ASUNTOS PÚBLICOS: Las controversias de magistrados

Se le sigue haciendo bolas el engrudo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, el manejo de las plazas de magistrados, y lo peor es que amenaza con embarrar al gobernador Javier Duarte y de pasada al Congreso del Estado.

Sorprendieron sus declaraciones del pasado martes acerca de lo que piensa hacer para ocupar la vacante que dejó la reciente muerte del magistrado Raúl Aguilar Maraboto, ya que en vez de resolver al menos en parte los problemas creados por su errónea actuación del paquete de remociones y sustituciones por el operado en diciembre de 2010, apunta a crear con insensibilidad un problema más.

De acuerdo con las notas publicadas, Alberto Sosa, como si estuviera ajeno a la realidad de que tiene atoradas dos adscripciones de magistrados nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador en diciembre de 2010, Alfredo Algarín Vega y Jorge Espinoza García, dijo que comunicará al Ejecutivo la vacante dejada por Aguilar Maraboto para que sea éste quien haga una nueva propuesta de nombramiento al Congreso local. La nota refiere otros absurdos de asombrosa ignorancia jurídica y torpeza del Magistrado Presidente, como que el Gobernador podría –en ejercicio de sus facultades– proponer a Alfredo Algarín Vega en una terna, cuando que éste es un magistrado con nombramiento válido (removido y sin adscripción aunque con goce de sueldo concedida en juicio de amparo) por el rebote en amparo ganado por la magistrada restituida Concepción Flores Saviaga. ¿En qué mente jurídica cabe que quien tiene un nombramiento vigente vuelva a ser nombrado?, una aberración más propia de un de-mente jurídica.

Y lo de la terna, es de crasa o sosa ignorancia que corre a equivaler a supina. No hay en el procedimiento legal de nombramiento de magistrado ninguna terna, sino una propuesta individualizada del Gobernador al Congreso, que debe ser aprobada por mayoría calificada de diputados. Permanece igualmente sin adscripción Jorge Espinosa, nombrado por el Congreso a propuesta del Gobernador en diciembre pasado, cuya toma de posesión quedó condicionada, conforme a la Gaceta Oficial, a la terminación del juicio de amparo aun en curso promovido por el magistrado Ricardo Murga Hernández.

No obstante que estos dos casos se le han enredado y existe la disposición en la Ley Orgánica del Poder Judicial de que el Tribunal Superior de Justicia se compondrá de 30 magistrados –una de sus justificaciones para no adscribir a Alfredo Algarín–, y que la muerte de Aguilar Maraboto ajusta la cifra precisamente a esos 30 previstos, Sosa, de manera cuadrada o con presumible prevaricación, pretende que el Gobernador y el Congreso nombren a un magistrado más.

Si bien es cierto que hay la previsión legal de que toda ausencia definitiva de un magistrado se le comunique al Gobernador para que ejerza su facultad de propuesta al Congreso, esta hipótesis legal encuentra la realidad que Sosa pretende desconocer de que dos magistrados nombrados legalmente no los ha podido acomodar.

Cuidado porque se pega

Le ha tocado a Sosa operar como presidente cuatro sustituciones de magistrados, de las cuales se le revirtió la remoción de Concepción Flores Saviaga por equivocada interpretación de sus periodos de nombramiento, ya que ella fue nombrada antes de la vigencia de la actual Constitución que les fija un periodo de 10 años. Litiga contra el magistrado Algarín y Jorge Espinosa sigue de juez a la espera de que termine juicio de amparo de Ricardo Murga, quien permanece en el cargo de Magistrado.

Pedirle al Gobernador que nombre otro magistrado, cuando aún no ha resuelto dos precedentes nombrados, resulta absurdo. Si en la presidencia del Tribunal Superior prevalece la torpeza y el absurdo, deben de tener cuidado en el Ejecutivo y en el Congreso. Lo tonto se pega.

Niegan amparo a Haydé y a Flores Villalba

La remoción y sustitución de los magistrados Haydé González Rebolledo y José Antonio Flores Villalba aplicadas por las anteriores autoridades (era Reynaldo Madruga el presidente del Tribunal y Fidel Herrera Gobernador), que originaron los primeros juicios de amparo en julio de 2010 contra la constitucionalidad de la norma que dispone la duración de 10 años improrrogables, concluyeron finalmente en contra de los ex magistrados.

El largo proceso dio vueltas entre sentencias favorables del juez distrito concediendo se les reinstalara para ser evaluados y en su caso ratificados o no, la negativa de la Suprema Corte a atraer el caso y la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, en revisión, que revocó anterior la sentencia del juez de distrito y en definitiva les negó el amparo y la protección de la justicia federal.

Quedó firme la disposición de la Constitución Política del Estado de de que los magistrados durarán en su cargo 10 años, improrrogables.

Saltaron de gusto, pasaron el susto, los magistrados que los sustituyeron, Fernando Charleston Salinas y Edel Álvarez Peña. Se debió contener la alegría, por razones familiares, el magistrado Ignacio González Rebolledo, hermano de Haydé, pero más filial a la nómina, pues de acuerdo a la ley en el Tribunal no puede haber hermanos magistrados. La hermandad entre magistrados, su sociedad secreta, es de negocios e intereses.

Trago amargo para el magistrado Ricardo Murga, que está en una situación similar a la de Haydé y Flores Villalba. Barbas a remojar.