ASUNTOS PÚBLICOS: Ataques, tibias defensas y deslindes

Sin descartar el factor de lo inesperado e imprevisto o de las coincidencias, se dice en forma general que en política no hay casualidades y menos dentro de un proceso electoral en que está en disputa la renovación de la Presidencia de la República –eje del sistema de decisiones de poder nacional– y de la integración de las dos cámaras que constituyen el Poder Legislativo federal.

Por eso los recientes acontecimientos que están marcando en la escena pública una intensificación de los escándalos políticos deben ubicarse en el contexto de una intencionalidad de influir en la orientación del voto de los ciudadanos. Frente al escenario de que el PRI retorne a la Presidencia de la República, tras las elecciones de julio próximo, poniendo fin a dos sexenios de gobiernos del PAN, visto el reincidente intervencionismo indebido del ocupante de la silla presidencial, Felipe Calderón Hinojosa, es plausible la sospecha de que su mano está metida para generar una percepción contraria a sus adversarios políticos y favorecer a su candidata y partido.
No puede creerse que el presidente Calderón, quien ha operado en todos los procesos electorales como jefe de su partido, se quede tranquilamente contemplando como Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN a la Presidencia, no levanta en su campaña y ya ha caído al tercer lugar, debajo de Andrés Manuel López Obrador, y muy distante del candidato priista Enrique Peña Nieto.

Es difícil atribuir a la mera casualidad la cadena de eventos en su mayoría de corte político delictivo que ahora ocupan la atención de los medios de comunicación masiva, y más aún cuando los actos de autoridad proceden directa o de manera encubierta del ámbito del Gobierno Federal o de un gobierno estatal, ambos del partido de Acción Nacional. Asimismo, aunque a la irrupción de las movilizaciones y marchas de protesta estudiantil en contra del candidato del PRI se le quiere dar una interpretación romántica de pureza y expresión libertaria apartidista, sería ingenuo no considerar la posibilidad de una intromisión militante que aproveche en sentido político-partidista, el deseo juvenil de participación en sus 15 minutos de fama colectiva en los reflectores nacionales.

Pero el rastreo de los móviles electorales y sus ligas partidistas es más claro en la detención y arraigo por 40 días de cuatro militares de alto rango, a falta de pruebas para acusarlos penalmente, varios de ellos en el retiro desde hace varios años, dos de los cuales, el ex subsecretario de la Defensa General, Tomás Ángeles, acabada de ser ponente en temas de Seguridad y Justicia en un foro organizado para el candidato Enrique Peña Nieto, y el Teniente Coronel Silvio Isidro Hernández se desempeñaba como subsecretario B de Seguridad Pública en el gobierno priista de Veracruz. Los señalamientos proceden de «testigos protegidos», uno de la DEA, el tal «Jennifer» y otro más, al que apodan «El Grande», que extrañamente en fast track fue extraditado hace dos días a Estados Unidos, no obstante que aquí la PGR no ha podido imputar los delitos a los militares y por ello recurrieron a la medida del arraigo. El folclor electoral, como le llamó el gobernador Javier Duarte, alcanzó esta semana también a Veracruz con la filtración a un medio nacional por parte de la Procuraduría General de la República de la supuesta implicación del ex subsecretario de Gobierno y actual dirigente estatal del PRI, Erick Lagos Hernández, en la recepción de sobornos de los Zetas, versión atribuida a un jefe regional de esa banda capturado en diciembre pasado en Córdoba. La carta aclaratoria de Erick Lagos en la que se deslinda de toda participación en los hechos que le señalan fue arrumbada a páginas interiores, obviamente disminuida comparada con las ocho columnas en la edición dominical que dedicaron al folclórico tema.

Ex gobernadores

El siguiente golpe de la semana, el miércoles, fue la divulgación, otra vez con la colaboración del gobierno norteamericano (que finge ser neutral a la política nacional y asegura que no ayuda a Calderón), de que se investiga allá al ex gobernador priista de Tamaulipas Tomás Yarrington (1999-2004) por recibir dinero del narcotráfico y por lavado de dinero a través de prestanombres en San Antonio, Texas. El asunto que ya se había adelantado hace meses en filtraciones, finalmente se detonó, y aunque todos los del PRI, desde Peña Nieto y el presidente nacional Pedro Joaquín Coldwell, hasta el gobernador Javier Duarte, se apuraron a deslindarse del «apestado» Yarrington, de quien dijeron debe responder individualmente, pero por lo pronto promoverán la suspensión de sus derechos de militante, en realidad no hay un caso penal firme contra el ex gobernador. Entrando al detalle se puede conocer que sólo es una medida de carácter civil promovida por fiscales federales de USA para intentar confiscar ciertos bienes (de los que no ha probado que sean suyos), y si más adelante lo acusan, ya se verá.

Para subir la temperatura al clima electoral, ayer fue detenido acusado de peculado el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, que gobernó de 2005 a 2011 bajo las siglas del PRD. Su acusador es el actual gobernador, Marcos Covarruvias, ex perredista y no por casualidad hoy militante del PAN y promotor de Josefina Vázquez Mota. Al igual que los priistas, la dirigencia del PRD y López Obrador corrieron a deslindarse de Agúndez, dijeron que ya no era de su partido y que lo habían visto con la camiseta del Partido Verde.

Hay una coincidencia en todos los casos de detenciones, filtraciones y divulgación de investigaciones. En ninguno hay condena para nadie, y como se ha visto, en la mayoría, excepto el de Baja California Sur, ni siquiera se ha ejercido la acción penal, sin embargo, el efecto mediático los establece culpables –el mismo Calderón los ha condenado–, con sus consecuencias en la percepción, por encima del derecho a la presunción de inocencia, hasta en tanto no haya una sentencia condenatoria definitiva.

Con el horno puesto, no se descartan en lo que resta de campañas más detenciones de ex gobernadores para el espectáculo político. De preferencia del PRI, los antes amagados por filtraciones: Mario Marín de Puebla, Fidel Herrera de Veracruz, Ulises Ruiz de Oaxaca y Eugenio Hernández de Tamaulipas.

Estrategias electorales

Mientras los que van abajo, López Obrador y Josefina Vázquez Mota, han elegido el golpeteo al PRI y a su candidato Enrique Peña Nieto, éstos refutan acusaciones sólo cuando no queda de otra, preferenciando una actitud de tolerancia a sus adversarios, con énfasis en su proyecto y compromisos de gobierno e igualmente reduciendo sus críticas al gobierno que aspira a reemplazar. A ver cuánto les rinde a cada quien su estrategia, unos para arrebatar votantes con la descalificación y el otro creyendo que va muy adelante y no lo van a alcanzar.

El foco mediático y la percepción y actitudes de la población se ha trasladado a los contendientes en la elección y al escándalo político. Ante la renuncia del PRI y su candidato a cuestionar directamente a la presidencia de Calderón, éste cómoda y perversamente se entromete en el proceso electoral, sin que por ahora le resulte el merecido juicio ciudadano por su desastrosa administración. El legado de violencia criminal, bajo crecimiento económico y desempleo, corrupción y abuso de poder, pobreza y otros tantos rezagos que deja, no se le imputan hoy. Por eso se hasta se mofa y extraña de que las protestas en México no son en contra suya, cuando ha habido infinidad de señalamientos a lo largo de su gobierno. ¿Será cuando pasen las elecciones o una vez que se vaya?