Es de interés el análisis del contenido del manifiesto de 10 puntos del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, sobre la nueva presidencia democrática, dado a conocer hace unos días en una reunión con intelectuales y empresarios, no sólo por ser una reacción indirecta a los temas de campaña de sus adversarios políticos y a las movilizaciones recientes de estudiantes en su contra, sino también porque su candidatura se ha perfilado como la de mayor viabilidad de triunfo, y por tanto, prefigura una voluntad comprometida para ejercer el Poder Ejecutivo a lo largo de seis años.
El mensaje central de Peña se enfocó a la propuesta para la construcción de una presidencia democrática, con un gobierno de legalidad y de respeto a las libertades y derechos políticos consagrados en la Constitución de la República; acorde a los tiempos que se viven en el país, dirigida al futuro y no a «reinstaurar pasados» superados, que además la apertura de la sociedad mexicana, los actores de hoy y las instituciones vigentes no lo admitirían.
En los temas específicos se encuentran: la libertad de manifestación, ofreciendo garantizar el ejercicio de la libertad de reunión y «manifestación», y fomentar una cultura de respeto y tolerancia a todas las expresiones políticas; igualmente proteger la libertad de expresión, asegurando que no habrá ni violencia contra periodistas ni censura. En la relación con los medios de comunicación, mencionó una propuesta de reforma constitucional para crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad en todos los niveles de gobierno en los medios de comunicación se haga bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso a la información. En materia de derechos humanos, la vigencia de protocolos para su respeto en la actuación de fuerzas armadas y policías del país, así como la obligatoriedad para acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Libertad religiosa, pero gobierno laico, acabar con la discriminación; ejercer la presidencia con respeto a la división de poderes, y establecer el diálogo y la concertación legítima en el Congreso como instrumento de gobierno, procurando amplios consensos, al igual que respetar la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos. No intervenir en los procesos electorales (no como Fox y Calderón), garantizar elecciones libres y promover una reforma para erradicar definitivamente el uso electoral de los programas sociales en los tres niveles de gobierno. Sobre el tópico de transparencia y rendición de cuentas, reiteró la creación de la comisión nacional anti corrupción, como organismo autónomo y con capacidad para actuar por denuncias ciudadanas, así como abrir la declaración patrimonial del Presidente de la República y los mandos superiores del Gobierno Federal. Finalmente, en el tema del federalismo y transparencia, ofreció «replantear la relación política entre el gobierno federal», aunque no dice en qué términos, en un marco de respeto al federalismo, y promover una cultura de la responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Se crea o no en la sinceridad de Enrique Peña Nieto, hay que tomar nota de esos compromisos, porque en términos objetivos, como van las tendencias de intención del voto, lo más probable es que llegará a ser Presidente de la República, y cuando esto sea, de cumplirse el pronóstico, habrá que exigirle que efectivamente ejerza una presidencia democrática.
El fantasma del presidencialismo autoritario
El Poder Ejecutivo federal en México, como se sabe de régimen presidencialista unipersonal por diseño constitucional, es aún pieza fundamental del sistema político, con todo y sus limitaciones y contrapesos legales y de facto creados en el país en las últimas décadas. La historia política nacional está llena de hombres fuertes y caudillos, y por ello ha sido fuente de mitologías del poder y el tema encarnación de fantasmas del pasado, a vuelo de pájaro del tlatoani a la dictadura porfirista, pasando por Juárez y los caudillos de los inicios de la vida independiente, a los jefes máximos de la Revolución hasta la formación del sistema postrevolucionario y la era dorada del presidencialismo institucionalizado, vigente aún en los setentas, cuando el régimen mexicano tenía en el binomio Presidencia de la República, –de ejercicio personalísimo– y el partido oficial, el control pleno de la política nacional, bajo modos simulados de democracia formal. Entonces caracterizado según el historiador Daniel Cossío Villegas en su obra escrita en el gobierno de Luis Echeverría El sistema político mexicano como «monarquía sexenal absoluta y hereditaria en línea transversal (a quien designara el presidente saliente del partido revolucionario institucional). El mismo modelo presidencial, adjetivado por otros historiadores, como Enrique Krauze, como presidencia «imperial» y diseccionado en sus facultades constitucionales y «meta constitucionales» en un análisis jurídico-político por el jurista Jorge Carpizo en su célebre ensayo «El presidencialismo mexicano». La evolución del sistema hasta los noventas fue aún conceptualizada por el historiador y crítico político Lorenzo Meyer como presidencialismo autoritario.
Pero esa etapa quedó atrás. El proceso de cambio político en México ha recorrido un buen tramo en su liberalización y transformación democrática; cambiaron las condiciones internas y externas y emergieron nuevos actores y fuerzas políticas , nuevas reglas e instituciones, fruto de progresivas reformas político electorales, llegaron las elecciones competidas y la extensión de libertades y derechos ciudadanos, la autonomía de la autoridad electoral, la alternancia en el Poder Ejecutivo federal en el año 2000, y el gobierno dividido en el Congreso de 1997 para acá, la autonomía del Poder Judicial de la Federación, la redistribución del poder en las entidades federativas y la elección directa de jefe de gobierno en el Distrito Federal. El poder político se ha disgregado en una poliarquía, como les llama el politólogo americano Robert Dalh a las democracias realmente existentes.
Con todo y los resabios de autoritarismo que mantiene el sistema político mexicano, y en particular el Poder Ejecutivo, vistos los excesos de las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los avances democráticos y las limitaciones impuestas al poder presidencial son hechos difícilmente reversibles. Gobernar al margen de la sociedad es, entre otros, una de las causas de la ingobernabilidad. Es claro que hay que consolidar la democracia y hacer más eficaz la tarea de gobierno, y desde luego, preservar las libertades ganadas históricamente no por concesión graciosa de gobernantes, sino producto de movimientos y luchas, como del de consensos con la sociedad y sus representes. Los problemas nacionales de inseguridad, insuficiente crecimiento económico, elevación de la pobreza, carencias educativas y servicios de seguridad social, entre otros, son el rezago que muestra la incompetencia de los gobiernos del PAN. El fantasma de la restauración del autoritarismo con el retorno del PRI a la Presidencia de la República es más que nada un tema de campaña anti PRI, provocar miedo con base en un estereotipo, el PRI de hoy, recompuesto en la oposición con mayoría en la Cámara de Diputados y gobernando en 20 estados de la República, cargos obtenidos en elecciones competidas, no es ni la sombra del viejo régimen ni semilla del nuevo presidencialismo autoritario o imperial. Ya no estamos ni en los ochentas o noventas y menos más atrás. El viejo PRI es un fantasma retro, fabricado para la coyuntura electoral.
