La secuela de la ruptura política entre la maestra Elba Esther Gordillo, jefa del mayor sindicato nacional de maestros, el SNTE, y su partido el Panal, y el aún Presidente de la República, Felipe Calderón, vive hoy otro episodio conflictivo con el rechazo abierto de la lideresa a que el magisterio se someta a una evaluación de conocimientos y capacidades, y la reiteración de la secretaria de Educación Pública (SEP) de que ésta se llevará a cabo.
La semana pasada Elba Esther Gordillo se atrincheró con los dirigentes del SNTE en Baja California para acordar que no permitirían la aplicación de los exámenes a maestros, mientras que el nuevo secretario de Educación (antes lo fue de Salud), Córdova, amagó con que la evaluación sí se hará, pues así fue convenido con el SNTE desde el año pasado. Ayer el SNTE exigió que antes de fijar una prueba la SEP cumpla al menos con 4 requisitos: disponer de 140 millones adicionales a los 400 ofrecidos hasta ahora, y otorgar autonomía al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE), que la prueba la diseñen profesionales y que no quede la evaluación en manos de una autoridad en la que no hay confianza. El dirigente en Veracruz de la sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Roldán, fiel a la línea dada en la encerrona de Rosarito, sostuvo que aquí tampoco permitirán que se aplique la evaluación universal a los profesores en tanto no se garantice que los docentes no serán perjudicados en sus labores.
Si la educación pública en México fuera un proceso no politizado, sería de lo más normal que la institución responsable de su administración evaluara mediante exámenes al personal contratado para impartirla. Sin embargo, a estas alturas del gobierno, a siete meses de concluir, cuando a lo largo del sexenio no se hizo evaluación alguna, y por el contrario, se entregó la educación al sindicato, mientras la dirigente fue su aliada política, pretender imponer dicha evaluación no sólo suena demagógico en pleno proceso electoral, sino motivada por rencillas políticas, como represalia.
Odio donde hubo amor
Este nuevo choque no es ajeno a la cadena de fricciones que de un tiempo acá sostienen Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón, después de una larga alianza a lo largo del sexenio, prolongación del sabido pacto electoral de 2006, y la posterior correspondencia del gobierno de Calderón con la maestra, en virtud de la cual recibió diversas posiciones, que incluyó entre otras la dirección del ISSSTE y la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, donde despachó hasta hace poco su yerno.
Las grietas en la alianza se mostraron, desde el año pasado en la confrontación por el ISSSTE, cuando organizaciones magisteriales, obviamente, detrás estaba la maestra, denunciaron la corrupción y el mal servicio de la institución, recibiendo como respuesta un mensaje de Calderón. El ex director, Miguel Ángel Yunes Linares, que había sido designado como cuota de ella –y luego se le volteó– regresó a la escena para acusarla públicamente de haberle exigido 20 millones de pesos mensuales del ISSSTE para financiar al Panal. Brevemente hubo reconciliación entre Elba Esther y Calderón cuando el Panal se unió al PAN para postular a la hermana del presidente, Luisa María Calderón, candidata al gobierno de Michoacán, elecciones que perdieron en noviembre pasado. En lo sucesivo Elba Esther se fue por su lado, se acercó al PRI, partido al que abandonó y le jugó las contras en 2006, y por mediación del entonces presidente del PRI, Humberto Moreira, no por casualidad de extracción del SNTE, habían llegado a un acuerdo de coalición para participar, con el Panal, uno de los instrumentos políticos del SNTE en el actual proceso electoral. Tras la renuncia de Moreira por los escándalos de la deuda pública dejada como gobernador de Coahuila, el sucesor Pedro Joaquín Coldwell, y seguramente con la decisión del candidato Enrique Peña Nieto, disolvieron la coalición con el Panal, pero no se duda de que existan acuerdos entre el PRI y la maestra Gordillo, vía el SNTE y el mismo Panal, para la participación política en contra del PAN. En Veracruz esta alianza con el PRI es clara.
Tampoco se ve ajena a esta pelea la propaganda anti Elba Esther Gordillo y anti sindicato, disfrazada de «documental» en la película De panzazo, en la que con las conocidas cifras y evidencias del retraso educativo del país, su versión maniquea promueve juicios negativos para la enemiga del presidente.
Tuvo Felipe Calderón seis años para reformar la educación pública (Fox dispuso de igual periodo), y luego de una luna de miel de cinco años (hasta cesó a Josefina Vázquez Mota por sus desavenencias con la maestra), ahora resulta que quiere elevar el nivel educativo y por fin evaluar a los maestros. Que deje la tarea para el siguiente gobierno.
El desenlace de la nueva medición de fuerzas en plena elección no descarta una última locura de Mel Brooks, y que para ganar «popularidad» partidista, intente un manotazo al sindicato. Entonces se verá de qué cuero salen más correas.
UNA GOLONDRINA EN EL TRIBUNAL
El peculado cometido por la Juez de primera instancia, Rosa María Ortiz Gómez en Misantla y por el que le fue dictado auto de formal prisión, se hace chiquito en monto. Según trascendió ayer, luego de algunas devoluciones del dinero dispuesto indebidamente de las fianzas depositadas en su juzgado, quedó en 200 mil pesos. Cierto que aún si fuera un peso del que hubiera dispuesto ilegalmente en su beneficio, el delito se tipifica y debe ser sancionado, la denuncia no deja de parecer una cortina de humo y un simulacro. Considerando los montos de otras operaciones sospechosas que se mantienen impunes en el Poder Judicial, los 200 mil pesos de la juez suenan a vacilada. No se han olvidado innumerables casos de compras irregulares y obras adjudicadas fuera de la ley –desde computadoras que se echaron a perder, uniformes, construcción y equipamiento de las salas de juicios orales entre otros– del Consejo de la Judicatura pasada, y para no ir más lejos, la adjudicación de la obra del Poder Judicial en Xalapa a la empresa más cara y sin experiencia en 181.9 millones de pesos, 24 millones más que la oferta más baja, y con un sobreprecio entre 50 y 60 millones respecto de un proyecto de construcción dejado por el Consejo de la Judicatura anterior. Igualmente se soslaya la responsabilidad en que incurrieron por daño patrimonial al Poder Judicial los integrantes del pleno, encabezados por el magistrado Alberto Sosa, que despidieron indebidamente a la magistrada Concepción Flores Saviaga, cuya restitución ordenada por sentencia de amparo costó cerca de 2 millones de pesos. Cuidan los pesos y se clavan los millones. Por cierto, que esta dura lex, de justicia sin gracia, no alcanza a la red de jueces protegidos por uno de los magistrados que integran el Consejo de la Judicatura. No hace verano de campaña anticorrupción la golondrina de Misantla.
