Exagerada se vio la reacción de los diputados del PAN y PRD al reventar ayer la sesión del Congreso local. El motivo argumentado por las bancadas de oposición para abandonar la sesión en señal de protesta, incluidos el vice presidente Armando Méndez de la Luz, de MC-PRD y el secretario de la Mesa Directiva, Juan Carlos Castro Pérez, fue el retiro de última hora en la orden del día del dictamen que habría de votarse sobre la reforma política constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, a pedimento del presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, el priista Flavino Ríos Alvarado.
Por tratarse de una reforma a la constitución política aprobada por el Congreso de la Unión, la legislatura local sólo puede aprobarla o rechazarla, pero no hacerle ninguna enmienda, así que no se ve justificada la presunción de los desertores de la sesión de que el aplazamiento de la votación tenga alguna relación con «el tema de la sobre representación en las legislaturas estatales (que además dicha reforma no la comprende), ya que únicamente afecta a la asamblea legislativa del Distrito Federal.
Por otro lado, tampoco es una justificación para demorar la votación el argumento de los priistas, que abrió la puerta al sospechosismo. Según el diputado Flavino Ríos, algunos de sus compañeros de bancada «solicitaron una mayor reflexión sobre la minuta» enviada por el Congreso de la Unión, que con tanto que lleva en la discusión pública la reforma política, si aún no la conocen bien, no ha sido por falta de tiempo de «reflexión», sino por desinterés y falta de atención a los asuntos públicos del país. La Cámara federal de Diputados remitió la minuta aprobada al Congreso local desde mediados del pasado mes de abril, e inclusive fue publicada en la Gaceta Legislativa del Estado el 2 de mayo.
Como es sabido, esta reforma a la Constitución Política de la República, si bien dejó fuera varios temas impulsados por algunas fuerzas políticas, entre ellas la reelección legislativa y de ediles, así como la posibilidad de veto presidencial al Presupuesto de Egresos, consiguió importantes avances en materia de derechos ciudadanos, tales como la candidatura ciudadana, la facultad de iniciar leyes y la consulta popular. La reforma contiene también la iniciativa preferente de leyes o reformas del Presidente de la República, reglas para la licencia y sustitución del Presidente de la República y la posibilidad de que este funcionario rinda protesta ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en lo que respecta a la sobre representación de diputados, el texto es muy claro, sólo aplica para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no a las legislaturas de los estados. ¿Entonces, por qué tanto brinco?
La amplificación del tema de la reforma política sugiere que más bien se trataba de hacer ruido, mostrando disidencia inter partidista en medio del proceso electoral.
Ataque Desviado
No consiguieron su objetivo los diputados federales del PAN en su pretensión de que la comisión permanente del Congreso de la Unión hiciera un exhorto al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sobre los crímenes de periodistas, y en cambio, el acuerdo se dirigió a la Procuraduría General de la República. La diputada del PAN, Alba Leonila Méndez, promovente del punto de acuerdo, se rasgó las vestiduras demandado se exigiera al gobernador esclarecer los crímenes «contra personas que ejercieron su libertad de expresión en aras de construir un Veracruz justo y libre», su refuerzo el diputado José Luis Ovando, hasta distorsionó las cifras, al asegurar que en Veracruz se han registrado en lo que va del año «15 asesinatos de periodistas», siendo que la cuenta es de cinco, y en obvia intención partidista, sumó 45 en el sexenio en 10 estados, nueve gobernados por el PRI. Los representantes del PRI en la Comisión Permanente encontraron la salida y desviaron la exigencia de justicia a las autoridades federales. Dos fueron los argumentos, uno, el reconocimiento de la tendencia legislativa a federalizar los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos; y otro, la responsabilidad constitucional de la Federación para perseguir, investigar y sancionar las acciones del crimen organizado, pues no es competencia jurídica de los estados.
En proceso
Con todo y lo dudoso de que los cinco crímenes cometidos recientemente en Veracruz en contra de personas cuya actividad laboral estaba ligada a los medios de comunicación constituyan por sí mismos ataques contra la libertad de expresión y de prensa, como de manera simplista y politizada se han tratado de presentar, el gobernador Javier Duarte, aparte de las investigaciones ministeriales de cada caso, anunció la creación de un organismo autónomo para la protección de periodistas en riesgo, del que se sabe en breve habría noticias sobre su formalización.
La noche de los Generales
Nebuloso aún el caso de la detención por parte de la policía militar de dos generales del Ejército mexicano, el subsecretario de la Defensa hasta 2008, Tomás Ángeles Dauahare, actualmente en retiro, y Roberto Dawe, ex comandante de las guardias presidenciales, éste en activo, por supuestos nexos con grupos criminales.
Del primero de ellos se sabe que fue considerado para el cargo de secretario, mismo que ocupó el actual titular de la Sedena, Félix Galván, pero se desempeño por dos años como segundo de a bordo, hasta que fue removido en 2008, supuestamente por haber alcanzado la edad jubilatoria. No es común un quiebre de éstos en los altos mandos de la hermética milicia nacional, y algunos de los militares de alto rango enjuiciados durante el gobierno de Vicente Fox fueron exonerados posteriormente, como fue el caso del recién asesinado Mario Arturo Acosta Chaparro. El único que permanece aún en prisión es el general Jesús Gutiérrez Rebollo, detenido en 1997, cuando fungía como «zar antidrogas» durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
La PGR se apresuró a aclarar que la detención «carece de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda». ¿ Alguien dijo lo contrario? Aclaración no pedida, ¿culpa manifiesta?
