Muchas dudas y preocupación sobre lo que en verdad está pasando en el Estado Mexicano ha despertado la detención por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) del ex secretario de la Defensa hasta 2008, el General de división retirado, Tomás Ángeles Dauahare, junto con otros dos militares de alto rango por presuntos nexos con grupos criminales.
La detención de los militares, luego justificada con la medida del arraigo, para dos de ellos, que bien se sabe, no constituye aún una acusación o formulación de cargos, sino una cuestionable privación de la libertad, en tanto se ahondan las investigaciones, se produce, en el caso de Tomás Ángeles, 4 años después de haber dejado el cargo de subsecretario (lapso en el que debieron haber agotado averiguaciones), pero apenas a 8 días de que el general participó en San Luis Potosí en un foro de la Fundación Colosio para la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Ya se supo que llevaba dedicatoria la apresurada aclaración de la (PGR) acerca de que la detención del general «carece de connotación política o relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en la contienda». El militar retirado, cuya hoja de servicios era intachable y su experiencia probada en los altos mandos del Ejército, fue ponente, junto con otros expertos, en el foro sobre seguridad nacional y justicia, y entre otras cosas, señaló las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la falta de rumbo para detener el crimen («No estar dando brochazos») y la ausencia en la aplicación de la ley. Aunque no se puede probar que ese haya sido el motivo del aceleramiento de la orden para su detención, no debió ser del agrado de su ex jefe, el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, con quien se sabe tuvo desavenencias que lo forzaron a dejar el segundo cargo en la jerarquía del instituto castrense, ni del Presidente de la República, Felipe Calderón, la crítica que hizo Tomás Ángeles de la estrategia de seguridad y de la participación del Ejército en el foro del PRI.
Si bien tanto el presidente de la Fundación Colosio, el ex gobernador del Estado de México, César Camacho, como el candidato Enrique Peña Nieto, han negado cualquier vínculo de trabajo con el general detenido, a la vez que han pedido no politizar el tema y que se realice una investigación exhaustiva para determinar la presunta responsabilidad, el caso ha sido repercutido mediáticamente subrayando la cercanía con el PRI, casualmente en la reiterada línea de golpeo de la Presidencia de la República para fomentar la asociación de los priistas con el crimen organizado.
Fértil terreno conspiratorio
La teoría de la conspiración tiene un fértil terreno para la especulación. No hay todavía una acusación de la PGR para ninguno de los tres generales, y según filtraciones, el tema llega de los Estados Unidos –donde no detuvieron ningún general de los suyos por el contrabando permitido de armas de la operación Rápido y Furioso en la que armaron impunemente a los cárteles mexicanos– y tiene como prueba estrella al famoso testigo protegido «Jennifer», y aquí a un mayor de apellido González, lo que sugiere debilidad en el caso. Si tuvieran ahora pruebas sólidas la PGR no habría recurrido al arraigo, sino a una acusación penal directa y una consignación ante el juez. Al parecer se trata de ganar tiempo con el arraigo de 40 días –prorrogable por otro periodo igual– de tal forma que al llegar las elecciones de julio los generales estarán «arraigados», bajo sospecha de participación con la delincuencia organizada (con el cártel de los Beltrán Leyva), además de conectados con la campaña del PRI, que para los legos del derechos, puede significar ya que son culpables, que no son aún.
Pero el tema tiene mucho filo, por todos lados. En el supuesto de que fueran culpables, sería sumamente grave constatar la penetración del narcotráfico en las más elevadas esferas del Ejército, sacado a la calle y expuesto a la contaminación del crimen organizado por el mismo presidente Calderón. Habría tardado el presidente más de cinco años para darse cuenta de que los cárteles de la droga habían infiltrado a los jefes militares. Y cuántos más habría implicados.
Tampoco se descartan las pugnas internas en el Ejército, ajustes de cuentas desde ahora, en la víspera del cambio de gobierno y la renovación de los altos mandos militares.
Cierra Felipe Calderón su gobierno en ruinas (sólo él ve sus históricos logros). Nadie puede creer en su política de seguridad con miles de muertos en la guerra y el reciente estilo de los sicarios de despachar en racimos. Y de rúbrica, ante la falta de transparencia y perversión del poder la sospecha sobre el fondo de la olla; entre la infiltración criminal al alto mando militar o del uso faccioso y partidista de la procuraduría, en la desesperación de ver que el poder pronto cambiará de manos.
Muere Raúl Aguilar Maraboto
Falleció ayer a los 81 años, víctima de cáncer, el abogado cordobés Raúl (El Chato) Aguilar Maraboto, decano de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ocupó la presidencia de ese Tribunal de 1998 a 2001, durante el gobierno de Miguel Alemán Velazco, y posteriormente estuvo adscrito a la Sala Constitucional, misma que presidió hasta su licencia por enfermedad hace unos meses. Renuente a la jubilación, no obstante contar con una antigüedad como magistrado de más de 40 años, sostenía que sólo iba a dejar el Tribunal con los pies por delante. Como fue. Descanse en Paz.
