Al inicio ayer de su segundo periodo ordinario de sesiones, el Congreso local aprobó importantes cambios legislativos, tanto a ordenamientos federales como a la normatividad estatal.
Sobresalen dos reformas a la Constitución de la República, ambas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión y en trámite de aprobación en las legislaturas de los estados. La primera es la Reforma Política, que si bien no dejó satisfechos a todos, y ha sido calificada de mocha, especialmente porque omitió la reelección legislativa y de ediles, así como la posibilidad de veto presidencial al Presupuesto de Egresos, impulsada por algunas fuerzas, es sin embargo, hasta hoy, la reforma política conseguida.
Con todo y candados, la reforma a la Constitución en curso de aprobación, y para la que la legislatura local ha dado ya su aval, contiene ciertos avances, sobre todo en cuanto a derechos ciudadanos. Los más relevantes son la candidatura ciudadana, la facultad de iniciar leyes y la consulta popular. La candidatura ciudadana, intentada infructuosamente en diversos procesos electorales, entre ellos los presidenciales de 2006 e incluso en el actual, viene a romper el monopolio de los partidos políticos para el registro de candidatos, y en los próximos –si la reforma alcanza la mayoría en los estados como se prevé– será un derecho del ciudadano solicitar su registro ante la autoridad electoral de manera independiente, aunque quedó para la legislación secundaria la definición de los requisitos y términos en que se podrá hacer efectivo este derecho. Asimismo, se establece como derecho del ciudadano «iniciar leyes», prerrogativa hasta hoy vedada. Para ejercer este derecho, la reforma establece como condición numérica que lo haga el 0.13% de la lista nominal de electores. Otra innovación es la consulta popular, fórmula de democracia semi directa, que sobre temas de trascendencia nacional podrá convocar el Congreso –y organizará el Instituto Federal Electoral (IFE)– a petición del Presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, pero también los ciudadanos, siempre y cuando el número de estos sea el 2% de la lista nominal de electores. La consulta popular será vinculatoria para las autoridades cuando la participación corresponda al 40% de la lista de electores. Habrá que probarlas cuando entren en vigor. Por lo pronto, la extensión de derechos ciudadanos va en marcha.
Otros temas de la reforma política son la iniciativa preferente de leyes o reformas del Presidente de la República (hasta dos, por periodo de sesiones), la cual fija plazos al Congreso para dictaminarlas, evitando queden congeladas; además, reglas para la licencia y sustitución del Presidente de la República, y la apertura de escenarios para que éste rinda protesta, pudiendo hacerlo, si no pudiera ante el pleno, ante las mesas directivas de las cámaras, o bien ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto para evitar líos como el de Calderón, que rindió protesta casi a escondidas, en medio del repudio legislativo.
Atracción federal de delitos contra periodistas
Más representativo de la gravedad del problema del incremento sin precedentes de ataques impunes a periodistas y activistas sociales, que exige de la atención nacional, que de la eficacia de la medida, es la reforma al artículo 73 de la Constitución de la República.
Dicha reforma faculta a las autoridades federales, concretamente a la Procuraduría General de la República, a ejercer de oficio la atracción en delitos del fuero común, no sólo cuando estén conectados con delitos federales, sino también cuando se trate de delitos «contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta».
En la actualidad no es novedad la atracción federal de delitos del fuero común, y ya la ha ejercido con antelación la PGR por la conexidad vigente con delitos federales (en Veracruz ha atraído todos los casos de periodistas victimados sin que se haya visto ningún éxito). La nueva norma –y la ley secundaria que debe darse en seis meses, una vez aprobada la reforma constitucional– permitirá exigirle eficacia a la Federación, además de a las autoridades estatales.
Es de destacar en la exposición de motivos de la reforma el reconocimiento del Congreso de la Unión de que «Los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional, no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes... nunca antes en la historia de nuestro país se habían cometido tantos crímenes contra periodistas en un sexenio...» y que es «aberrante saber que nuestro país ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, después de Iraq tras la ocupación de los Estados Unidos en 2003». La muerte de la reportera de Proceso, Regina Martínez, asesinada en Xalapa el pasado sábado, desgraciadamente se inscribe en ese contexto de violencia contra comunicadores.
Leyes estatales
El Congreso local también aprobó ayer la iniciativa de ley enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para el fomento del empleo. Esta ley ofrece a los patrones el incentivo de la exención del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones (antes impuesto a la nómina) vinculado a la creación de puestos de trabajo a ciertos tipos de personas; para jóvenes entre 14 y 29 años, así como de recién egresados de universidades y centros educativos de niveles tecnológicos o bachilleres, para adultos mayores a 50 años, no pensionados ni jubilados, y a las personas discapacitadas. Asimismo, se aprobó una reforma al Código Penal del Estado para que el gobierno estatal se adjudique los bienes muebles asegurados en una investigación ministerial que no hubieran sido reclamados legalmente en un lapso mayor a un año.
Devuelven los 25 millones al gobierno del Estado
Trascendió que ayer el gobernador Javier Duarte acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a recuperar los 25 millones de pesos en efectivo que en febrero pasado le fueron asegurados a funcionarios de su gobierno en el aeropuerto de Toluca.
El capítulo de las maletas de dinero que generaron por cierto tiempo una ola de especulaciones y escándalos mediáticos se cerraría con final feliz. Alargado por tiempos electorales, una vez que el Gobierno del Estado había acreditado el origen y el fin licito del efectivo, y la PGR no habría podido configurar delito alguno. Se espera en breve la confirmación.
