No se trata de tapar el pozo después del niño ahogado, pero las reacciones a las recientes de tragedias carreteras –una de ellas, como se sabe el pasado viernes en Álamo, Veracruz, en la que perdieron la vida 44 personas– provocadas por los camiones de carga de doble remolque deberían llevar a la prohibición de que circulen este tipo de vehículos.
En la inmediatez del duelo y la indignación han salido a relucir, con las estadísticas de muertes en accidentes causados por los camiones de doble remolque, la permisividad de las normas del auto transporte federal, incluso superiores al estándar internacional en dimensiones y pesos, exhortos reiterados de la Cámara de Diputados para regularlos, mismos que han sido desoídos por el Ejecutivo federal, así como señalamientos de corrupción de la autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Policía Federal de Caminos, tolerantes de las irregularidades de los transportistas.
Si el problema identificado está en la norma oficial que hace lícita la circulación de esos vehículos peligrosos que amenazan la seguridad y la vida de las personas que transitan por las carreteras, resulta difícil de aceptar que los legisladores nacionales se hayan demorado tanto en tratar de meter orden y anteponer el interés de la población al de los sectores económicos beneficiados con ese tipo de transporte de carga.
La fracción del PRI en la Cámara federal de Diputados, al igual que miembros de la Comisión de Transporte, cada periodo vacacional, lanzaban exhortos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que regularan el horario de circulación de los vehículos de doble remolque, sin embargo, no se sabe que hubieran formulado alguna iniciativa de reforma a la ley –teniendo facultades de hacerlo– que los prohibiera.
Por eso, al margen de que pudiera juzgarse de oportunista, la iniciativa presentada ayer en la diputación permanente local por el diputado Eduardo Andrade Sánchez para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tiene al menos el valor de entrarle al centro del problema. Dicha iniciativa es simple y consiste en sólo adicionar un párrafo a uno de los artículos de dicha ley para disponer que: «No podrán circular en caminos y puentes de jurisdicción federal tracto camiones doblemente articulados». Esta iniciativa deberá aún pasar por el trámite legislativo local –turnarse a comisiones para dictamen y luego a la aprobación del pleno del Congreso– y de ser aprobada como se prevé, remitirse a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión para el proceso legislativo federal. ¿Cuándo podría aprobarse?, no es previsible la fecha, pero aún puede hacerse algo en el actual periodo de sesiones, en poco más de cuatro meses que le quedan. Y si no será para el próximo congreso.
Por ser Veracruz uno de los estados agraviados por la tragedia carretera, los diputados de las bancadas veracruzanas en el Congreso de la Unión estarían moralmente obligados a impulsar esa reforma, sea esperando a que avance la iniciativa local, o formulando su propia iniciativa de reforma para abreviar los tiempos. No hay que esperar otro accidente mortal para expresar compungidas condolencias a los deudos de los fallecidos.
Calderonadas
La gira que realiza el aún Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo han revelado en su locuacidad verbal de fin de sexenio. Pocos días antes de irse, condenó la expropiación del gobierno argentino a la empresa petrolera YPF, filial de la española Repsol, con la que el Gobierno Federal tiene una turbia relación de negocios –en franca violación a los principios constitucionales de política exterior, la autodeterminación y la no injerencia.
Ya en su viaje norteamericano, Calderón hilvana una sarta de tonterías que apenarían a su antecesor Vicente Fox, por haberlo rebasado. Atribuyó a la vida o a la providencia, cual teólogo del fraude electoral, haber llegado a la Presidencia para combatir el crimen organizado en México. Otro día, pretendió colgarse medallas de la reducción de la migración mexicana a tasa 0 a los Estados Unidos, gracias a los empleos que ha creado, y al sistema de salud y educación, a las oportunidades que dice hay en el país, cuando es sabido que la migración efectivamente ha bajado, y no a tasa 0, pero a consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas anti migrantes y a la peligrosidad de las rutas de acceso. Ayer todavía se aventó dos puntadas más. Se dijo indignado de la corrupción sistemática atribuida a Walmart en México, a propósito del reportaje del New York Times de que se repartieron sobornos a funcionarios mexicanos por 24 millones de dólares, aunque no hay condena judicial aún para esa empresa y que como jefe de estado tendría que abstenerse de juicios no fundados en resoluciones definitivas; El «no se vale hacer negocios con mordidas» le salió contradictorio, pues ayer mismo, aquí fue revelado que Walmart ha sido favorecida en México por el Gobierno Federal (y no sólo por estados y municipios, como comunicó la Secretaría de Economía) con más de 200 permisos, concesiones, licencias y autorizaciones. La segunda fue para los franceses; en Puebla, se regocijó Calderón, le dimos en todo su mayo a los franceses (igual le dio Genaro García Luna a Florence Cassez).
Marca registrada de Ratón
Más que recurso de propaganda electoral, la presuntuosidad del imberbe Fernando Yunes Márquez, hijo de su papi, y candidato impuesto del PAN al Senado en primera fórmula, sobre el registro de su apellido My Yunes (R), revela un problema de egolatría, de deformación de la auto imagen que lo lleva deformadamente a creer que su linaje ha cruzado los pantanos sin mancharse. El nombre de su padre (Miguel Ángel Yunes Linares) está asociado a la corrupción, al abuso de poder, la represión y las complicidades, al enriquecimiento ilícito y los beneficios indebidos en los cargos públicos, a la deslealtad y traición política y al sonado caso de pederastia en los edenes cancunescos de los demonios. Al ver la R de la marca, uno piensa que es de Ratón, ratita, en su caso.
