No le soltó la rienda el Gobierno del Estado al Caballo Blanco, pues no todo lo que brilla es oro en materia económica y ambiental. Ayer los grupos ambientalistas opositores al proyecto minero Caballo Blanco, de las compañías Goldgroup Mining y Minera Cardel se congratularon con el rechazo del gobernador Javier Duarte de Ochoa a dar su aval para que se desarrolle en la entidad.
La postura del Gobierno del Estado, si bien no es decisiva para que se realice o no, pues la facultad es del Gobierno Federal, es no sólo un respaldo político y técnico a las protestas de ambientalistas y pobladores, sino también un acto de congruencia con su política de desarrollo sustentable.
Las compañías mineras, pese a que no tienen aún la autorización definitiva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni se han evaluado sus manifestaciones de impacto ambiental requeridas, han contado desde hace varios meses con permisos para comenzar sus trabajos de exploración en los municipios de Actopan y Alto Lucero. Fueron precisamente los inicios de las detonaciones de explosivos las que alertaron a la población y a las organizaciones ambientalistas que exigieron una mayor información sobre los alcances del proyecto minero.
La sesión pública convocada por la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno del Estado y que se llevó a cabo la semana pasada en Alto Lucero, permitió en la pluralidad que se expresaran los puntos de vista a favor y en contra. En dicha reunión, como era de esperarse, chocaron las posturas de ambientalistas con las de los dueños y promotores del proyecto minero. Los ambientalistas, entre ellos destacadamente el grupo Lavida (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental), alertaron sobre los riesgos de las explosiones en la inmediación a la núcleoeléctrica de Laguna Verde y del daño potencial por el uso de sustancias tóxicas a las cuencas hidrológicas, a la flora y fauna de la región. Por su parte, los representantes de la empresa minimizaron el posible daño ambiental y destacaron las ventajas de la inversión en materia de creación de empleos.
El proyecto minero es del tipo de mina a cielo abierto en 334 hectáreas en los municipios de Alto Lucero y Actopan (un cerro minado a 3.5 km de Laguna Verde), tendría una inversión total de 385 millones de dólares a lo largo de seis años y medio, generaría mil empleos durante la construcción y 400 en la producción.
LA TRIPITA Y EL ROTOPLAS
No convenció a la población inconforme y a los ambientalistas la explicación de los promotores del proyecto Caballo blanco. El gerente de operaciones de la mina, Rosalio Sánchez, garantizó las medidas de seguridad, y según él las detonaciones no representan riesgo, ya que su radio de afectación no sobrepasa los 500 metros cuadrados. El asesor ambiental de la minera, Jesús Pablo Dorantes, obviamente al servicio de su patrón, admitió que el proyecto está ubicado en dos microcuencas en la unidad ambiental, «Sierras de Chiconquiaco», pero que el proyecto es sólo una tripita. Este especialista tuvo otra puntada. Al explicar que se usará la sustancia tóxica cianuro como elemento lixiviante –disolvente para separar partes solubles de insolubles– lo harían en una «solución pobre», que se preparará en una instalación cerrada. Su desafortunado ejemplo fue «es como si agarráramos una botella de coca cola chiquita y la echáramos en un rotoplas, quisiéramos saber si sabe a algo», lo que le ganó la burla de los presentes y la réplica: ¡a ver, tómatela!
DE EXPECTADORES A ACTORES
En el límite del plazo para emitir su opinión sobre el proyecto que deberá entregar hoy, el Gobierno del Estado dio un viraje a su postura. Contra la buena recepción que tuvo el proyecto en el último año del gobernador Fidel Herrera, ayer el gobernador de plano anunció su rechazo. De acuerdo con su declaración, el gobierno, con base en los estudios realizados por especialistas, llegó a la conclusión de que no es viable la explotación minera en la zona de estudio. De permitirse, afirmó, se generarían impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región y un alto grado de riesgo para la población, lo que es contrario a la política de desarrollo del estado. Luego de cierto tiempo de mantenerse como observadores y escuchando las protestas, llegado el momento de asumir una posición, el gobierno de Duarte pasó a la acción, definiendo su postura en contra del proyecto minero.
Es el turno ahora de la dependencia federal, la Semarnat, que dirige en el estado el panista Manuel Molina Martínez. El plazo le corre y no tarda en vencer –en los primeros días de marzo– entonces tendrá que emitir el dictamen sobre el estudio de manifestación ambiental presentado por la minera. Aunque a esta dependencia le compete la aprobación o negativa al proyecto, su postura tendrá inevitablemente costos en los intereses en conflicto. Si coincide con el Gobierno del Estado, se las verá con los inversionistas, que seguramente tienen sus relaciones y niveles de influencia. Y si lo aprueban, se confrontará técnica, además de políticamente, con el Gobierno del Estado, que fundó su negativa en sus propios estudios ambientales y representa el interés colectivo de Veracruz. Además de echarse encima al movimiento de ambientalistas, que como es sabido, son de los grupos activistas más ruidosos.
