Le midió el agua a los camotes el Gobierno Federal y ante el costo de impopularidad que representaría una autorización en medio de las elecciones, mejor decidieron negar el permiso para el desarrollo del proyecto minero Caballo Blanco de las compañías Gold Group Mining y Minera Cardel que se buscaban oro en los municipios de Alto Lucero y Cardel.
Aunque el acuerdo ahora conocido de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negando el cambio de uso de suelo a la empresa minera se había venido aplazando en esta dependencia, se entiende que valorando los intereses y riesgos en juego, en realidad los grupos ambientalistas y el Gobierno del Estado desde fines de febrero pasado ya los habían puesto contra la pared.
Las protestas de los grupos ambientalistas que alertaron sobre los riesgos de las explosiones de dinamita inherentes a dicho proyecto, en las inmediaciones a la núcleo eléctrica de Laguna Verde y el daño potencial por el uso de sustancias tóxicas a las cuencas hidrológicas y a la flora y fauna de la región, fueron desde entonces avaladas por el Gobierno del Estado.
En su intervención dentro del procedimiento de consulta, el Gobierno del Estado, con base en los estudios realizados por especialistas, concluyó que no era viable la explotación minera en la zona de estudio. No obstante que se trataba de una inversión de 385 millones de pesos a lo largo de 6 años y medio, que generaría mil empleos durante la construcción y 400 en la fase de producción, el gobernador Javier Duarte antepuso el criterio del desarrollo sustentable, marcando el punto al Gobierno Federal sobre su desacuerdo a una aprobación. De permitirse, sostuvo Duarte, se generarían impactos negativos irreversibles al medio ambiente de la región y un alto grado de riesgo para la población, lo que es contrario a la política de desarrollo del estado.
La resolución negativa dada por la Semarnat expone que la empresa minera no presentó una información que le fue requerida, no deja de reconocer –no hay de otra– que también valoró la recomendación «no favorable» que por escrito presentó el Consejo Estatal Forestal del Estado de Veracruz (Coefver), el cual establece que el estudio técnico para cambiar el uso del suelo del proyecto Caballo Blanco no cumplía la normatividad ambiental. Y eso que los promotores y «expertos» del proyecto alegaron –sin convencer a la población inconforme y a los ambientalistas– que garantizaban la seguridad y la protección ambiental. Su proyecto, dijeron, con imágenes desafortunadas, era «una tripita» en las micro cuencas y que el cianuro usado era de solución pobre, como disolver una coca cola en un rotoplas.
Con todo y las indecisiones, la demora en pronunciarse y la valoración de impopularidad que debieron hacer, la negativa de la Semarnat al proyecto minero Caballo Blanco se observa congruente con la política de protección al ambiente y el desarrollo sustentable. Aunque los ambientalistas y el Gobierno del Estado le hayan marcado la pauta y ganado el brinco en la defensa ambiental. Se acabó –por ahora– esa fiebre del oro.
Ajustes en el poder judicial
Aparte del luto de sus amigos y familiares, la sentida muerte del decano de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Aguilar Maraboto, ocurrida el jueves pasado, modifica el escenario de algunas situaciones conflictivas al interior del Poder Judicial del Estado.
De manera directa causa una resta en el número de magistrados existentes en el tribunal superior de justicia, ajustando la cifra a 30 nombrados. Con ello desaparece la justificación de la Presidencia del Tribunal, a cargo de Alberto Sosa, respaldada por el mini pleno, para dejar sin adscripción al magistrado Alfredo Algarín Vega, como se sabe, en juicio de amparo contra sus colegas por haberlo desalojado de la visitaduría para reinstalar a la magistrada Concepción Flores Saviaga, que ganó un amparo contra su destitución, con salarios caídos por más de un año que no laboró.
No se sabe aún de algún acuerdo del pleno para reacomodar a Algarín, quien obtuvo una suspensión en el juicio y por ello continúa cobrando, pero sin tener una tarea oficial, o en mala leche se la hará cansada la justicia pere-sosa hasta que haya una sentencia en el juicio de amparo, que chicanean con infinidad de recursos y quejas. No obstante que la baja de Aguilar Maraboto deja el escenario viable para resolver el conflicto del magistrado sobrante, la tortuosidad de Alberto Sosa podría enredar la solución.
Lo que sí se ve venir es que se traigan al magistrado Ignacio González Rebolledo, pues éste sí está en el ánimo veleidoso del magistrado presidente Sosa, y retorne de su caluroso exilio en la Sala Regional con sede en Tuxpan para despachar en la vacante que dejó El Chato Aguilar en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
Por otro lado, se desinfla también la codiciosa solicitud al Congreso del Presidente del Tribunal de pedir ampliación a su presupuesto. No se sabe cuánto más quieren los del Poder Judicial, pero se supo de que habían pedido ampliación para pagarle a la magistrada Concepción Flores Saviaga los salarios caídos por casi 2 millones de pesos, injustificable, pues ese costo deriva de errores del procedimiento de remoción y sustitución de magistrados cometidos por el pleno del Tribunal, siendo responsables de resarcirlo los funcionarios participantes en la decisión equivocaba y no el erario público, mediante un aumento de presupuesto. Igualmente pidieron más dinero para pagar el sueldo del magistrado sobrante, cuyo nombramiento, válido, pues no fue anulado por el amparo de la magistrada restituida, tiene el mismo origen, pero ante la vacante, deja de operar como justificación de aumento presupuestal. Con más razón lo batearan en el Congreso, donde tienen claro que, además, el Poder Judicial recibió este año 1,406 millones de pesos, 50 millones más que el año anterior.
