En poco más de un mes ya son dos los presidentes municipales del PAN detenidos por participar en la delincuencia organizada. Ayer se conoció de la aprehensión del alcalde de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, realizada por el Ejército en Minatitlán, junto con José Carmen Fragoso, alias «El comandante Reyes», identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como líder regional de la organización criminal «Los Zetas».
Según el parte informativo de la Sedena, el alcalde panista y el líder regional de los Zetas –que controlaba el sur de la entidad, de Acayucan a Coatzacoalcos–, fueron detenidos –al igual que cinco delincuentes más– luego de un enfrentamiento contra las fuerzas armadas en el que además se les decomisaron armas de fuego, dinero, vehículos y equipo de comunicación.
Este episodio político criminal se suma a la cuenta negra del PAN. A mediados de marzo pasado, en una carretera del estado de Puebla, Mauricio Herrera Fernández, presidente municipal de Las Minas (ahora con licencia y en vías de desafuero), también del PAN, fue detenido (y sigue en prisión) por la Policía Federal, acusado de los delitos de portación ilegal de armas, delincuencia organizada y posesión de droga.
Entonces, como ahora, los panistas han intentado, sin convencer a nadie, el deslinde de los presuntos delincuentes que han encontrado cobijo en su partido. Cuando el alcalde de Las Minas fue capturado, la dirigencia estatal del PAN llegó hasta alegar que «le sembraron la droga», pues su alcalde había salido limpio en el antidoping. Y eso que la Policía Federal es del gobierno del PAN.
Esta vez, cuando el PAN implementa una estrategia de lodo en la que califica de mentiroso al candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por supuestos compromisos incumplidos cuando éste fue gobernador del Estado de México, desmentidos por el PRI, y se escenifican circos callejeros de mesas de la verdad entre ambos partidos, el escándalo del narcoalcalde panista de Chinameca obligó a entrar al mismo presidente nacional del PAN. Gustavo Madero no se atrevió –como los panistas locales– a decir que el Ejército le había sembrado las armas, tampoco se le ocurrió presumir que hubo un montaje para presentarlo con el jefe de los Zetas. Salió con la ingenuidad de decir que aunque el PAN lo postuló candidato al ayuntamiento, no era un miembro de su partido –ni activo ni adherente–, sino un «candidato ciudadano», que habían hecho suyo, como si eso hiciera alguna diferencia. Ni para defenderlo frente al Ejército, que también es del Gobierno Federal, es decir, del PAN.
Las acusaciones del PAN a sus adversarios políticos de tener ligas con la delincuencia organizada y sus exigencias de someter a los candidatos a pruebas de confianza, se le revierten en Veracruz. Escupieron para arriba y les cayó el descrédito en pleno proceso electoral.
El tema de la narcopolítica que ha metido el presidente Felipe Calderón en estas elecciones, al menos en Veracruz, les ha salido contraproducente. Cero y van dos narcoalcaldes del PAN.
Otro delincuente (electoral) impune
El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, jefe del PAN en campaña electoral, quien reiteradamente ha tenido una injerencia en diversas formas en el actual proceso sucesorio a favor de su partido y candidata, ayer fue exhibido en el Instituto Federal Electoral (IFE) como violador de la Constitución Política del país.
Ayer, el Consejo General del IFE determinó que Calderón transgredió el artículo 134 de la Constitución de la República, al enviar a través del sistema de correos electrónicos del SAT (Sistema de Administración Tributaria) cartas a contribuyentes en las que con el pretexto de agradecer el pago de impuestos –una obligación del causante que no requiere de ningún agradecimiento– mencionaba un conjunto de obras públicas hechas por su gobierno.
El citado artículo de la Constitución impone a los servidores públicos, de todos los ámbitos de gobierno, la obligación en todo tiempo de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos. Además la propaganda debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y en ningún caso debe implicar una promoción personalizada de cualquier servidor público.
Para el IFE, Felipe Calderón, como Presidente de la República, utilizó recursos públicos para difundir propaganda personalizada con logros de gobierno y afectó la equidad de la contienda electoral al causar confusión e influencia indebida con el envió de sus cartas de agradecimiento-logros.
Lo paradójico del asunto es que no obstante la acreditada violación a la Constitución, misma que al rendir protesta del cargo juró cumplir y hacer cumplir, el ciudadano Calderón no puede ser sancionado en ninguna forma. La misma Constitución en su artículo 108 le concede la impunidad: «El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común».
Con ese blindaje, no se duda que el presidente Calderón seguirá entrometiéndose en estas elecciones en las que todo apunta a que los ciudadanos habrán de finiquitar en las urnas la docena trágica del PAN.
Por cierto, el metiche estará en Veracruz el próximo sábado. Viene a la conmemoración de la heroica defensa del puerto de Veracruz. A ver con qué sale.
