.
PIPO ENCUESTAS
Si Fernando Yunes Márquez –el hijo de papi Yunes (no papayones)–, se compró su encuesta a la medida en la sastrería BGC de Ulises Beltrán, conocido adulterador de mediciones, para lucir como el más conocido y favorito, con mucho, de los panistas para ser candidato a senador, el Pipo Alejandro Vázquez Cuevas no se quedó atrás con la suya, pero a lo ranchero. En su encuesta atribuida a Metropolitan Group (¿what?) el Pipo se presenta «a la cabeza de las preferencias de activos y adherentes», otorgándose 7.8 (en una escala del 1 al 10), concede el segundo lugar a Julen Rementería con 6.9, apenas dos décimas debajo de Fernando Yunes Márquez, con 6.7 (no sabía que éste en la suya lo había dejado en la cola a una distancia a 49 puntos), y Mauricio Duck con 5.8.
La supuesta metodología utilizada por Metropolitan Group es más que una vacilada, una chambonería grotesta ausente de todo profesionalismo que apenaría a cualquier encuestador medianamente formado en técnicas estadísticas. La Pipo encuesta se basa en «los datos publicados por los precandidatos», «aquí se ponderó la información» y «filtró con la militancia panista». Además se «centró en darle un 21% de los resultados a la cercanía con panistas en la pre campaña». De este chilaquil de Naolinco deducen variables extravagantes como la victoria categórica (no cualquier victoria) por municipios visitados y eventos, lo que representa –ojo– ¡más de 40 mil panistas de mano! (¿qué es eso, saludados o qué?) No indica, en cambio, la tasa de abrazos recibidos, la que podríamos inferir con lógica silvestre que también en ese rubro obtuvo una victoria categórica. Otro tanto se lleva el Pipo en la variable kilometraje recorrido, con odómetro a ojo de buen cubero. Donde ni la burla perdona es en la preparación académica, igualmente tomado en cuenta por la encuestadora pipito, el hoy ostentado intelectual Pipo Vázquez se atribuye un posgrado y dos carreras (será doctor dísel, dice él), no precisa en cuantas entradas o si son carreras de relevos, omitiendo por cierto a su alma mater (de él y otros muchos alemanistas), a la que entró lechero y salió licenciado, la tristemente célebre Universidad cuac-cuac de San Luis. Parece que su única ventaja es la comparativa, ser menos antipático y nefasto que los Yunes Linares-Márquez.
Es bien sabido que en tiempos electorales las encuestas a modo suelen utilizarse como propaganda sin ninguna ética profesional, ni confiabilidad ni validez. Pero los panistas en su elección interna al Senado, que se llevará a cabo este domingo, están recurriendo a los estilos más burdos de esta práctica.
SIGUE LA TUNDA A LA REFORMA JUDICIAL DE SOSA
Decididos a que sean los externos los que vapuleen el esperpento de reforma judicial enviado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constituciones, que preside Flavino Ríos, recibieron esta vez a los integrantes del Tribunal Electoral del Estado. La línea de demolición presentada por el magistrado Presidente Daniel Ruiz y secundada por José Álvarez Montero y Gregorio Valerio, machacó en los temas expuestos a principios de mes por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: la pretensión del presidente del Tribunal Superior y el Consejo de la Judicatura de quitarles el manejo de su presupuesto y la consiguiente autonomía. Daniel Ruiz abrió fulminante con la denuncia a su exclusión en la cuestionada iniciativa: «Es lamentable que sea aquí y no en el seno del Poder Judicial adonde tengamos que acudir a fin de defender la postura del Tribunal Electoral, rematando el uno-dos, con que su posición es muy simple: «exigir respeto a la autonomía e independencia a cada uno de los tribunales que conforman el Poder Judicial del Estado».
Si las escandalosas pensiones de magistrados que sueñan –dicen que para las viudas– porque nadie de ellos se jubilará, también contenidas en la reforma, están en la lona por el rechazo de la ciudadanía, la centralización del poder administrativo y el sometimiento a los otros tribunales se tambalea. Tras sendas golpizas a ese tema, ya van dos tribunales agraviados –el Contencioso Administrativo y el Electoral– falta el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que, se sabe, irá a pegar al mismo sitio. Mientras sigue la lluvia de golpes, la comisión de Flavino Ríos no le tira la toalla a Sosa. Parece que quieren ver más sangre. Que la mentada reforma se caiga sin que la tiren los diputados. Y eso que ya el magistrado Sosa la había planchado con el diputado Eduardo Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, que si no.
