Además del tema general de la nueva alternancia en el Gobierno Federal frente al continuismo del mismo partido, que domina ya el actual proceso electoral, el tema de la seguridad pública será de los que ocupen la mayor atención tanto de los candidatos como de los ciudadanos que habrán de elegir el próximo 1 de julio al Presidente de la República e integrantes del Congreso de la Unión.
La importancia de la seguridad dentro de la política del estado mexicano está fuera de discusión, dados los elevados niveles de violencia (50 mil muertos reconoce el gobierno, 150 mil dicen en USA) y de actividades asociadas al narcotráfico y otros delitos graves como homicidios, secuestros, extorsiones y trata de personas, entre otros, que han asolado y mantienen temerosa a la sociedad mexicana en los últimos cinco años, así como la percepción sobre la ineficacia en la estrategia del Gobierno Federal centrada en el uso de la fuerza, principalmente a cargo de las fuerzas armadas –Ejército y Marina– lanzados a la guerra por el presidente Felipe Calderón ante la incapacidad y corrupción de las policías civiles de la Federación, estados y municipios.
Todos los candidatos a la Presidencia, que en sus discursos de inicio de campañas habían esbozado objetivos y políticas sobre la materia, ayer tuvieron oportunidad de centrarse en su estrategia de seguridad pública en los encuentros sucesivos que sostuvieron con la asociación civil México SOS, que preside Alejandro Martí, el empresario que tomó la bandera ciudadana por la seguridad pública, tras de que su hijo fue secuestrado y asesinado.
En el protocolo de la reunión celebrada en un hotel de la Ciudad de México, el dirigente de México SOS entregó a los candidatos la propuesta de seguridad pública de la asociación denominada «Agenda 12.18, Seguridad y Justicia», y cada uno de ellos, en su turno, dirigió un mensaje alusivo al tema. Aunque no se trata todavía de una estrategia en forma, los candidatos destacaron lo más relevante de sus ideas sobre la seguridad pública. Enrique Peña Nieto, el candidato de la coalición Compromiso con México (PRI-PVEM), que en sus actos previos estableció como una meta central recuperar la paz, la tranquilidad y la libertad a través de replantear la estrategia nacional de seguridad, ayer se pronunció por aumentar la inversión en seguridad, e incrementar el presupuesto del 1.5% actual del PIB al 5%, como lo asigna el gobierno de Colombia, a favor de la implementación del mando policial único en los estados, más inteligencia, y por la conclusión del nuevo modelo de justicia penal basado en los juicios orales. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC), presumió de sus logros como jefe de gobierno del Distrito Federal, cargo que dejó hace seis años, y planteó extender ese modelo exitoso al resto del país. Según él, con bienestar a la población y autoridades «honorables» se resolverá el problema de seguridad del país, sencillo ¿no? La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, sigue dando nota negativa, y ayer en su encuentro con los integrantes de la asociación SOS, la que pidió auxilio fue ella, pues se puso mal en el momento en iba a comenzar a hablar.
El mareo de Josefina fue la nota, preguntó si estaba temblando, y mejor se sentó, luego pasó al atril y apenas alcanzó a balbucear y tuvieron que auxiliarla para que regresara a su lugar. Tras justificar que le había bajado la presión y que tenía gripa, que había tenido una agenda muy intensa, pero que se sentía ya perfectamente, Josefina intentó cumplir con su slogan de que es diferente y no sin reconocer los aciertos de su jefe Calderón «que ha debilitado al crimen organizado», propuso pasar a una segunda fase, en la que hará «cosas diferentes», no dijo cómo ni qué hará, y se limitó a decir que los resultados no se medirán únicamente por el número de criminales capturados, sino por «cuán estables y seguras están las comunidades». Gabriel Quadri, del Panal, a quien le tocó el temblor, pero nadie se inmutó, propuso mantener al Ejército y a la Marina en labores de combate, mientras se construye «una policía federal de clase mundial», y en privatizar las prisiones, con excepción de las de alta seguridad.
Campañas de acusaciones, pocas propuestas
El inicio de campañas en Veracruz se está caracterizando por la escasez de propuestas de los candidatos y partidos y la proliferación de acusaciones cruzadas.
Con pocas excepciones, entre las que se cuentan los candidatos del PRI al Senado, José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, que en su arranque definieron que serían propositivos, dejando de lado los ataques, el resto parece una campal.
Pobre papel el de los candidatos al Senado del PAN, Fernando Yunes Márquez y Julen Rementería, comparsa del primero, pues empezaron tirando lodo. El primer acto de campaña de Julen ha sido acusar a sus rivales del PRI de haber sobrepasado los topes de gastos de campaña, tan sólo con los actos de inicio de las mismas y la cantidad de propaganda gráfica que hay en carreteras y ciudades.
Fernando, por su parte, acaso por un arreglo con los Yunes del PRI para no tocarse ni con el pétalo de una Josefina, al fin que con la inercia llegarían los tres al Senado, y que se joda Julen, enfocó su ataque a un candidato que no es su rival. Retó al candidato del PRI a diputado por el distrito de Xalapa Urbano, el ex procurador Reynaldo Escobar, a que se practique un examen antidoping para demostrar que no tiene ligas con la delincuencia. Sospechoso golpe, no tanto para Reynaldo, sino para Julen Rementería, a quien se ve van a dejar colgado, si como se vislumbra, el PRI gana la elección de mayoría al Senado y el PAN queda en segundo lugar, escenario en el que entraría en primera minoría Fernando Yunes Márquez.
Otro candidato al Senado, el de la coalición del PRD, que al fin se supo que es Enrique Romero Aquino, sacó la cara para tirar un doble golpe, al PRI por excesos de gastos en campaña, y al PAN, señalando que hacen uso proselitista del programa federal Oportunidades. La otra candidata de la coalición Movimiento progresista, Margarita Guillaumín, ni sus luces.
En la región del puerto de Veracruz y Boca del Río, el PRI y el PAN se pegan con todo. La semana pasada, en la víspera del arranque de campañas militantes de ambos partidos, se trenzaron en un domicilio particular, donde los priistas acusaron a los panistas de estar repartiendo apoyos del programa Oportunidades a cargo del hermano del candidato al Senado. Para emparejar el marcador, los del PAN acusaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) a la alcaldesa Carolina Gudiño de distribuir despensas en favor de Ángela Perera, candidata del PRI a diputada por ese distrito, y en réplica los del PRI acusaron al PAN de destruir propaganda de Enrique Peña Nieto y de la candidata a diputada. En el principio era el verbo... acusar.
