Plagado de irregularidades y observaciones, como ya es mala costumbre que no termina de corregirse, resultó el informe rendido ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados a las cuentas del gasto federal en 2010.
Dado que en esquema de financiamiento del gasto federal participa toda la estructura gubernamental del país –los tres poderes de la unión, los órganos autónomos, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal y ayuntamientos– la exhibición de los señalamientos de ineficacia, incumplimiento o violación de normas para el uso de recursos, falta de austeridad, desvíos y probable daño patrimonial en que incurrieron sus servidores públicos, contenido en el informe de la ASF, les pega a todos. Las pocas entidades públicas que escaparon a las observaciones hay que encontrarlas con lupa.
El resultado del más reciente trabajo de rendición de cuentas nacionales, obligación de los que ejercen dinero público, trae de nuevo a la agenda el hecho de que gastar sin apego a las normas, con escaso beneficio a la colectividad, y no pocas veces con corrupción, es todavía uno de los problemas de la democracia mexicana. Si bien el volumen ejercido es multimillonario y el tamaño del sector público nacional gigantesco, no por ello se justifican las 9 mil observaciones resultantes de las más de mil auditorías practicadas por la ASF, de las cuales cerca de 1,800 son promociones de responsabilidad administrativa sancionadora y 98 denuncias de hechos probablemente delictivos.
Para que dejen de taparse con la misma cobija, el auditor Juan Manuel del Portal propuso además de la ampliación de facultades a la ASF, que tenga dientes, la creación de un Tribunal Federal Autónomo dedicado exclusivamente a sancionar los actos de corrupción de servidores públicos.
TODOS AL BALCÓN
Entre los temas principales ventilados por la ASF, algunos son conocidos –ya habían sido escándalos en los medios de comunicación– como el chanchullo de las fiestas del Bicentenario, donde el Turissste subcontrató ilegalmente contratos por varios miles de millones de pesos, o la construcción de la estela de luz excedida en varias veces su presupuesto original, así como el dispendio en la construcción de la nueva sede del Senado–, lo nuevo sería los dictámenes contables y jurídicos de la auditoría que los fundamenta y establece como irregularidades. Pero hay infinidad de temas que una vez hechos públicos darán lugar en los próximos días al análisis y comentario, abrirán polémicas y exigencias de responsabilidad. Desde ayer saltaron al escrutinio público, además de los mencionados, entre otros, la discrecionalidad abusiva con que la Presidencia de la República triplicó el gasto autorizado en comunicación social; la desproporción del gasto en Seguridad Pública federal, mientras se ha incrementado la incidencia delictiva, los pagos sin comprobación de la Secretaría de Gobernación para fiestas de empleados, los desvíos de recursos en Conaculta y el INAH; los gastos sin comprobación de la Policía Federal por 600 millones de pesos, el pago indebido en demasía en los Juegos Panamericanos; los 900 millones de pesos de Procampo entregados preferentemente a funcionarios del agro; el cochinito que no reintegró el IFE por 348 millones de pesos y las omisiones de la Secretaría de Hacienda para prevenir el lavado de dinero y financiamiento ilegal en instituciones auxiliares del crédito, como sociedades financieras y uniones de crédito. Los estados también se llevaron su parte, además de las observaciones particulares en los distintos fondos, la ASF destacó su elevado endeudamiento sin mejoría en sus índices de pobreza y rezago social, situación de la que no está exento Veracruz, cuya deuda creció en 116.1% en el periodo 2008-2010, al tiempo que aumentó también su población en condiciones de pobreza. Igualmente para los estados la observación de pagos improcedentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que deberán reintegrar en conjunto 10 mil millones de pesos.
DICTAMEN NEGATIVO
Por segundo año consecutivo la Auditoría Superior de la Federación dictaminó para Veracruz en forma negativa la revisión efectuada a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
El ejercicio de ese fondo por 18 mil 739 millones de pesos que corresponden aún al gobierno de Fidel Herrera Beltrán, únicamente transfirieron a la Secretaría de Educación 12 mil 625 millones; al intentar aclarar donde había quedado la bolita, la actual administración sólo pudo solventar en forma parcial. De los 6 mil 114 millones de pesos extraviados y con destino desconocido, se comprobaron 3 mil 602 millones; quedaron pendientes 2 mil 511 millones de pesos.
Concluye su dictamen la ASF señalando que «se desconoce el destino y aplicación de los recursos por mil 312.9 mdp», de los que en la SEV aseguran tampoco haber visto, pues no les llegaron. Asimismo, se establece que no hay evidencia documental de las aportaciones patronales SAR-Fovissste por las que aseguraban haber pagado 789. 4 millones de pesos. El resto son observaciones sobre erogaciones efectuadas, pero no reconocidas, pues según la ASF, no proceden conforme a la normatividad.
Todavía son historias del último año de Fidel, de los pasivos heredados.
