ASUNTOS PÚBLICOS: Escándalos, filtraciones y anticampaña

En la segunda mitad de la campaña electoral para la Presidencia de la República queda claro que se ha instaurado ya desde el PAN y la Presidencia de la República la guerra de lodo, una anti campaña en distintas formas como la vía dominante para intentar bajar al candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, el mejor posicionado en la intención del voto.

El escenario perdedor para el PAN y el inminente retorno del PRI a la Presidencia de la República, vaticinado por las mediciones de opinión a lo largo del proceso electoral, han condicionado la intromisión, abierta y encubierta del Presidente de la República, que no ha sabido permanecer al margen, comprometiendo indebida y hasta ilegalmente los recursos institucionales del Estado Mexicano. No es nueva la injerencia del presidente Felipe Calderón a favor de su partido, el PAN y su candidata, tanto en forma positiva, la difusión de encuestas, y de sus presuntos logros de gobierno, como en el golpeteo al principal adversario político, el PRI, especialmente en la pretensión de vincularlo a la protección de la delincuencia organizada, denunciado en otras ocasiones; pero lo cierto es que ante la proximidad de las elecciones de julio, sin que se observe una mejoría en la posición de su candidata –ha caído al tercer lugar– se observa un nuevo impulso intervencionista en los últimos días.

Y si Josefina Vázquez Mota, en su desorientada y pobre campaña, se ha ocupado de atacar al candidato del PRI en los supuestos compromisos no cumplidos y a otros presuntos o ciertos aliados de Peña Nieto (la maestra Elba Esther Gordillo y el líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero Deschamps), el brazo de Calderón desde la Procuraduría de la República parece intentar una desesperada y peligrosa intromisión para intentar taclear al candidato del PRI.

Agotado mediáticamente el tema de la deuda del estado de Coahuila, ofensiva dirigida al ex gobernador Humberto Moreira, ex presidente del PRI (y de pasada a otros estados gobernados por el PRI), destapado desde la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda, sin los efectos esperados en la intención del voto, Calderón vuelve a usar la procuración de justicia como instrumento faccioso.
La detención reciente de los cuatro militares de alto rango, entre ellos el general de división en retiro y ex secretario de la Defensa, Tomás Ángeles, arraigado bajo sospecha de dar protección a uno de los cárteles de la droga, a unos días de haber participado como ponente en un foro sobre seguridad y justicia en San Luis Potosí con el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, no puede verse como un acto sin conexión con el proceso electoral. Tampoco se ve algo casual el arraigo al teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno priista de Veracruz. Como se ha visto, la PGR se basa en un testigo protegido de la DEA (el mentado Jennifer) y, no obstante que dicen haber abierto la indagatoria en 2009 o 2010, no fueron capaces de formular acusaciones y consignarlos ante un juez, sino que se quedaron en la medida precautoria de arraigarlos por 40 días para ver qué les encuentran que pueda fundar y motivar la acción penal.

Filtraciones de la PGR

Ayer, el periódico Reforma de la Ciudad de México dio resonancia en primera plana, como nota principal, a una evidente filtración de la PGR. Bajo el titular «Destapa Jefe Zeta red en Veracruz», atribuido al Staff de ese periódico, el reportaje «revela» declaraciones hechas en la investigación ministerial por Raúl Lucio Hernández «El Lucky», un jefe regional de los Zetas capturado por la Marina en Córdoba en diciembre pasado, en las que describe sus operaciones delictivas en el estado, enfatizando que «sobornan con 30 millones de pesos al mes a policías». En la nota se atribuye al delincuente que «señaló como uno de sus enlaces con el gobierno de Veracruz a un funcionario al que sólo identifica con el apellido de Lagos», pero el veneno agrega que «en el directorio de la administración estatal, el único funcionario con ese apellido es Erick Lagos Hernández, quien hasta enero pasado, fue subsecretario de gobierno de Veracruz y actualmente funge como dirigente estatal del PRI». Erick Lagos ayer respondió al periódico Reforma negando categóricamente cualquier participación en los supuestos hechos «que me son ajenos», en los que se le menciona. En la carta dirigida a René Delgado, director editorial, Lagos se dice sorprendido «al notar que se le asigne un espacio tan prominente en su periódico a las declaraciones de un presunto delincuente, mismo que con frecuencia se les regatea a quienes quieren limpiar su nombre de la difamación». A ver si la publican.
Por ser la averiguación de un delito, reservada por disposición legal, la fuente que no se identifica, obviamente es la PGR, que incumple con su obligación de ley, y más aún, lo que agrava el asunto, no se cree que tenga nada. De haber algún indicio sólido de participación de Erick Lagos en este tema delictivo, «revelado» presuntamente por «El Lucky» desde diciembre, a cinco meses de distancia, ya habría cuando menos un citatorio o una orden de aprehensión, que no la ha habido ni la hay, lo que pone al descubierto el móvil de la filtración: detonar un escándalo político en contra del gobierno de Veracruz, en directo al gobernador Javier Duarte, sabida su estrecha relación con Erick Lagos, y por asociación al PRI y a su candidato a la Presidencia de la República.

Veracruz en la agenda sucia electoral

Los amagos mediante declaraciones y filtraciones de la Presidencia de la República en contra del Gobierno del Estado son recurrentes, dada la importancia electoral de Veracruz y la abierta campaña de sus jefes políticos a favor del PRI y de Peña Nieto. Antes ha habido declaraciones de Calderón («en Veracruz cedieron la plaza a los Zetas») y el famoso decomiso en febrero pasado de los 25 millones de pesos en efectivo, que se intentó ligar a financiamiento ilegal a campañas, suma ya devuelta documentalmente, sin haber podido fincar responsabilidades por algún ilícito.
Repetidas filtraciones de «presuntos vínculos» de altos funcionarios estatales con la delincuencia organizada, que se han quedado en el corto efecto del escándalo mediático. Hubo menciones periodísticas, obvias filtraciones, de la participación del ex gobernador Fidel Herrera y rumores de que sería detenido en medio de esta campaña electoral, igualmente se mencionó al ex procurador y ex secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, actual candidato del PRI a diputado por Xalapa, entre otros. No pudo el presidente ganar con el PAN la elección de gobernador en 2010, pero Veracruz sigue en la mira de la estrategia de guerra sucia. ¿Qué sigue?
Las marchas «antipeña»

Sólo con ingenuidad y sobrado romanticismo, que no es la actitud adecuada en el análisis político, puede creerse el «apartidismo» de las manifestaciones masivas de protesta celebradas el fin de semana en contra del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Generadas a partir del incidente de la visita del candidato del PRI a la Universidad Iberoamericana, donde se encontró con un organizado repudio a su candidatura, las «redes sociales» encandilaron y presuntos estudiantes orquestaron la toma de las calles. En el DF fueron miles que marcharon hasta la columna del Ángel de la Independencia. En los estados, la respuesta fue mucho menor, en Veracruz hubo muy pobre asistencia. No se duda de que entre la población estudiantil del país haya una conciencia y posición política que no quiera que Peña Nieto y el PRI ganen la Presidencia de la República. Están en su derecho a manifestarse, ni quien lo cuestione; son libertades consagradas, la diversidad de opiniones construye la democracia; pero tampoco por ello se puede creer que dicha protesta sea «apartidista», aunque quizá muchos de los manifestantes con ingenuidad lo piensen, cuando está en juego una elección para renovar el poder político y se pronuncian contra un candidato; pedir se vote en contra de un candidato es evidentemente, por sus efectos políticos, convocar a votar a favor de los otros candidatos, lo que sin duda constituyen actos de proselitismo y propaganda electoral. Hay que llamar a las cosas por su nombre, la campaña contra Peña es una anti campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador (PRD), Josefina Vázquez Mota (PAN), e incluso Gabriel Quadri (Panal). Objetivamente se enmarca en las acciones para bajar al más aventajado de los candidatos. La elección presidencial la pueden decidir los 80 millones de ciudadanos en la lista de electores, o los 60 o 70 millones que efectivamente sufraguen el 1 de julio, no los 10 o 15 mil estudiantes que se concentren con máscaras de Salinas y carteles en contra de Peña Nieto y el regreso del PRI a la Presidencia de la República. Ni que fuera elección de rector universitario.