La llamada veda electoral o silencio relativo de partidos y candidatos por el periodo de intercampañas que ayer empezó y que se extenderá por mes y medio hasta fines de marzo no detuvo el combate entre actores políticos.
Salvando en las formas toda exhortación al voto, tal como lo prohíbe el Código Electoral federal (Cofipe) y lo puntualizó el Instituto Federal Electoral (IFE) en sus recientes acuerdos, para no ser penalizados por cometer actos anticipados de campaña, la lucha electoral y el golpeteo político, amplificado en los medios de comunicación, se manifestó ayer en acusaciones cruzadas entre el PRI y el PAN; Andrés Manuel López Obrador, del PRD, sigue en el limbo de la república amorosa, y el candidato de última hora del Panal, el desconocido Gabriel Quadri, apenas se está instalando y anda tan desubicado que dice no conocer a la dueña del partido que lo postula como su peor es nada para la elección presidencial de julio próximo.
La dirigencia nacional del PRI, que ante la embestida del presidente Felipe Calderón para desacreditar a su partido con declaraciones a los medios y filtraciones periodísticas acerca de los presuntos vínculos de sus militantes con la delincuencia organizada, lo ha acusado de intervenir indebidamente en el proceso electoral, y entre otras modalidades, de hacer un uso faccioso de la Procuraduría de la República, ayer le dio una revolcada al gasto público del gobierno de Calderón, apoyándose en el informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2010.
Hay mucha tela de donde cortar en ese informe, del que con facilidad los adversarios políticos pueden fundamentar las acusaciones al gobierno de Calderón de opacidad, manejo discrecional de los recursos públicos, de ser caro e ineficiente y de realizar gastos millonarios superfluos en agravio de los mexicanos. Le plantaron sus fracasos, corruptelas y oscuridades: en combate a la pobreza, el aumento en más de 5 millones de pobres, la desatención a numerosas familias (3.1 millones de familias excluidas), el sub ejercicio de 30% del programa de apoyo alimentario; en seguridad pública, el incremento delictivo de 119%; el atraso educativo y en materia de salud; además de los casos más notorios de posible corrupción, la famosa estela de luz, despilfarro de más de 3 mil millones de pesos, los gastos ilegales del Bicentenario vía el Turissste, las omisiones de supervisión en guarderías y casinos, donde han ocurrido lamentables siniestros. También hablaron de la caja negra, el excesivo manejo discrecional de la Secretaría de Hacienda, a través subejercicios y de la transferencia de fondos por 16 mil millones de pesos a fideicomisos y mandatos, paraísos de la oscuridad, de los que no se rinden cuentas a nadie. Ya advirtieron que en la Cámara de Diputados difícilmente se aprobará esa cuenta pública.
EL CASO VERACRUZ
La politización del aseguramiento hecho a fines de enero por la Procuraduría General de la República (PGR) de las maletas con 25 millones de pesos que transportaban funcionarios del Gobierno del Estado para pagos en efectivo de eventos de promoción turística, también tuvo movimiento ayer.
No obstante que la PGR no pudo entonces ni ha podido hasta ahora establecer la existencia de ningún delito –y por ello debió liberar a los dos empleados que habían sido detenidos– y a las pruebas aportadas por el Gobierno del Estado para acreditar el origen y fin lícito del dinero, dichos recursos no se han devuelto. No se sabe si ya la Comisión Nacional Bancaria (CNB) rindió el informe requerido por la PGR del origen del dinero, aunque parece que ésta, en la línea facciosa del presidente Calderón (ya que mediáticamente se ha querido vincular el tema con la campaña de Enrique Peña Nieto), le sigue haciendo al cuento para mantener un ambiente especulativo explotable en tiempos electorales.
Como la retención del efectivo del Gobierno de Veracruz linda ya en la ilegalidad, ayer protestaron los diputados federales veracruzanos del PRI. En conferencia de prensa en el palacio legislativo de San Lázaro la bancada priista, encabezada por su coordinador Juan Nicolás Callejas, exigió a la PGR la devolución del dinero asegurado, toda vez que «el traslado de dinero fue una operación legal y acreditada, a la cual se le ha querido dar un manejo político».
Y para que no quede duda de ese móvil, ayer mismo el senador veracruzano del PAN, Juan Bueno Torio, fue a seguir con el show a la PGR. Apuntado para seguir en la ubre otros tres años, pues va de candidato a diputado plurinominal, gracias a sus ligas con Vicente Fox y sobre todo a la candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, Bueno Torio trata de pagar esos favores con su participación en la guerra del lodo.
Ayer acudió a la PGR a presentar una denuncia contra de funcionarios del gobierno de Veracruz por el asunto de los 25 millones, sin ningún sustento ni prueba, evidentemente con el propósito de llamar la atención, y con fines de golpeteo político-electoral intentar mantener el asunto unos días más en la agenda noticiosa.
En situaciones normales, una denuncia tan endeble como la de Bueno Torio sería desechada de inmediato por frívola y temeraria. Los hechos comprobables que refiere (del 1 al 6) son los mismos que obran en la averiguación de la PGR, incluso se lamenta de que los dos funcionarios del Gobierno del Estado hayan sido puestos en libertad «tras la acreditación de no haber cometido ningún delito en la transportación del dinero de Veracruz al DF» (inexacto, pues fueron detenidos en Toluca). Sin embargo, a partir del hecho 7 exhibe una clara manipulación narrativa para basarse en que «infinidad de medios de comunicación han dejado de manifiesto, incluso algunos aseguran» (que su destino era las campañas del PRI), aseveración que evidentemente no es un hecho, sino una especulación, conjetura, juicio u opinión. Su lógica panista lo lleva a la inválida conclusión «que lo anterior resulta a todas luces ilegal». Una farsa.
Si la denuncia no tiene sustento, tampoco el denunciante. Aparte de su inocultable motivación partidista, Bueno Torio no puede presumir de solvencia moral para acusar de ilícitos. Es de todos conocida su larga cola de corrupción, la cual se extendió y ramificó a su paso de 2003 a 2006 por la Dirección General de Pemex Refinación, donde se recuerda operó como eje de una red de tráfico de influencia en beneficio de familiares y amigos en particular en el ramo del transporte, como en negocios con contratistas favorecidos ligados al grupo político y familiar de la pareja presidencial Fox-Sahagún, a través de los hijos de ella, los chicos Bibriesca, y para el cruce sexenal, las concesiones gasolineras de la familia del difunto Juan Camilo Mouriño. Su historial ha sido ampliamente difundido en medios de comunicación y en investigaciones de la PGR y la Secretaría de la Función Pública; El brazo de la justicia se quedó cerca –varios ex colaboradores fueron sancionados por corruptelas, de las que no podría haber sido ajeno– fue salvado por sus protectores políticos, beneficiarios del negocio en Pemex. Es cochino y además trompudo.
