Es una obligación moral condenar el asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, hallada sin vida, con huellas de golpes y estrangulamiento, la tarde del sábado en el interior de su domicilio en Xalapa, y sumarse a las numerosas exigencias de esclarecimiento de su crimen que agravia en primer término al gremio de comunicadores, pero también a la sociedad veracruzana en su conjunto.
Aunque no se conocen en este momento los móviles concretos y las circunstancias en que la comunicadora fue victimada, por haber sido el periodismo su principal actividad –en temas de corrupción gubernamental y delincuencia organizada– esta línea de investigación sobresale como primer ángulo de sospecha. Este crimen alerta de nuevo sobre el clima de violencia e inseguridad que se vive en el estado, no obstante los operativos de combate a la delincuencia y los reportes optimistas de que Veracruz ha entrado ya en la ruta de salida en este tema.
Agredir, desaparecer o matar periodistas, especialmente a los de línea crítica e independiente como la que practicaba Regina Martínez, se ha convertido en práctica común en nuestro país y desafortunadamente en ascenso en el estado, donde los precedentes se acumulan ante la incompetencia de las autoridades para frenarlos. Por ello, el reclamo legítimo del medio periodístico, organizaciones civiles y ciudadanos al Estado –en sus instancias federales y estatales– para que garanticen las condiciones de seguridad al ejercicio profesional de la información, ingrediente fundamental de la vida democrática.
Ni uno más
La indignación salió ayer a la calle, y además se expresó en los espacios de las redes sociales. En Xalapa hubo una marcha de protesta en la que participaron periodistas y miembros de organizaciones civiles que culminó con una manifestación en la Plaza Lerdo; y en el Distrito Federal, también grupos de periodistas acudieron a la representación del Gobierno del Estado a condenar el crimen y a exigir justicia por la muerte de Regina Martínez.
El nuevo atentado contra la vida –y presumiblemente contra la libertad de expresión (hasta que esta hipótesis no sea razonablemente descartada)– se suma al de otros periodistas asesinados, reforzando la tesis de los peligros de la profesión del periodismo en México, tenido ya como uno de los sitios más riesgosos del mundo para este oficio.
La evocación del recuento de caídos en Veracruz trajo a la memoria, entre otros, la ejecución de Raúl Gibb, propietario del diario La Opinión de Poza Rica, en 2005, al segundo año del gobierno anterior, el cual quedó sin resolverse; el secuestro y muerte de Noel López Olguín, periodista de Jáltipan, cuyo cadáver fue encontrado el año pasado en un rancho de Chinameca, luego que el Ejército capturó a uno de los autores materiales por implicaciones en una serie de secuestros y asesinatos. Y los crímenes a los reporteros de Notiver, también el año pasado, en junio la ejecución de Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela) junto a dos de sus familiares, su esposa e hijo, y la reportera Yolanda Ordaz, levantada y degollada un mes después. La impunidad en que han quedado estos crímenes alienta a su repetición. El reclamo de que no haya ni uno más no debe quedar en sólo un lema de pancarta o para corear en marchas.
Comisión especial
El gobernador Javier Duarte lamentó el asesinato de la periodista Regina Martínez e instruyó al procurador de justicia, Amadeo Flores Espinosa, a crear una comisión especial investigadora «interinstitucional» para el esclarecimiento de su muerte. En dicha comisión participará un representante del semanario Proceso en el que laboraba Regina y podría hacerlo también la PGR, que ayer pidió al gobierno una copia de las investigaciones. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ayer dijo haber iniciado de oficio una investigación del caso.
No se duda de la palabra del gobernador al referir que es el más interesado en resolverlo, no sólo como gobernante, sino como ciudadano y veracruzano. Como gobernante es obvio que le atrae los reflectores negativamente, en esta coyuntura en que se dirimen las elecciones, en la que la evaluación a su gobierno en cierto grado se refleja en la orientación al
voto. Por eso, aparte de la eficacia que debe exigir al procurador para que ya dé una, la conformación plural de la comisión investigadora, al menos, es un indicio de que habría transparencia en las pesquisas.
Escépticos, pero participará Proceso
Como era de esperarse, conocida su postura frente a las autoridades, los directivos del semanario político Proceso, el fundador Julio Scherer y el director Rafael Rodríguez Castañeda, si bien se reunieron con el gobernador Javier Duarte no dejaron de manifestar sus reservas a la investigación.
En un comunicado de la revista señalan que más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en «una atmósfera de descomposición y hostilidad». Aseguran que respecto a esa investigación, Proceso es escéptico; «ante la promesa retórica de que se investigará hasta sus últimas consecuencias, no les creemos y así se los hicimos saber». Sin embargo la revista decidió participar en coadyuvancia para evitar desviaciones en las indagatorias. Para los directivos, el crimen «es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar».
El compromiso del gobernador es una oportunidad para que demuestre que en Veracruz, contra los periodistas (y contra cualquiera) el crimen no tiene permiso.
