ASUNTOS PÚBLICOS: ¿Está amenazada la libertad de expresión y de prensa?

El asesinato de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, el pasado 28 de abril, seguido de las ejecuciones el dos de mayo en Boca del Río de 4 personas –Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez e Irasema Becerra– estos relacionados en formas diferentes con los medios de comunicación del Puerto de Veracruz, detonó en los espacios informativos locales, nacionales, e incluso internacionales, la presunción, no necesariamente correcta, de que existe una situación de riesgo para el periodismo veracruzano.

Sin negar el contexto de incremento de la violencia criminal en México, del que Veracruz no escapa, y de la impunidad que prevalece en muchos delitos contra la vida y otros graves, las lamentables muertes de las citadas personas, la proximidad temporal que acumula la cifra, y los vínculos de las víctimas con empresas periodísticas no establecen en automático que se trate de ataques contra la libertad de expresión y de prensa, como se pronunciaron en cargada grupos diversos de defensa de derechos humanos y especiales de libertad de prensa, académicos y otros.

Legitimada la protesta por dichos crímenes y la exigencia las autoridades locales y federales de su esclarecimiento, prejuzgar que fueron agresiones por su ejercicio profesional de la comunicación, cerrándose a evaluar otras posibles motivaciones, si bien representa una postura «bien vista» en los ambientes de activistas y crítica, no deja de ser una contradicción a una auténtica actitud crítica dispuesta a encontrar la verdad en los hechos.

Aunque no se puede decir que sean casos aislados, pues se producen en un entorno de enfrentamientos entre grupos de delincuentes con el Estado y las fuerzas armadas, los dos eventos criminales tampoco caben en el mismo saco, ni por las características personales de los victimados ni por el modo de ejecución de sus muertes.

El primer crimen
Como se sabe, la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, de reconocida trayectoria en el periodismo de tema político en la entidad, fue muerta por estrangulamiento y con huellas de golpes, pero sin evidencia de haberse forzado el acceso a su domicilio, donde fue hallada. Algunos de sus objetos personales fueron robados, como una computadora y una grabadora, aunque las autoridades no declararon que el móvil haya sido el robo, y se desconoce si había en ella alguna información de interés para su o sus homicidas Los directivos de la revista para la que laboró Regina no reportaron que estuviese trabajando en algún tema de investigación delicado que pudiera haberle provocado la agresión, aunque a tono con la postura antigubernamental que los caracteriza, manifestaron su desconfianza en la indagatoria oficial, pese a que aceptaron participar en una comisión plural e inter institucional creada por el Gobierno del Estado para transparentar la investigación del homicidio de Regina Martínez. A partir de los hechos conocidos, por ahora no puede sostenerse que su muerte tenga una connotación periodística. Aunque eso se verá en el curso de los días.

El segundo evento
El otro evento criminal tiene características distintas. Los 4 cadáveres fueron arrojados en bolsas, mutilados, a un canal de aguas negras, con el sello de las ejecuciones de la delincuencia organizada, al estilo de los Zetas o de los Matazetas, grupos de sicarios que se enfrentan en Veracruz. De cuatro personas asesinadas, tres de ellos eran o habían sido reporteros gráficos de nota policiaca, y la mujer victimada era pareja de uno de ellos, y su labor en un medio local no era en fuente noticiosa, sino en ventas de publicidad. Por otro lado, los otros tres fotorreporteros muertos, Guillermo Luna laboraba para una página web de fotografía de escasa consulta; Gabriel Huge en la actualidad no laboraba en ningún medio de comunicación, había sido reportero gráfico del Notiver –vinculado ahí a Miguel López Velazco (Milo Vela) y a Yolanda Ordaz, de ese medio orientado a la nota policiaca, asesinados en junio y julio pasado, el primero, a tiros en su domicilio, y la segunda por decapitación y arrojado su cuerpo en la vía pública. Esteban Rodríguez tampoco estaba activo, laboró en la fuente policiaca de AZ Veracruz hasta agosto del año pasado, y actualmente era soldador en un taller automotriz.

Redes criminales y libertad de expresión
En los últimos tiempos, con la penetración de la delincuencia organizada en múltiples esferas sociales en Veracruz, cuerpos policiacos, tránsito, giros negros –restaurantes, bares y prostíbulos–, taxistas, entre otros, no escaparon de reclutamiento y pago en algunas zonas del periodismo, sobre todo de fuente policiaca, usados, según vox populi, en tareas de comunicación social, como difusión de mensajes (narco mantas, ejecuciones), o para alertarlos de posibles operativos o de la presencia de grupos rivales en la plaza. Los nombres de los implicados, algunos ya asesinados, fueron mencionados en comunicados de los delincuentes.

El punto a discutir es si quienes son víctimas de la delincuencia organizada al quedar en medio de los ajustes de cuentas realizaban una labor periodística.
La coyuntura política electoral que se vive alienta la explotación mediática del tema como víctimas del periodismo, y del otro lado da pautas de actuación a organizaciones y activistas, prestos a tomar la bandera de la defensa de la libertad de expresión, importante que se haga, pero sin cegarse al análisis de los hechos.

Al margen de la condena que merece toda privación de la vida y la exigencia al Estado para que garantice la seguridad de las personas y castigue a los responsables, se confunden las cosas, si se sostiene que el asesinato de una persona adscrita en su ocupación a empresas de información y opinión, significa ipso facto un crimen contra la libertad de expresión y prensa; que el periodismo está en riesgo, y que son atentados contra la democracia. Sin duda estos crímenes agravian a la sociedad y al estado de derecho, pero no directa e inmediatamente a la libertad de expresión. No hasta en tanto se demuestre que el móvil de los crímenes fue por difundir información, ideas y opiniones.

Sería como concluir que si matan a un pedagogo es un atentado contra la libertad de cátedra o de enseñar, o que el homicidio de un médico atenta contra el ejercicio de la medicina o contra el sistema de salud.