ASUNTOS PÚBLICOS: INTERVENCIÓN ELECTORAL DEL PRESIDENTE

Es preocupante para la gobernabilidad del país y las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral sucesorio, que el presidente Felipe Calderón siga atizando la hoguera electoral con sus constantes intervenciones ilegales en favor de su partido, el PAN, mismas que rompen la equidad en la competencia en abierta provocación a sus adversarios políticos y en desafío a la autoridad del árbitro, el Instituto Federal Electoral (IFE).

Como si se sintiera por encima de las leyes, cuando es el primero obligado a su cumplimiento, Calderón no ha cesado en su propósito de atacar a los partidos rivales al suyo, ni de remolcar a los candidatos de su partido. Señalado ya en repetidas ocasiones de intromisión indebida –el lodo arrojado a lo largo de los recientes meses a todo lo que huela a PRI y sus gobiernos– ayer Calderón volvió a las andadas.

En una reunión privada con más de 700 consejeros del Banco Nacional de México (Banamex), Calderón tuvo una desafortunada pero nada inocente intervención en la que aludió a la competencia por la Presidencia de la República, asegurando que según sus encuestas, Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, prácticamente había alcanzado al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, comentando que iban muy parejos, sólo 4 puntos de ventaja para éste, y hasta mostró una gráfica de la tendencia.

Imposible de mantener la reserva con un público de 700 personas, varios de ellos, sorprendidos por la desfachatez del mandatario, revelaron a la prensa los dichos calderonianos, sin embargo, al desatarse la polémica reactiva, el Presidente y los panistas recurrieron al cinismo de negar lo evidente. Eustaquio de Nicolás, consejero de Banamex, quien participó en la reunión, declaró: «el presidente nos dijo que los candidatos están muy parejos, que va a ser una elección muy reñida y que ya está entre Josefina y Enrique, a sólo 4 puntos». Otro consejero de Banamex, Rodrigo Campos Reyeros, sostuvo que el presidente incluyó en su presentación general el documento de los resultados de mediciones electorales, y en uno de ellos se apreciaba que la contienda tiene una tendencia a cerrarse. Y agregó, «el presidente habló de una distancia mínima de 4 puntos». Pese a tales testimonios de lo ocurrido, todavía Calderón se atrevió a negarlo. Como auto vocero corrector, lo que quiso decir el Presidente fue «qué duda cabe, tenemos una democracia muy vigorosa, un electorado muy responsable. Y que va a ver una elección muy competida».

La Presidencia de la República subraya que el mandatario en ningún momento opinó ni mencionó a los aspirantes presidenciales en contienda (menos confianzudamente llamándolos Josefina y Enrique), sus partidos o sus propuestas programáticas. De la encuesta Felipito, ni una palabra.

Haciendo eco de las declaraciones de su jefe, el Presidente del PAN reiteró la versión de Calderón y hasta defendió su derecho de libertad para expresar sus puntos de vista en todos los temas del país, incluida la política.

POR EL ARCO DEL TRIUNFO

Tampoco mencionaron que el artículo 134 de la Constitución de la República, en la parte aplicable, dispone que «Los servidores públicos de la Federación (no exime al Presidente de la República) los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos». Ni que la legislación de la materia el Cofipe en su artículo 347 refiera como infracciones de autoridades o los servidores públicos, entre otros, inciso c): «El incumplimiento del principio de imparcialidad, establecido en el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. Por otro lado, la encuesta Felipito viola el artículo 237 del código citado: «quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del IFE, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio». El presidente del IFE, Leonardo Valdés, ayer se dijo ignorante del caso, aunque advirtió que se aplicará la ley y que a Calderón le pediría que actúe con prudencia, porque su voz «tiene efectos políticos y evidentemente el jefe de estado tiene que actuar con imparcialidad en todo momento». Una vez que se presente la queja en el IFE, se verá cómo la resuelven, y si al boxeador Juan Manuel Márquez el IFE le impuso en definitiva hace unos días una multa por lucir en su calzón un logotipo del PRI en su pelea contra el filipino Manny Pacquiao, celebrada en la víspera de las elecciones para gobernador en Michoacán, ¿qué sanción le impondría a Calderón por ostentar el logo del PAN en la frente?

ENCUESTA SIN CREDIBILIDAD, PERO PROPAGANDÍSTICA

El punto de discusión sobre la encuesta presidencial no es su confiabilidad, ni que intimide a los competidores en sus resultados, que evidentemente no se corresponden con las mediciones de opinión de firmas establecidas que se han divulgado en los medios de comunicación.

Tan sólo en los últimos días se han publicado dos de ellas, que marcan aún una distancia de 16 y 19 puntos entre el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y Josefina Vázquez Mota, del PAN. La de Mitofsky del 14 de febrero distribuye la intención del voto con 48 puntos para Peña, 29 para Vázquez Mota y 22 para López Obrador, mientras que Buendía, publicada en El Universal esta semana, registra respectivamente 48-32-20. Ni de lejos los 4 puntos de diferencia.

No hay que perder de vista que la cuestión es la intervención indebida del Presidente de la República en el proceso electoral, en favor de su partido y candidata, lo ha que ha venido haciendo, en todas las formas posibles; la encuesta es sólo la reiteración de su injerencia que de no pararla por los medios institucionales podría escalar a niveles peligrosos para la estabilidad y transición pacífica del poder.