Hasta la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde despacha (y se despacha) el magistrado Alberto Sosa Hernández, rebotó la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se ordenó separar en definitiva de su cargo al diputado local panista de Jalisco, Gustavo Macías, para que sea procesado penalmente por el delito de abuso de autoridad.
Aunque el origen del caso inédito en la SCJN determinó la responsabilidad del ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco y coordinador de la bancada del PAN es diferente, la causa es muy similar a la del expediente que tiene abierto en el Poder Judicial de la Federación el magistrado Alberto Sosa.
La sanción sin precedentes aplicada por la Corte al diputado Macías, deriva de una queja por desacato a una suspensión de actos de autoridad dictada por la misma corte en una controversia constitucional –detener el nombramiento de magistrados–, misma que no obstante haberle sido notificada (el diputado dice que no se enteró a tiempo), el Congreso de Jalisco la llevó a efecto. Y es que salvadas las variantes propias de cada demanda, el caso de Jalisco tiene en común con el de Veracruz la violación a un mandamiento de suspensión ordenado por el Poder Judicial de la Federación.
Aquí, se recuerda, luego de que la magistrada Concepción Flores Saviaga ganó en juicio de amparo su reinstalación, el pleno del Tribunal Superior de Justicia resolvió cumplir este mandamiento, pero cometiendo violaciones en contra de otras personas; desalojaron sin adscripción a otro magistrado, Alfredo Algarín, quien presentó una demanda de amparo en el juzgado de distrito en cuyo incidente obtuvo una suspensión provisional, confirmada a definitiva. Pese a que el juez de distrito dispuso que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y que no se ejecutara ningún acto tendente a separar al quejoso del cargo de magistrado visitador que ejercía en el Tribunal Superior de Justicia, un día después de esa resolución, por órdenes del Presidente del Tribunal, Alberto Sosa, se llevó a cabo la reinstalación de la magistrada Flores Saviaga, y sin notificación alguna al magistrado Algarín contra todo procedimiento legal, fue forzada la chapa de su oficina y consignadas sus pertenencias en «depósito».
La queja por desacato al mandamiento de suspensión contra el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura está en curso, a la vez que los recursos que éstos han interpuesto en su defensa; pero viendo la línea que manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sancionar a las autoridades que desobedecen sus mandamientos, sin importar rango o investidura política, el magistrado Alberto Sosa debe estar más que preocupado.
La SCJN en el caso de Jalisco, al establecer la violación a la suspensión ordenada, removió del cargo al diputado –que andaba en campaña para diputado federal por el PAN– y ni siquiera lo turnó al Ministerio Público, sino que lo consignó al juez de distrito para que ordenara su aprehensión. Dicen que ayer, a Alberto Sosa se le cayeron los pocos pelos que le quedaban.
De los narco panistas
En las resonancias del escándalo por la detención del presidente municipal panista de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, aprehendido por el Ejército el pasado miércoles en Minatitlán con un grupo de la delincuencia organizada, aparecieron otros datos que enfatizan la conexión con el partido de Acción Nacional. Junto con el alcalde y el comandante Reyes, identificado por la Sedena como líder regional de los Zetas, fue aprehendido también el empresario Eligio Aurelio Ramírez Amores, propietario del bar La Antigua, donde se encontraba libando el grupo armado de delincuentes. Resulta que según los archivos de las elecciones 2007 en Minatitlán, el mencionado formó parte de la planilla registrada por el PAN como suplente de regidor cuarto. También se ha sabido que la familia de Padua –de quien la dirigencia del PAN dijo era candidato ciudadano postulado por ellos– figura en el padrón de ese partido. Fue localizada en la lista de afiliados su hermana Ana Lilia Padua Zúñiga, adherente al PAN desde 6 de junio de 2011.
Siendo dos ya los presidentes municipales del PAN detenidos en un mes por participación en la delincuencia organizada –antes de Padua, lo fue Mauricio Herrera, alcalde las Minas, aprehendido por la Policía Federal con drogas y armas–, el PAN ya no sabe como quitarse el estigma. A los falaces argumentos de que el presidente de Chinameca «no era militante», sino «candidato ciudadano» postulado por el PAN, y que al de Las Minas «le sembraron la droga», ahora deslizan indirectamente una nueva justificación. El secretario general del PAN estatal, Marco Antonio Núñez, mejor conocido como El Choriqueso, no por sus choros, sino por su negocio de tortas de chorizo y queso, declaró que algunos alcaldes veracruzanos se han visto obligados a entrar en situaciones ilícitas bajo amenaza de los grupos delictivos. «Si es alcalde de un pueblo chico no le alcanza para traer escolta y muchas veces optan por dar los 20 mil pesos mensuales que les piden de cuota de protección para que no los asesinen», aseguró El Choriqueso.
Cultivando a la junta de gobierno
Sin poner en duda los méritos académicos y de militancia política del economista Rolando Cordera Campos, no parece ajeno al conflicto de intereses el homenaje que hoy le rendirá la Universidad Veracruzana por conducto de su rector Raúl Arias Lovillo.
Cordera es miembro de la Junta de Gobierno de la UV, órgano colegiado que, como se sabe, tiene entre otras funciones la elección de rector, que se hará el próximo año, además de supervisar y evaluar la actuación del rector en turno, el promotor del homenaje, Raúl Arias Lovillo. La sumisión con que la Junta se conduce frente al rector puede observarse en la reciente designación que hicieron de la contralora universitaria, la fiscalización de las cuentas, cargo en el que nombraron a Clementina Guerrero, que para que no se dude de su autonomía, viene de ser coordinadora de transparencia y acceso a la información de la UV, es decir, subordinada del rector.
No es secreto que el actual rector trabaja ya su sucesión –tiene varios prospectos entre su equipo cercano– y cuenta con los medios presupuestales a su disposición para cooptar a los integrantes de la junta electiva de gobierno. De los nueve integrantes de la Junta de Gobierno, habría que buscar con lupa quién o quiénes no han recibido canonjías, como plazas a sus familiares y amigos, o contratos de servicios en los que participan.
