Las damas no van primero en las candidaturas en el actual proceso electoral y el IFE ha puesto un ultimátum a los partidos políticos misóginos para que a más tardar hoy, hagan los reacomodos, desalojen a sus varoniles ejemplares y los sustituyan por mujeres.
El predominio de los hombres, la cultura machista y misógina dirían las feministas, se muestra en la participación política de acceso a los cargos de elección y aunque el Código Electoral prevé una proporción de al menos 40 por ciento de candidatos de un mismo género, después de los procesos internos ninguna de las organizaciones cubrió las cuotas establecidas. Con excepción del PANAL, que para eso sobran las maestras de la grilla, los demás se quedaron cuando mucho entre el 20 y el 30 por ciento de postulaciones para las mujeres.
Basado en una cuestionable resolución reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del IFE ha interpretado que sin excepciones los partidos y coaliciones tienen la obligación de registrar un mínimo de 120 mujeres propietarias y suplentes para diputados y 26 para senadores.
Lo más rudo del asunto es que la exigencia del IFE llegó aparejada de la advertencia de que si no se apegan a las cuotas, mañana por sorteo podrían adjudicar candidaturas o cancelar registros, amago que causó revuelo en los partidos políticos que ya habían alcanzado cierto equilibrio interno, y aún más en los candidatos que estaban amarrados, cuyas posiciones se tambalearon o cayeron. La grilla se reavivó al interior de los partidos y las mujeres relegadas de posiciones aprovecharon para hacer presión y buscar su acomodo.
EL PAN, FALDERO; EL PRI, VARONIL
Los ajustes ya comenzaron a darse. El PAN, fue el primero que se plegó y les dio yeguazo a 44 hombres, 35 que iban para diputados de mayoría y 9 para senadores, sin dar los nombres de los caballeros desbancados para ceder el asiento a las damas azules. A ver cuántos son de Veracruz. La coalición del Movimiento progresista (PRD-MC-PT) que sufrieron para encontrar candidatos, pocos quieren ser nacidos para perder, ha entrado en mayores dificultades para encontrar ahora mujeres que registrar y se han dividido la tarea de hallarlas antes de que venza hoy el plazo concedido.
El PRI, que inicialmente había mandado señales de acatamiento a la disposición del IFE, al final del día decidió impugnar el acuerdo del IFE. Protegió a su masculina estructura de cuadros, considerando pagada de sobra la cuota con la del huipil, candidata al gobierno del DF Beatriz Paredes, y no porque son muy machos, que a lo mejor lo son, pero sin usar ese argumento, sino porque, no obstante, el TRIFE y el IFE, den fe interpretativa de que la disposición legal sobre la proporción de género (no al Genaro), no «admite excepciones», en realidad no es así. El segundo numeral del artículo 219 del COFIPE establece «quedan exceptuadas de esta disposición (la proporción de género) las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido». Es decir, en una competencia interna entre militantes no es posible controlar si los participantes y el ganador son hombre o mujer, aunque con dados cargados y línea, todo sea posible. En fin que tiene el PRI un recurso jurídico que está usando para defender la «hombría» de la mayoría de sus candidatos. A ver que resulta del trámite de la impugnación y cuál será el criterio ahora del Tribunal Electoral. Mientras no se resuelva, persistirá cierta incertidumbre en las candidaturas del PRI, pero escogieron esa opción antes que tumbar candidatos legalmente triunfadores de procesos internos, que, por cierto, de ser removidos, igualmente disponen de medios legales para impugnar esa decisión. La guerra de sexos por las candidaturas, atizada por el IFE, seguirá, por un rato mas.
Trasladar el costo al contribuyente
Los errores cometidos por el Tribunal Superior de Justicia, que preside el magistrado Alberto Sosa Hernández, en el procedimiento para remoción y sustitución de magistrados quieren cargárselos al contribuyente pueblo de Veracruz. Ahora resulta que para pagarle los salarios caídos por casi 2 millones de pesos a la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien como es sabido, fue reinstalada, después de ganarle un amparo al Poder Judicial que indebidamente la despidió, al aplicarle retroactivamente en su perjuicio la constitución política del 2000, requieren de una ampliación presupuestal. Igualmente, intentan justificar mayores asignaciones económicas del Gobierno del Estado, para pagarle su salario de 120 mil pesos mensuales, alrededor de un millón y medio de pesos anuales, al magistrado Alfredo Algarín Vega, quien en la cadena de torpezas del Tribunal fue desplazado para reinstalar a Flores Saviaga, pero consiguió una suspensión en juicio de amparo a dicho acto, y deberán pagarle, aún sin trabajar, pues no fue readscrito a ninguna función, en una necia interpretación de que no puede haber en el Tribunal Superior de Justicia más de 30 magistrados, pese a que su nombramiento no le ha sido, ni puede ser invalidado por un acuerdo del pleno de ese Tribunal.
La salida fácil del magistrado Alberto Sosa es extender la pedigüeña mano, y tapar con fondos ajenos el daño patrimonial causado al presupuesto del Poder Judicial que derivan de sus equivocaciones junto con los demás magistrados, los presidentes de salas, que han avalado sus decisiones. Tampoco se ve capacidad ni voluntad de resolver internamente los problemas creados. En primer lugar con su propio presupuesto, que este año es de mil 406 millones 400 mil pesos, 50 millones de pesos más que el precedente. Tiene en su partida de servicios personales mil 276 millones 600 mil pesos, y para nadie es un secreto la existencia de una flotilla de canchanes contratados que no resistirían una evaluación de eficiencia. Tampoco es desconocido el negocio del favoritismo en la asignación del contrato para la construcción del nuevo edificio del Poder Judicial, a una empresa sin experiencia y que además cotizó a precio inflado de 181.9 millones de pesos, 24 millones más caro que la oferta más baja, y cerca de 60 millones de pesos sobre el mismo proyecto de construcción que elaboró el anterior Consejo de la Judicatura. No quiere tampoco que le muevan de los 100 millones de pesos, extras al presupuesto de que dispone, que hay en el Fondo Auxiliar para el mejoramiento de la justicia. Pues «todo está etiquetado»... para el vencedor.
Ya de pasada, suma a sus demandas el presidente del tribunal que también ahora tienen que atender asuntos de narcomenudeo, que en dos meses se han radicado 84 casos, como si tal situación hubiera llegado de improviso, y no formara parte de las previsiones de gasto para 2012, cuando desde el año pasado se conoció la disposición de la Suprema Corte de Justicia que esa materia era competencia de los estados.
El juego taimado de Sosa es claro. Es una forma de presión al gobernador Javier Duarte de Ochoa. Una llamada de atención porque su asunto nomás no camina, ni caminará como dijo don Teofilito.–y sí que es su asunto, porque a nadie consultó, se disparó con la cuerda que le dieron los de su séquito–. Su ilusa iniciativa de reformas legales enviada en diciembre al Congreso, ha sido vapuleada al interior de propio Poder Judicial, rechazada por la opinión pública y congelada por los diputados locales. Quería matar víbora en viernes, comerse el doble de presupuesto actual de mil 500 a 3 mil millones de pesos (el 3 por ciento del presupuesto total del estado), someter la autonomía administrativa de los otros tribunales (electoral, contencioso administrativo y de conciliación y arbitraje) y obtener fondos de los contribuyentes para pensionar a magistrados con sus sueldos actuales, 120 mil pesos, sin que hubieran cotizado para la formación de una reserva financiera. Ahora sí que ese tribunal es la Sosa Nostra.
