Oportunamente, cuando el asesinato del investigador y catedrático de la UV, José Luis Blanco Rosas, asfixiado en su domicilio en la ciudad de Xalapa el pasado 26 de mayo, pintaba para politizarse y acentuar la tesis de la impunidad en los casos más sonados, el Gobierno del Estado capturó a los responsables del condenable crimen.
En conferencia de prensa, inusualmente presidida por el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, por tratarse de un asunto de corte policiaco, muestra de la importancia concedida a la exitosa investigación, ayer se informó de la detención de cuatro personas, dos de ellos menores de edad –entre estos un sobrino del investigador, de 14 años–; todos confesos de su participación en el homicidio, cuyo móvil, se estableció, fue el robo.
Acompañado del procurador Amadeo Flores Espinosa y el director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Enoc Maldonado Caraza, el gobernador confirmó que de las investigaciones realizadas se desprende que el crimen no tiene relación alguna con las actividades académicas o de comunicación de la víctima, como pretendía sesgarse en algunos espacios de crítica al gobierno y activismo universitario, y aprovechó para refrendar su compromiso en el combate a la impunidad y la garantía de procuración de justicia y seguridad a los veracruzanos.
Evidencias de responsabilidad
La resolución del caso es convincente. A los detenidos les fueron encontrados algunos de los objetos robados propiedad del académico, entre estos un automóvil, así como boletas de empeño de otros bienes, dos computadoras y una pantalla de TV de plasma, igualmente sustraídos, mismos que fueron recuperados en la investigación, y además se tienen las confesiones de los autores. La clave de la solución fue el sobrino
del académico, un menor de edad, hijo de su hermana, quien tenía llaves del domicilio y ese día había acudido en compañía de sus tres cómplices con el propósito del robo, confiados en que el académico invariablemente los sábados salía de la ciudad a impartir sus clases, pero esa ocasión regresó y al sorprenderlos lo mataron. Hay versiones de que lo hicieron bajo los efectos de drogas, aunque esto no es ningún atenuante.
Este fin de semana se dio el desenlace. La AVI citó al sobrino menor de edad, de nombre Ángel, y a su madre, Sandra Blanco Rosas, para una supuesta diligencia relacionada con sus declaraciones, pero de lo que se trataba era de confrontar al menor con las evidencias de su autoría, en presencia de su madre, para que ella constatara que no había maltrato en el interrogatorio, durante el cual terminó aceptando su responsabilidad y señalando a sus cómplices.
Lo que sigue es procesal. El Ministerio Público ejercerá la acción penal en contra de los dos adultos y consignarlos al juez penal para su proceso, y los menores turnados al agente especializado en responsabilidad juvenil para el procedimiento especial en el juzgado juvenil en razón de la edad.
La solución del crimen del académico de la UV, José Luis Blanco Rosas, permite un respiro en las presiones al Gobierno del Estado; puede ahora acreditar que avanza hacia una mayor eficacia en la procuración de justicia. Sin embargo, para alcanzar una credibilidad institucional duradera los logros deben ser consistentes. Ya se sabe que una golondrina no hace verano. Esperemos que Amadeo pueda seguir tocando la flauta.
Licitaciones del IFE
Huele mal la licitación que organiza la vocalía del Instituto Federal Electoral (IFE) en Veracruz para la impresión de las listas de ubicación de casillas e integración de mesas directivas para las elecciones del próximo 1 de julio.
Hay versiones de que el monto al que se pretende pagar está bastante inflado, además de que al parecer el departamento de recursos materiales y servicios ya tiene arreglado a qué empresa van a contratar.
Según cotizaciones, ese trabajo no tiene un costo superior a los 500 mil pesos, sin embargo, en las bases de la licitación prevén una erogación cercana a los 2 millones de pesos, lo que deja un diferencial muy holgado para el reparto de agradecimientos a los adjudicadores. Por otro lado, se anticipa que en la sesión de hoy el departamento organizador, con cualquier pretexto, descalifique a las empresas no seleccionadas, para dejar en el negocio sólo a dos concursantes que resultan ser ambas de los mismos socios.
No sería la primera vez que le señalen de favoritismo al titular del departamento de recursos materiales del IFE, Alfredo Hernández Ávila, de quien se tienen otros antecedentes similares en la adquisición de papelería y equipo de oficina en las que ha beneficiado a una empresa poblana.
Y luego nos quejamos de que cuestan muy caras las elecciones. Es cara la democracia, pero más cara la corrupción.
