ASUNTOS PÚBLICOS: Antidoping a funcionarios públicos

Inesperado, pero bien recibido, fue el decreto anunciado ayer por el gobernador Javier Duarte para someter a toda la cadena de mando de la administración pública centralizada y paraestatal a exámenes de laboratorio para la detección de consumo de drogas.

Aunque las políticas de control de confianza convenidas con la Federación en el marco del combate al narcotráfico, en las que se cuenta el examen toxicológico o antidoping, sólo incluyen al personal de las áreas de seguridad y procuración de justicia, que por su tarea son susceptibles de involucrarse en las redes del tráfico y consumo de drogas, el gobernador ha ido más allá, al hacerla obligatoria para todos los funcionarios de confianza que desempeñen un cargo de mando en la estructura gubernamental. Además exhortó a reproducir la medida a las instituciones públicas que no son dependientes del Ejecutivo, es decir, los órganos autónomos, los poderes Legislativo y Judicial del estado y los ayuntamientos.

A algunos podría parecerle excesiva la medida, ya que el consumo de drogas no tiene sanción penal ni administrativa, salvo que se realice en los espacios laborales o se presente el trabajador drogado, el ilícito se comete con el tráfico, sin embargo, la relación laboral de confianza, se sabe, permite, en favor del patrón, en este caso, el Gobierno del Estado, fijar esa condición como signo de la confianza para conceder la estabilidad en el empleo o de su pérdida, en su caso, para aplicar la sanción de la suspensión o rescisión.

El titular del Poder Ejecutivo tiene las facultades constitucionales para nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración central y descentralizada y conforme a la legislación secundaria, lo mismo sucede con secretarios de despacho o directores generales respecto de la estructura jerárquica bajo su mando. La obligación ahora impuesta del antidoping no abarca a los servidores de confianza que no tienen puesto de mando, y tampoco a los llamados empleados de base o sindicalizados.

Cada quien tiene derecho a usar su tiempo libre como le plazca y para consumir lo que le parezca, pero si quiere tener un puesto de mando en el Gobierno del Estado, debe estar limpio de estupefacientes.

Por el contexto en que se hizo el anuncio, una exposición del crecimiento del mercado de la droga y cómo el consumo incentiva el tráfico, junto con otras medidas que ha tomado su gobierno –nueva policía estatal y un modelo de policía acreditable– es claro que el gobernador quiso enviar un mensaje de su compromiso con la tarea de combate integral al narcotráfico para restaurar las condiciones de seguridad en el estado. Como jefe del Poder Ejecutivo puede hacerlo, para eso es el jefe. Dos veces al año pasarán a la báscula a los jefes de la administración. Esperemos que no haya doping en el ejido.

Revés al «magistrado» Murga

A la lona se fue el magistrado aferrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Murga, con la sentencia en su contra dictada el pasado jueves por el juez primero de distrito con sede en Xalapa, en el juicio de amparo 1476/2010 que promovió para permanecer, aun vencido el periodo de 10 años para el que fue nombrado. Finalmente después de infinidad de chicanadas interpuestas desde diciembre de 2010 para demorar la sentencia, el juez de distrito resolvió desechar o sobreseer la cuestión de la inconstitucionalidad alegada por Murga respecto a la norma de la Constitución Política del Estado que estipula que los magistrados nombrados después del 2000 durarán en el cargo 10 años, improrrogables. Asimismo, se negó el amparo sobre la pretensión de Murga a ser evaluado y en su caso ratificado. Esta sentencia ya le fue notificada, y aunque la causa jurídica la tiene perdida, es posible que la recurra ante el Tribunal Colegiado para intentar una revocación. Todo indica que en esa segunda instancia, si decide recorrerla, igualmente le darán palo, pues ya se tiene en ese mismo Tribunal federal el precedente sobre idéntica situación, de la negativa de amparo en los casos resueltos en definitiva de los ex magistrados Haydeé González Rebolledo y José Antonio Flores Villalba.

Lo peor para Ricardo Murga es que no le saldrá de gratis haberse quedado en el cargo por la suspensión que ahora quedó sin efecto. El tercero perjudicado, Jorge Espinoza García, nombrado magistrado en diciembre de 2010 y que no ha podido tomar posesión debido al juicio de amparo, a la conclusión del juicio que se ve inminente, podrá reclamar los perjuicios económicos causados por la permanencia de Murga. En principio, se adjudicaría el cobro de los más de 700 mil pesos otorgados por Murga como garantía en la suspensión, además de las reclamaciones que se agreguen por la vía civil por perjuicios que no fueron garantizados. Alargar la agonía le costará más cara a Murga. Sus días en el Tribunal están contados.

EXENTAN DE ISR A PENSIONADOS

El pasado 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el cual se concede la exención de pago a pensionados por ingresos que no rebasen 15 veces el salario mínimo general, lo que equivale a montos mensuales de pensiones entre 26 mil 500 y 28 mil 700 pesos.

El director general del IPE, Armando Adriano Fabre, informó ayer que esta medida, lograda por la gestión ante la Cámara federal de Diputados y en particular con la bancada veracruzana, beneficiará a casi 20 mil pensionados del IPE. Sólo pagarán impuestos, y eso por el excedente sobre el monto exento, alrededor de 3 mil pensionados, la crema y nata de esa población.

Se quedaron sin bandera de reclamo los súper grillos de la Coalición de Pensionistas del IPE, (Copipev), que como se recuerda alborotan la gallera callejera desde diciembre de 2010 porque no querían pagar impuestos y pretendían su devolución, no obstante que la obligación procedía de la legislación tributaria federal.

En evidente búsqueda de notoriedad, los líderes (que se sabe son de los 3 mil ricachones) ahora traen otros temas para mantener acelerados a los pensionistas, varios de ellos sin ningún fundamento. Como esa versión de que tienen información fiable de que el Gobierno del Estado pretender sustituir el modelo «solidario» por el «fallido» de Afores, lo que aseguran compromete su futuro, no sólo de las nuevas generaciones sino de los pensionados, además de subir aportaciones de los activos y reducir las pensiones de los jubilados. Aunque no hay ninguna propuesta en discusión para el cambio de modelo de pensiones, ya se sabrá cuando la haya y en qué consiste, lo cierto es que bajo ninguna condición se verían afectados los pensionistas. Es evidente que ninguna reforma a la ley del IPE puede aplicarse retroactivamente en su perjuicio, pues sería violatoria de la Constitución de la República y a sus garantías individuales. Este principio de elemental derecho lo pasan por alto en sus encendidos discursos en los que exigen ser recibidos por el gobernador para que le digan cómo debe administrarse el IPE. Primero no querían pagar impuestos, y ahora parece que han encontrado en la grilla una terapia ocupacional de la tercera edad.

RETÉN A COATEPEC

Tres días lleva un retén en la autopista de Xalapa a Coatepec, provocando colas de más de 2 kilómetros y demoras de cerca de una hora. A veces el bloqueo y la revisión de autos lo hace el Ejército y la Marina, y otras, como ayer, la policía del estado.

Apenas el pasado jueves los operativos del Veracuz Seguro reportaron la detención a cargo de la Marina de 20 personas en Coatepec a las que se vinculó con el tráfico de drogas. ¿Creerán que, tras el mencionado golpe, van a aprehender a otros más que sabiendo del retén se atreverán a circular por ahí?

Por cierto que el retén sólo está en el carril de ida, el de regreso está libre. Para ir a Coatepec hay que tener tiempo y paciencia de sobra. Pobres de los que son de aquella zona y no tienen alternativa. A ver cuánto dura.